Por: Thelma Mejía
“Nosotras las masacradas”, es la más reciente publicación de Redacción Regional, escrita por Juan Martínez d´Aubuisson, un antropólogo socio cultural y cronista salvadoreño, que aborda la barbarie cometida contra las 46 privadas de libertad de la cárcel femenina de mujeres en Támara. Es una crónica en la cual se devela cómo las autoridades de ese penal siempre supieron que las iban a matar, pero no hicieron nada para evitarlo. Es un escrito que retrata la impunidad de un Estado; la indiferencia de un gobierno.
Martínez, quien es parte también del equipo de redacción del diario digital El Faro, y por su trabajo es un experto en el tema de maras y pandillas, relata cómo conoció a muchas de las privadas de libertad asesinadas, un año atrás, como parte de una investigación que realizaba. Su crónica recoge la vida de las víctimas asesinadas en el reclusorio, la “forma de gobierno” en las cárceles, los códigos de las reclusas, sus sueños, el entorno y la muerte que estaba anunciada.
“La mañana del 17 de junio de 2023 a una interna se le cayó una granada industrial frente al equipo de seguridad de la prisión. La mujer identificada en los documentos confidenciales como “La Triple X”, tomó la granada, la guardó nuevamente en su mochila y siguió su camino. Este evento, a pesar de haber sido reportado a la dirección del penal, no tuvo ninguna consecuencia. No se planificó ninguna requisa, no se hizo investigación ni se activó ninguno de los protocolos de seguridad. La vida continuó apenas con una nota breve consignando el hecho. La muerte llegaría solo tres días después”, revela Martínez en su crónica.
El día de la masacre, la granada que portaba “La Triple X” fue encontrada como parte de las evidencias, pero han pasado más de tres meses de ese atroz asesinato, y el caso de las privadas de libertad de Támara empieza a desvanecerse, la autoridad sigue callando y lo único que se sabe es que las reclusas que cometieron el hecho están ahí detenidas, pero el proceso debe seguir hasta que exista un informe final y oficial de lo que sucedido.
Las familias de las mujeres asesinadas en la cárcel de Támara, el mayor hecho violento y cruel que se registra en una cárcel de mujeres en América Latina, siguen temerosas de hablar, nadie está seguro, la autoridad tampoco brinda señales de confianza, y los operadores de justicia avanzan “a su paso” porque no existe mayor presión social para conocer la verdad. En el imaginario colectivo las mujeres asesinadas son “pandilleras” y su crimen “a nadie importa”, pero lo cierto es que murieron bajo la potestad y cuido del Estado, un Estado que buscará librarse de una condena internacional por este caso, como está quitándose el del asesinato de la joven Keyla Martínez, asesinada por un uniformado en una posta policial y a quien la justicia reconfiguró el delito, que no solo tiene con un pie fuera de la cárcel al culpable, sino que libra también al Estado de ir a un juicio ante la corte interamericana de justicia de derechos humanos.
Por la barbarie cometida en el centro femenil de Támara, el gobierno ha dado 50 mil lempiras a las familias de las víctimas para su entierro, se desconoce si hay algo más, las instituciones gubernamentales de derechos humanos no pasaron de la condena, las organizaciones de mujeres, más distantes del caso como si las muertas no fueran mujeres, con libertades restringidas como manda la ley, pero con el derecho a humano a vivir y a que su vida les sea garantizada por el Estado.
“Nosotras las masacradas” es una crónica que cuenta la vida en el reclusorio de “la Mama” (líder de la MS-13) en la cárcel, de Ingrid, de Yésika, y otras tantas que presagiaban lo que se venía, pero no advirtieron ni la forma ni la rapidez, no advirtieron que podría haber complicidad desde quienes eran responsables de protegerlas, mucho menos que las autoridades gubernamental serían cómplices silenciosos de una vergüenza de país que prefieren opacar, disimular y hasta expresar compasión, pero con el cuidado, que el discurse no se les pegue tanto. “Nosotras las masacradas” es el relato de una complicidad estatal sobre una muerte anunciada que no puede quedar en los anales de la historia hondureña, menos, de la prensa y el periodismo en este país. ¿Quién ordenó su ejecución? ¿Tendremos justicia con la nueva corte, o habrá que ir a instancias internacionales para mayor vergüenza o menor impunidad? Por ahora, lo que ahí pasó, empieza a salir, a cuentagotas, pero con contundencia para que los hechos no se olviden. Prohibido olvidar, porque somos resistencia, se dice por ahí, y habrá que agregar entonces: prohibido olvidar, porque sabían que las iban a matar.
