Sequía que vuelve recargada

Por: Javier Suazo (alainet.org)

Tegucigalpa.-El abordaje del problema de la sequía en los departamentos y municipios del “Corredor Seco” de la región centroamericana no ha sido el adecuado. Para empezar, no existe una estrategia validada de integración, coordinación y compatibilización de los programas, proyectos y acciones entre gobiernos, ministerios de agricultura y ambiente, actores privados y sociales e instancias y organismos de integración agrícola y medio ambiental. Esto es más que evidente cuando se analizan parte de los documentos generados por los gobiernos con apoyo de la cooperación internacional ( ejemplo la Estrategia y Plan para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos en Centroamérica, Estrategia Regional de Cambio Climático, Estudio de Caracterización del Corredor Seco, Estrategia de Desarrollo Sostenible Adaptable al Clima, Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco Centroamericano y Programa de Fortalecimiento de la Resiliencia en Corredor Seco) donde no hay integración de políticas sectoriales y regionales, enfoques metodológicos y sistemas de seguimiento y evaluación de resultados.

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En segundo lugar, no hay una política pública regional para combatir la sequía, los efectos adversos del cambio climático, pobreza e inseguridad alimentaria (problemas y efectos relacionados) para el Corredor Seco; más allá de estrategias y planes institucionales de cada país. Y, en tercer lugar, se asume como valido el argumento que la sequía se combate con decretos de emergencia y medidas de compensación social (entrega de alimentos importados, por ejemplo), sin visualizar el larga plazo y los problemas estructurales.

Sobre esto último, en el marco del modelo neoliberal que profundiza Honduras y el Salvador, y que Guatemala y Nicaragua resiste generalizar sus políticas, se cree también que la sequía será superada con políticas de ajuste estructural y privatización de los activos productivos y recursos naturales. Se busca aislar, para el caso, los efectos negativos del extractivismo en el clima, la destrucción de los bosques (en especial de mangle), la captura de las cuencas, ríos y fuentes de agua, y la destrucción de las economías campesinas. Para los gobiernos, en especial de Honduras, el extractivismo no tiene nada ver con el cambio climático, sequia e inseguridad alimentaria, ya que con sus contratos de hipoteca generacional aumenta los montos de inversión y fuentes de empleo para población campesina en situación de pobreza afectada por la sequía.

Los gobiernos, en especial de Honduras, responden con políticas de compensación social (entrega de bonos y alimentos transgénicos mientras aparece el nuevo invierno) y acciones asiladas de asistencia técnica, semilla mejorada, tecnologías adaptativos y capacitación a las familias, para apoyar la producción de granos básicos, hortalizas y frutas. De acuerdo al Programa Mundial de Alimentos (PMA) son 35,0000 familias hondureñas del “Corredor Seco” más vulnerables que deben ser beneficiadas con acciones de corto plazo ( compensación social), para después, apoyarlas con reservorios de agua ( se ha denunciado que parte de esta plata fue desviada para apoyar la reelección ilegitima de JOH), semilla mejorada y asistencia técnica; sin embargo, cada año, son más las familias, unas 135,000 en 2019, que enfrentan el riesgo de inseguridad alimentaria y que caen en la pobreza extrema, por lo cual la compensación social se vuelve permanente y cara.

El presidente Juan Orlando Hernández (JOH) en Consejo de Ministros declaró emergencia nacional por la sequía que ya afecta las familias campesinas asentadas en el “Corredor Seco” de Honduras, donde es evidente la perdida de producción de granos básicos y hambruna; no obstante, contrario a otros años, la sequía se ha extendido y extenderá a familias localizadas en municipios de Olancho, Atlántida, Ceiba y la Paz, y no solo aquellos mapeados por el PMA-UTSAN como vulnerables y en riesgo alimentario ( Choluteca, Valle, el Paraíso y Francisco Morazán).

A ello se suman los problemas de acceso al agua potable que enfrentan los pobladores de la ciudad capital y de otros departamentos del país. En Tegucigalpa, la población tiene acceso a dos horas semanales de agua potable, pero que, de seguir la falta de lluvias, serán dos horas cada quince (15) días; en la Paz y Santabárbara, los racionamientos son más drásticos. ¿Quién va invertir en un país donde además de la inseguridad ciudadana, el dengue, contaminación ambiental y carga de impuestos, corre el riesgo de quedarse sin acceso al agua potable en condiciones normales? En más, donde la corrupción e impunidad campean, y a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), pretenden convertirla en un grupo de tramitadores de mandados de la Fiscalía, juzgados y Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

El presidente JOH propone varias acciones: a) Un llamado al BID, Banco Mundial, BCIE, Banco Europeo y Banco Central de Honduras, para que amplíen por dos años los créditos a Honduras, recursos que deben ser destinados a combatir los efectos del cambio climático; b) Reservorios de agua; c) Construcción de represas para la ciudad capital; d) Campaña de concientización en la población para que no desperdicien el agua; e) Apoyo y compra de cisternas para entregar agua gratuita a los pobladores de Tegucigalpa; f) Perforación de pozos.

A excepción de la primera, donde se busca una especie de moratoria en los créditos internacionales para combatir la sequía, las demás han sido acciones propuestas en años anteriores. Los reservorios han funcionado en aquellos casos donde han sido construidos por empresarios locales, ya que en el caso del gobierno se ha cuestionado lo caro de los mismos y el mal manejo de los recursos que, incluso, ha ahuyentado a los cooperantes bilaterales. El expediente de la construcción de represas para la ciudad capital se lo llevó, según autoridades de la alcaldía, el largo camino de negociación seguido para el traspaso del acueducto de agua potable y alcantarillado a la comuna capitalina, que todavía no concluye ya que se necesitan 2,800 millones de lempiras para pagar el pasivo laboral de los empleados del SANAA. El alcalde, Nasry Asfura, habla de construir 54 micro represas a un costo de mil millones de lempitas, pero pocos le creen.

La concientización de la población para que use en forma racional la poca agua que recibe no ha funcionado, aunque se reconoce que entre 15% y 17% del agua se pierde por el mal uso en las viviendas. Un problema poco estudiado, además del ausente arraigo de conciencia sobre el uso del agua, es que se ha generalizado la creencia en la población (clase media baja y alta) que el recibo nunca baja, por lo que es mejor seguir con los hábitos tradicionales de consumo de agua que restringirse. Lo otro, es el mal estado de las tuberías, donde la alcaldía ha contratado una empresa que amerita de urgencia ser evaluada por terceros, sumado a los altos costos de perforación de pozos, donde se consideran una solución paliativa para poca población.

Hay que tomar conciencia de los problemas que aquejan a la población por falta de lluvias, agua potable y de alimentos. El gobierno de JOH, cada año, declara emergencia nacional, pero las acciones recomendadas no se ejecutan por falta de recursos suficientes, son incompletas y muchas de ellas demagógicas. Como apuntábamos antes, hay que liderar desde la SIECA y los organismos de integración regional, una estrategia de desarrollo de largo plazo que identifique y asigne recursos en forma permanente, establezca el rol y compromiso de cada uno de los gobiernos y los actores, incluyendo las agencias cooperantes (FAO, PNUMA, Banco Mundial, FIDA, PMA, IICA, BCIE, BID, Programa Mundial de Alimentos -PMA-, UE,) sobre la base de una agenda de trabajo común y, sobre todo, que pase factura al extractivismo que mata literalmente el bosque y las fuentes de agua y viola sistemáticamente derechos elementales del ser humano. Y, además, apoye las economías campesinas como estrategia de desarrollo contra la sequía.

Tegucigalpa, DC, 13 de enero de 2020