Tegucigalpa, Honduras.- Dos denuncias. Una vincula a un diputado del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre) con agresiones en contra de una mujer y, la segunda, pone en evidencia que la Policía Nacional pudo haber formado parte de la estructura que orquestó y ejecutó la masacre en la cárcel de mujeres.
Sacar a la luz pública estos hechos irregulares podría ser el motivo por el que la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, está siendo blanco de acoso, intimidación y hasta atentados.
Todo comenzó el pasado 19 de noviembre, fecha que Villanueva denunció, a través de la red social X (antes Twitter), que el diputado oficialista Jorge Cálix, en supuesto estado de ebriedad, cometió daños a la propiedad privada, maltrato familiar y lesiones en contra de una mujer.
“Ni favores ni dispensas hacia nadie, ayer se le encubrieron actos como embriaguez aguda y daños a la propiedad privada. Confío en que la DPI (Dirección Policial de Investigación) investigue de inmediato el maltrato familiar y lesiones que provocó en contra de una ciudadana, quien ya denunció los hechos y debe ser protegida”, escribió Villanueva, en el caso que se convirtió en tema de interés mediático y no legal.
Varios días después, en el foro televisivo Frente a Frente de Televicentro, Villanueva denunció que municiones de la Policía Nacional fueron utilizadas para acabar con la vida de 46 privadas de libertad, en la masacre registrada el pasado 20 de junio, en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), ubicada en Támara, a unos 10 kilómetros de Tegucigalpa, capital hondureña.
La institución dirigida por el general Gustavo Sánchez, a través de un comunicado, no desmintió las declaraciones de Villanueva, pero se las adjudican a “título personal”, mientras que el Ministerio Público confirmó lo expuesto por la funcionaria, agregando que hasta en los cuerpos de las víctimas encontraron balas de la Policía Nacional.
“Lamentablemente sí (…) no se puede obviar que esas municiones eran propiedad del Estado, eso se evidencia con la pericia. En los cuerpos se habían encontrado balas de 9 milímetros y había uno de calibre 45”, ventiló Roberto Blen, abogado que dirige la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV).
Por la envergadura de las declaraciones, el exdirector de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), Ismael Moreno, alertando lo que se le podría avecinar y, en ese sentido, pidió al gobierno reforzar la seguridad de la funcionaria.
“Las declaraciones de la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, sobre el involucramiento de la Policía Nacional en la masacre de 46 privadas de libertad son serias. El Ministerio Público está en la obligación de investigar y el gobierno en darle protección especial a la funcionaria”, escribió Moreno en X.
De igual forma, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), a través de un comunicado, expuso que las declaraciones de la subsecretaria de Seguridad podrían interpretarse jurídicamente como una aceptación del Estado a que en el hecho violento participaron uniformados de la institución armada.
“La titular (del Conadeh, Blanca Izaguirre) considera que las aseveraciones de la subsecretaria de Seguridad podrían interpretarse jurídicamente como una aceptación legal del Estado respecto a la participación de sus agentes del orden en la comisión de hechos internacionales ilícitos derivados de violaciones a derechos humanos”, dice el numeral tres, del comunicado emitido.
De igual manera, el Conadeh alertó que la falta de investigación y presentación de las mismas antes los tribunales de justicia, podría darle tregua a los perpetuadores de la masacre de alterar evidencias.
“La situación se ve agravada por la falta de rendición de cuentas, respecto al desarrollo de la investigación judicial (…) la información no habría sido resguardada de la alteración de la prueba que pudieran realizar los posibles perpetradores. Han transcurrido cinco meses de los hechos y los responsables no han sido identificados”, dice el fragmento del escrito.
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CONSECUENCIAS DE LAS DENUNCIAS Y LA POSTURA DE LA POLICÍA
Después de ventilar los casos que tocaron los tuétanos del poder, precisamente el tres de diciembre, Villanueva denunció, a través de sus redes sociales, que está siendo sujeta a acoso e intimidación pública, por parte de la institución para que trabaja.
“Denuncio acoso e intimidación pública de esta cuenta que hoy me amenaza claramente y la hemos rastreado ya sabemos que proviene de la misma Secretaría de Seguridad, sean serios y asuman responsabilidades. Yo no dejaré la subsecretaría hasta 2da orden”, aquejó la funcionaria.
Dos días después, mientras se conducía en su vehículo, por la colonia América, cerca del aeropuerto Toncontín de la capital, junto a un grupo de uniformados encargados de brindarle seguridad, fue víctima de un supuesto atentado.
Sin embargo, este miércoles 6 de diciembre, es decir, menos de 24 horas después, la Policía Nacional estableció, tras hacer la respectiva investigación, que la funcionaria no fue blanco de ningún atentado, estableciendo que los sonidos de disparos que pudieron haber escuchado, provenían del escape modificado de un carro.
Postura que no compartió la subsecretaria de Seguridad, al exponer que había varios testigos en la escena, que pueden dar fe que fue víctima de un atentado criminal, cuyo objetivo era amedrentarla o acabar con su vida.
“Hay testigos que escucharon las detonaciones de bala y, que ahora digan que es el escape de un carro, ¡Dios mío!, ¿qué investigaciones son esas? Hay grabaciones, pero claro, estos policías usan el mando vertical para atemorizar a sus compañeros de más bajo nivel”, dijo la funcionaria en medios de comunicación.
De igual manera, denunció que los monarcas de la institución pretenden remover a los uniformados que actualmente la están protegiendo, bajo el argumento que podrían ser cómplices de un falso atentado, para victimizarse.
“Aquí están conmigo (seguridad personal) y se me los van a remover, yo misma lo voy a denunciar porque acaso yo les digo (o dije): ´miren inventen una historia para que luego me victimice´. No, soy seria y no esas esas tácticas Sánchez Velázquez (ministro de Seguridad)”, precisó.
Villanueva atribuye la actuación del general Sánchez, a través de la Secretaría de Seguridad, es porque no está conforme con su trabajo, porque de forma frecuente audita la forma de investigar cosas delicadas en los que está envuelta la institución, como la masacre en PNFAS.
“Ellos no quieren que dentro de esta policía haya alguien externo que los audite; alguien que conozca cómo están investigando; cómo gastan los dineros, ellos no quieren a ningún extraño y a mí me ven como un extraño”, denunció.
Lo cierto es que el conflicto interno entre las autoridades de la Secretaría de Seguridad se viene arrastrando desde agosto de este año, cuando Villanueva denunció que el ministro Sánchez le quitó de su poder el manejo de los datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol).
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De acuerdo con Villanueva, el objetivo de Sánchez, que fue nombrado como titular de Seguridad en junio, después de la masacre en PNFAS, es “maquillar” las cifras de muertes violentas diarias, para sembrar el precedente ante la presidenta hondureña, Xiomara Castro, que la medida, que precisamente hoy cumple un año de vigencia, estado de excepción, está dando resultados significativos.
