Por: Arabeska Sánchez
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Tegucigalpa.-Haciendo una breve revisión de la inseguridad hacia la niñez y la juventud, inevitablemente encontramos esas cifras que indican que esta violencia no es sólo asunto de percepción, se observa así que entre 2007 y 2015, fueron asesinadas un total de 25,125 personas que no lograron cumplir sus 30 años de edad (2,080 mujeres y 23,045 hombres).
Por otro lado, en el tipo de violencia sexual, se registran 17,744 víctimas en los últimos ocho años, entre los cuales 15,786 corresponden al sexo femenino, indicando que las niñas entre los 10 y 19 años son las que más sufren este abuso. Además del maltrato de niñas y niños en el interior del ámbito familiar nos encontramos con 4,210 casos.
Tampoco pasa desapercibido el último informe de violencia contra estudiantes del Observatorio de la Violencia, que arroja resultados preocupantes sobre el asesinato de 1,183 estudiantes, que entre el enero del 2010 y el primer semestre del 2016, perdieron su vida; desmitificando por un lado el hecho de que sólo aquellos que tienen un historial delictivo son víctimas de homicidio en el país (mito que no justifica en nada los homicidios ocurridos hasta ahora).
Aquí se trata de estudiantes de niveles primario (124), secundario (624) y superior (160) y otros sin dato preciso en el nivel educativo (275), que han sido víctimas de esa violencia homicida que terminó arrebatando la vida a estas jóvenes promesas del país.
Así el nivel de inseguridad generalizado comienza a afectar de forma directa el sector de educación; una expresión clara de ello ha sido el anuncio emitido por las autoridades de educación del presente gobierno que desde enero de 2016, se han venido emitiendo sobre el cierre de más de 25 centros educativos en el país; pero ha sido durante la tercera semana de agosto cuando la medida ha sido más contundente para once centros que se ubican en el municipio del Distrito Central, siete en Tegucigalpa y cuatro en Comayagüela.
El gobierno a través de la Secretaría de Educación ha justificado el hecho argumentando razones de inseguridad de los estudiantes y problemas de transporte público, sin embargo la contradicción con los “logros” que mensualmente publicita el gobierno en temas de seguridad no pasa desapercibida.
Mientras que por otro lado las cifras de la violencia contra la niñez y la juventud son claros indicadores que tiran de cualquier velo publicitario a la hora de medir los resultados concretos de la política de seguridad implementada.
Entre los elementos de análisis se encuentra aquella ruidosa estratagema de seguridad por cuadrantes en donde el Municipio del Distrito Central se dividió en términos de planificación en cuatro cuadrantes y cada uno de ellos tendría su propia UMEP (Unidad Metropolitana Policial), cada una de ellas sería responsable por la seguridad pública del territorio asignado y tendría una evaluación por resultados; también aquella otra estratagema denominada “Policía Escolar” en donde 60 mujeres policías fueron asignadas a 25 centros educativos y sin tener formación clara de lo que seguridad escolar significa, terminaron cuidando de los perímetros de los edificios a la par del vigilante del lugar, sin comprender lo que significa protección y atención de quienes asisten diariamente a esos centros de enseñanza.
Y qué decir de aquellas otras dos estratagemas sobre “guardianes de la patria”, a cargo de las fuerzas militares y el programa policial antipandillas “Great”, a cargo de la policía, o de la famosa “policía comunitaria”; en fin, podríamos mencionar una serie de artificios publicitarios que no han servido más que para justificar el gasto del mayor presupuesto que este país ha tenido en el rubro de la seguridad para la última década.
En el Presupuesto Nacional, está contemplado el fondo de la tasa de seguridad poblacional (tasa de seguridad), la cooperación externa, las donaciones privadas,, pero nada parece ser suficiente para que la niñez y juventud puedan desarrollarse de manera integral y haciendo ejercicio efectivo de sus derechos humanos y sus garantías constitucionales, sobre todo aquellas que invocan los artículos 119 y 123, acerca de la obligación que tiene el Estado de proteger la infancia y velar por sus derechos y de proporcionarles seguridad social y educación.
A juzgar por la manera de resolver la inseguridad en los once centros que serán cerrados, parece que esto solo ha quedado entre las páginas de la olvidada Carta Magna sin que haya podido llegar a la conciencia de los personajes de la política nacional, responsables de llevar estos mandatos sobre “el interés superior de la niñez” a la práctica; bloqueando así el acceso a la educación de más de 14,000 estudiantes de once barrios y colonias, antes que establecer políticas de seguridad más humano centristas. ¡Qué vergüenza señores!
