Por: Rodolfo Pastor Fasquelle
Otro de pocos consensos que hay entre nosotros concierne el anhelo que tenemos de seguridad y paz. A tal punto poderoso y generalizado afán, que varios gobiernos han jugado con su emotividad, para congraciarse con una opinión pública asustada y procurar apoyos que no merecían. Antes Maduro lanzó su guerra breve a la mara, calando en los jeeps militares. Igual Lobo, que JOH. Ofrecieron hacer lo que tenían que hacer para asegurar la tranquilidad de la gente reprimiendo el crimen, al tiempo que, según muestran hoy las investigaciones y fiscales de EUA, promovían maras y JOH con los hijos de Pepe operaba redes de narco, protegidas por policías corruptos, fiscales cómplices y jueces consentidores.
Entonces, seguridad ¿para quiénes? Porque es un misterio. Desde los 1990s, ya había policías que participaban en el sicariato. Se supone que, en un mundo justo y legal, los bien portados andamos libres afuera, y tenemos un estado en control, policía que captura, fiscal que procesa y presenta y al juez que encierra a los malatos, para nuestra seguridad y paz. Y ¿por qué no lo creo? Si no es mi policía, mi fiscal ni mi juez, si no ¿el de JOH?
Por supuesto, que las medidas fuertes contra el crimen son populares, especialmente entre quienes creen que pueden escapar. Y además necesarias. Urgen. Así surgen y es igual el puño de metal de Pepe Lobo u Otto Pérez o la Guerra contra la Mara de Maduro u hoy de Bukele. ¡Las grandes cruzadas! Con el no pequeño problema de que, para avanzar, hay que legislar contra derechos, y no contra los hechos que habría que probar, suponer que el tatuaje es evidencia del mal y que cuando se agrupan los jóvenes, es para delinquir, y cuando se asocian los señores en el Club es para ¿construir la Patria? ¿Por qué es tan difícil creer la narrativa oficial, el cuento, de indios y vaqueros, héroes y villanos?
Todos vivimos a diario la vulnerabilidad y la inseguridad, y la complicidad del sistema y la autoridad con los delincuentes más peligrosos. Eso significa diferentes cosas para distintas personas, según el rubro, la condición, la edad y el estatus de cada quien… El transportista tiene que pagar un impuesto de guerra para que los criminales no le ataquen el bus, maten a los conductores o aun –en ocasión- ametrallen a los pasajeros. Nueve millones al mes en Tegus, a razón de mil por semana por 300 buses. Y ¿cuántos por los taxis, cuyos conductores matan, por paquetes disputados, hoy en Progreso? Pero ¿en qué bancos se esconde ese dinero, antes de lavarse? ¿Por qué no en cambio seguirlo hasta ahí?
Para mí, como granjero, implica verme condenado a pérdidas sin recurso; porque unos picarillos se llevan las novillas de alta producción que tanto me ha costado criar, y los policías los protegen porque muestran cartas de venta sacadas en el municipio, falsificando su propiedad; y llegar a mi corral y ver a mi semental de raza y L.70 mil lempiras (una inversión), destazado por una banda de roba carne, que dicen que es de depurados y socios, la cual llegó a medianoche, con lámpara y armas de alto poder, al que no podían oponerse mis empleados ni yo quizás.
Los migrantes propios y los que pasan por aquí tienen que pagar peaje a la policía. El joven empresario debe pagar para que le devuelvan los vehículos secuestrados con mercancía, que iba a distribuir. Para el comerciante vecino, en la aldea o el barrio, significa el pago de impuesto para operar, cuyo costo le anula el margen de utilidad, o un asalto a mano armada de personas, obviamente entrenadas en el manejo profesional de las armas, que quién sabe cómo se enteraron que tenía en su casa un dinero para invertir al día siguiente, quienes le advierten sonrientes al salir que no ponga denuncia.
Para la familia dueña de una casa financiada en la Lotificación, supone acatar o no la advertencia de la mara de que pague un alquiler sin fundamento por la seguridad que venden, y ellos mismos amenazan, o que abandone la casa que le ha costado una vida de ahorros. Para el obrero que alquila casa en colonia marginal, supone tolerar que los mareros recluten a sus hijos, secuestren a sus hijas como acompañantes o las prostituyan. Y así terminan docenas de muchachas que aparecen en Belice, Guatemala, México y aun Logroño, España. Para el muchacho que quería perfeccionar un oficio, al final significa: entra o muere, destazado en casa loca, además de perder la bici o la motocicleta que había conseguido con afán…. No es viable luchar, solos. La gente se da y o se va. O se incorpora a la hueste del mal, dispuesta a morir por algo en vez de nada. Por supuesto hay que controlar la extorsión.
Hay que terminar -coincido- con el crimen, acaso no tendríamos también que tipificar y acabar con la extorsión contra el Estado.[1] Como –antes, incluso- hay que terminar con la extorsión de autoridades corruptas contra vilipendiados defensores de derechos y contra los criminales de a pie, a quienes meten a la cárcel para esconder o para usar como sicarios, enterradores de archivos vivos y eliminadores de testigos. ¿Quién ordena? ¿Quién mata a Magdaleno en el Pozo? ¿Por qué tres veces, a tiros y a cuchillo y lo mutilan? ¿Para quién? ¿Con qué fin? ¿Quién mató después, en un barrio de Tegus, al jefe del penal que atestiguó atónito y denunció ese crimen policial? ¿Acaso no se ha mostrado que jueces y fiscales se coluden para dejar libres a delincuentes probados, que salen a la calle a recuperar el pisto perdido en pagar la ley? ¿Una banda de policías opera en las Islas, protegiendo al narco, General? ¿Solo ahí? ¿También en Occidente? ¡Y La Mosquitia, donde hoy zumba la droga?
Porque, aunque los cabecillas del crimen son grandes operadores, comerciantes, mineros, los capos y sus lavadores, los peones visibles son los mareros, los jóvenes reclutados que portan un arma letal. No se llegan nunca a la raíz y fácilmente rebrota con cada golpe o cambio de gobierno. Y en vez de eso, ¿se recurre a criminalizar a la clase social de los soldados? Con la complicación de que la tropa invasora –aquí, antes y ahora- es un ejército dudoso, que lleva la ventaja del poder oficial y del extraordinario que les da OTRO llamado a la guerra …para chantajear al propio estado con nuevos cobros, sin importar los costos colaterales que pagan los transeúntes inocentes. ¿Quién guarda a los guardianes, ya se preguntaba a Platón?
Ningún gobierno puede escapar a ese dilema. Tampoco ha escapado el nuestro. La presión, para controlar la extorsión ¿nos lleva al estado de excepción, clasista? A la suspensión de garantías en los barrios marginales que –irónicamente- son los barrios populares, invadidos por el ejército cada atardecer como si fueran territorios enemigos. Y entonces la guerra para proteger ¿se convierte en una guerra civil de clases? ¿Para efectuar una limpieza social? Y en nuestro caso, la tragedia se agudiza en ironía cuando recordamos que nuestro plan fue desmilitarizar la seguridad, trabajar con las comunidades, prevenir. ¿Cómo se diferencia entonces de las antes mencionadas propuestas de mano dura y superdura, el llamado Plan Integral contra la Extorsión? ¿Qué quiere decir integral? ¿Dónde están los programas de prevención que enfatizaba el Plan Bicentenario? Pregunto y consigno una duda. ¿Se podrá combatir la extorsión sin poder judicial ni fiscalía? ¿Sin combatir la impunidad? Registrando a los pasajeros de los buses que van a sus trabajos, provocándoles un retrazo, sin beneficio para la ley ni nadie. Han detenido buses, capturado muchachos, ¡y no dan cuenta de ellos! Eso no puede continuar y no conducirá a la paz.
Se asegura que no hay quejas después de tres semanas. Pero ocurre que las fuerzas represivas también pueden reprimir las quejas. Ya hay señales de alarma: de que vuelven las mismas torpezas y los policías andan haciendo operativos en pos de la navidad, mientras que los militares siguen sin aprender a ser custodios y protectores, en vez de verdugos, y disparando armas de alto poder sin provocación. Protestan comunidades y varias organizaciones sociales. Hace unos días en una de tantas zonas intervenidas de San Pedro Sula, mataron a distancia a un muchacho que, en vez de correr, se atravesó mientras perseguían a un marero. ¿Viene otra vez el rollo de los falsos positivos?
Me ha gustado la sensatez y moderación del Comisionado de NNUU Sr. Filippo Grandi analizando la situación como precursora de la expulsión de población y llamando a tomar medidas moderadas de control, acompañadas de garantías. Esa es en general la postura que también han adoptado nuestros grupos de Sociedad Civil y explícitamente la Mesa Ciudadana. Una posición de Justo Medio. Al final, es sencillo de evaluar. Nadie debe morir, para que los demás nos sintamos seguros, porque eso es un contrasentido. Nadie. Ni uno. A nadie se le puede despojar de derechos inalienables y universales para que la autoridad parezca firme; y solo cuando para todos haya justicia pareja, en igualdad de trato, se podrá reivindicar que estamos más seguros, que avanzamos en civilización y que podemos exigir a todos el cumplimiento de la ley y el sometimiento ciudadano a la autoridad legítima, hoy una utopía, aquí y en China. Para eso urge una policía de la gente, responsable ante la comunidad, incapaz de un atropello. Una fiscalía depurada y dedicada a perseguir la red del delito. Y una judicatura más allá del prevaricato y del abuso, cuyos castigos deberían ser los más rigurosas del código y el sistema.
El Carmen 21 de diciembre de 2022
[1] de grandes empresas de comunicación cuyos dueños, a la vez, son traficantes de armas, industriales o políticos poderosos, o banqueros que exigen compras, fideicomisos, consultas y exenciones, posiciones y libertinajes que, por supuesto, también matan
