Por: Redacción AGENCIAS
Bruselas.- La fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, anunció este miércoles que cierra el examen preliminar abierto a Honduras tras descartar que se produjeran en ese país crímenes de lesa humanidad, meses después del golpe de Estado de 2009.
«Tras un exhaustivo análisis factual y legal de la información disponible determino que, en este momento, no se han satisfecho los requisitos legales del estatuto de Roma para pedir autorización a los jueces de la CPI para que abran una investigación sobre la situación en Honduras», declaró Bensouda en un comunicado.
Sin embargo aseguró que si llegan a su oficina nuevas informaciones podría considerar «reabrir el examen preliminar» sobre la situación en Honduras, si fuese necesario.
DENUNCIA
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) denunciaron EL 3 de noviembre de 2009 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la existencia documentada de cientos de casos de tortura y tratos crueles, nueve muertes en manifestaciones y un patrón de asesinatos contra líderes de la resistencia al golpe de Estado.
Datos relevantes de la denuncia:
• La represión policial o militar contra manifestaciones ha causado la muerte de nueve personas.
• Hay un patrón de muertes selectivas en la muerte violenta de 12 dirigentes de la resistencia. Estas muertes comparten características:
Han sido cometidas con un modus operandi similar, con armas de fuego, sin que medie el robo y en muchos casos desde vehículos en movimiento.
Las víctimas son destacados miembros activos de la Resistencia.
Testigos de los hechos afirman que las víctimas fueron vigiladas por vehículos o motocicletas sin placas
En la mayoría de los casos los hechos ocurrieron en las inmediaciones de las casas.
• En los últimos 45 días, bajo la suspensión de las garantías constitucionales, 1228 personas fueron detenidas, 619 de ellas eran menores de edad.
• 120 personas han enfrentado procesos judiciales por participar en manifestaciones y de ellas seis siguen en prisión.
• Hay 546 casos documentados de personas víctimas de torturas y tratos crueles, degradantes e inhumanos, según el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Tortura, en Honduras. Hechos de tortura y malos tratos han sido constatadas por la propia CIDH y el Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura
• 115 personas han sido amenazadas de muerte. Debido a las amenazas, 20 personas han debido salir del país.
EXAMEN PRELIMINAR
La Fiscalía de la CPI inició un examen preliminar sobre la situación en Honduras el 18 de noviembre de 2010 para evaluar si «existían bases razonables» para abrir una investigación sobre supuestos crímenes cometidos tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
La fiscal de la CPI, Bensouda señaló que, según la información de la que dispone, se cometieron violaciones de derechos humanos ese día y posteriormente que son «directamente atribuibles a las autoridades que se hicieron con el poder en el golpe».
En noviembre de 2013 ya había concluido que esas violaciones perpetradas entre el 28 de junio de 2009 y el 27 de enero de 2010 no constituyeron crímenes de lesa humanidad según el estatuto de Roma (fundacional de la Corte), por lo que no eran de su competencia para investigarlas.
A la luz de las alegaciones posteriores sobre crímenes cometidos después del 27 de enero de 2010 en la región de Bajo Aguán, la Fiscalía de la CPI continuó la evaluación preliminar para averiguar si esas supuestas violaciones podían tener un impacto en la conclusión anterior o si podían constituir por sí mismas crímenes de lesa humanidad.
Honduras ratificó el estatuto de Roma el 1 de julio de 2002, de forma que la CPI tiene desde entonces jurisdicción sobre crímenes cometidos en su territorio o por ciudadanos hondureños desde el 1 de septiembre de 2002.
El 28 de junio de 2009 el entonces presidente de Honduras, Manuel Zelaya, fue arrestado por miembros de las fuerzas armadas y obligado a exiliarse en Costa Rica.
El Gobierno de facto implementó una serie de medidas encaminadas a restringir la libertad de movimiento, asamblea y expresión, y estableció una célula de crisis a fin de coordinar operaciones de la Policía y el Ejército para aplicarlas, recordó la Corte.
(Con información de EFE)
