Por: Daniel Girón
Tegucigalpa.-Amotinamientos en cuatro cárceles de máxima seguridad en Honduras, ocurridos en el mismo momento del pasado sábado 8 de abril, sólo ratifica que en los centros penitenciarios gobiernan las estructuras criminales, según analistas consultados por Criterio.hn.
El saldo de las reyertas fue de una persona muerta y seis heridas, informaron las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
En respuesta, la presidenta Xiomara Castro anunció nuevas medidas para erradicar la criminalidad que, hasta el momento, es campante y no ha contrarrestado la violencia que mantiene con temor a la población.
Los recientes anuncios van desde el nombramiento de Julissa Villanueva, la actual subsecretaria de Seguridad, para liderar un plan de intervención en las cárceles que tendrá como objetivo “desmontar las estructuras criminales”, hasta la construcción de dos centros penitenciarios en distintos puntos del país, que albergarán unos 1,500 privados de libertad pertenecientes a maras y pandillas.
Anteriormente, como parte del efecto Nayib Bukele, en El Salvador, Castro implementó en Honduras un estado de excepción desde el 6 de diciembre y que se ha venido extendiendo mediante la emisión de decretos del Poder Ejecutivo. Esta medida seguirá vigente hasta el 21 de mayo de 2023, según la más reciente extensión.
Este estado de excepción, que está vigente en 123 municipios de los 298 del país, fue implementado debido a una oleada de homicidios que golpeaba a la población en ese momento y para frenar el delito de la extorsión que sigue manteniendo en zozobra a los pequeños comerciantes de barrios y colonias de las principales ciudades.
¿QUÉ PASO CON LOS POLICÍAS DEPURADOS?
Sí bien, al menos 19,000 policías fueron separados de su ejercicio mediante un proceso que inició en 2010 y culminó en el 2020, sólo algunos fueron señalados por actos reñidos con la ley, la mayoría dejó sus uniformes sin que hasta el momento se haya efectuado un proceso en su contra.
El coordinador del programa de Seguridad Ciudadana del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Carlos Sierra, cuestionó que policías separados se hayan convertido en “custodios” de las cárceles y los encargados de dirigir las órdenes de los altos puestos.
“El principal problema pasa por la corrupción que hay en todo el sistema penitenciario, desde el más alto nivel. El error en enfocarse en los (policías penitenciarios) custodios”, expuso.
Sierra lo tiene claro: al custodio que se le compruebe algún nexo con el crimen organizado sería depurado, pero dentro de la institución quedaría el que está en el más alto nivel del Instituto Nacional Penitenciario (INP), por lo que el mecanismo seguiría incólume.
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UN PROCESO QUE AFECTARÍA A LOS INOCENTES
El abogado criminalista Gonzalo Sánchez, consideró que, aunque una depuración policial traería resultados positivos, es un proceso que afectaría a los elementos que no tienen vínculos con el crimen organizado.
“En la depuración (2010-2020) se cometieron injusticias, se destituyeron personas que no tenían nada que ver (con el crimen organizado dentro de la institución) o algún tipo de vinculación”, valoró.
Sánchez, quien en el pasado formó parte de la Policía Nacional, soslaya que no es esta institución la que debería encargarse de la seguridad interna de los centros penitenciarios, sino que una entidad alejada de los cuerpos de seguridad del Estado como lo establecen los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos.
El criminalista sugirió que, para que la depuración sea exitosa, se debe investigar y luego identificar a los elementos policiales encargados de facilitarles armas, drogas y teléfonos celulares a los cautivos en las cárceles.
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Instó a la población a tener paciencia para ver los resultados en la nueva fase de la lucha contra la ingobernabilidad en las cárceles de Honduras, que es presidido por Julissa Villanueva, con el plan Solución Contra el Crimen (SCC).
El plan Solución Contra el Crimen será apoyado por la Policía Nacional y el INP, pero será hasta el próximo viernes cuando la mandataria hondureña anuncie los lineamientos a implementar para luchar contra el crimen organizado.
