Tegucigalpa. Miembros del Senado y el Congreso de los Estados Unidos firmaron una carta en la que instaron al Departamento de Estado a monitorear de cerca el juicio contra el director ejecutivo de la empresa hidroeléctrica DESA y ex oficial de inteligencia militar, David Castillo, quien es acusado a título de autor intelectual del crimen contra Berta Cáceres.
En la misiva, los legisladores expresan su gran preocupación por los informes de colusión generalizada entre funcionarios del gobierno, fuerzas de seguridad estatales y privadas, crimen organizado y miembros del sector privado, y la incapacidad del Gobierno de Honduras para proteger los derechos e intereses, y seguridad física de los pueblos indígenas en disputas sobre tierras y recursos naturales.
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La carta dirigida al Secretario de Estado Antony Blinken es firmada por la congresista Jan Schakowsky (IL-09) y el senador Jeff Merkley (OR), junto a siete de los co-líderes de la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Honduras. Los congresistas Hank Johnson (GA-04), Joaquin Castro (TX-20), Jesus “Chuy” García (IL-04), Marcy Kaptur (OH-09), e Ilhan Omar (MN-05), junto a los senadores Patrick Leahy (VT) y Richard Durbin (IL).
Los legisladores afirman: «Hacer que los autores materiales e intelectuales rindan cuentas en el caso de Berta Cáceres es esencial para avanzar en el abordaje de la impunidad en Honduras y garantizar la protección de los activistas. Si bien los enjuiciamientos e investigaciones relacionados indican que otros estuvieron involucrados en una variedad de delitos relacionados con su asesinato, e incluso en su asesinato, cinco años después no se han presentado más acusaciones. La independencia del poder judicial, crucial para el proceso democrático, sigue siendo un gran desafío en Honduras. Problemas como demoras judiciales, corrupción, impunidad, violaciones de derechos humanos, inseguridad ciudadana y violencia son algunos de los factores que han puesto en duda el compromiso del gobierno con la justicia en este y otros casos de derechos humanos».
Además, mostraron preocupación por los continuos informes de represión de defensores de derechos humanos y ambientalistas, muy similares a los informes de violencia e irregularidades en torno al proyecto de la presa de Agua Zarca antes del asesinato de Berta Cáceres. En el que ejemplifican el caso específico de la mina Los Pinares que afecta al río Guapinol, entre otros.
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La carta concluye: «El asesinato de Berta Cáceres es un caso emblemático. Es fundamental que la comunidad internacional siga de cerca la decisión final sobre el juicio de David Castillo y otras investigaciones en curso sobre el asesinato de Cáceres. El progreso en el logro de la rendición de cuentas por su asesinato es una necesidad para el progreso hacia la justicia y la protección de los defensores de los derechos humanos y otros activistas en Honduras».
Otros firmantes de la carta son los congresistas Donald S. Beyer Jr., Earl Blumenauer, Emanuel Cleaver, II, Steve Cohen, Adriano Espaillat, Raúl M. Grijalva, Pramila Jayapal, Alan Lowenthal, James P. McGovern, Eleanor Holmes Norton, Mark Pocan, Jamie Raskin, Rashida Tlaib, Juan Vargas, Peter Welch; y los senadores Edward J. Markey, Elizabeth Warren, Chris Van Hollen y Jack Reed.
Este viernes, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) denunció la injerencia de la familia Atala en el juicio contra David Castillo. Esto debido a que mientras el perito de la defensa, Shaun Vodde, compartía pantalla de su computadora se observó un correo enviado presuntamente por Daniel Atala con detalles sobre el testimonio. Tras ser evidenciado el perito Vodde confesó haber estado en comunicación con Daniel Atala.
