Por: Emy Padilla
Fotos: Jorge Burgos
Gráficos: Guillermo Burgos
Tegucigalpa. –Nuevamente las radios, los canales de televisión abierta y de cable, las carreteras y vías públicas, han sido copadas por anuncios publicitarios de los precandidatos a cargos de elección popular de los tres partidos mayoritarios, que este domingo 14 de marzo celebrarán elecciones primarias.
Hasta el momento, nadie sabe el origen fidedigno de los fondos ni tampoco los montos que los precandidatos de los partidos Nacional, Libertad y Refundación (Libre) y Liberal han utilizado en esta oportunidad para conquistar el voto de los electores.
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Sin embargo, en el imaginario colectivo persiste la idea que el narcotráfico y los fondos públicos seguirán siendo el colchón financiero de los políticos y que se repetirá la historia de las últimas elecciones en las que se ha evidenciado que los partidos, especialmente el Nacional, que detenta el poder desde el 2010, utiliza los dineros del presupuesto nacional para sufragar sus campañas políticas o que los narcotraficantes seguirán repartiendo dinero, no solo a los precandidatos del partido de gobierno, sino que a todo aquel que asuma compromisos con las redes criminales.
“Se robaron la plata del Seguro Social, del SANAA, la SAG, Hondutel, la ENEE, todo, todo. La plata de Los Cachiros ellos la tienen para la campaña para comprar conciencias”, dice José Díaz, un capitalino, en alusión al Partido Nacional.
La apreciación de José se sustenta con varios de los casos presentados por la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) que exhibió pruebas sobre el uso de fondos públicos para el financiamiento de los partidos Nacional, Liberal y FAPER y con las afirmaciones de fiscales del Distrito Sur de Nueva York en cuanto a que narcotraficantes de la talla de Joaquín “El Chapo” Guzmán y otros, aportaron dineros a la campaña del presidente, Juan Hernández.
Arturo Echeverría, otro capitalino que transitaba por la Plaza Central de Tegucigalpa, no le pone dudas a que el financiamiento en las campañas del 2021, tanto de las elecciones primarias como de las generales seguirá siendo financiado por los narcos, porque quienes ya han recibido fondos en el pasado “están tan comprometidos, están tan relacionados que difícilmente se van a poder quitar ese yugo, se comprometieron ya demasiado que no pueden salir”.
En virtud de los cuestionamientos y las presiones de la MACCIH se aprobó y entró en vigor en enero de 2017 la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos que dio vida a la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos (UFTF), institución que entró en funcionamiento en septiembre de 2017, adscrita al Consejo Nacional Electoral (CNE).
La UFTF ya tuvo un experimento inicial con las elecciones generales de 2017, pero no pudo evidenciar el origen y destino del financiamiento político, se limitó únicamente a informar de manera general sobre los ingresos y egresos que pudo auditar con el concurso de apenas siete auditores que forman parte de su equipo, que es liderado por tres comisionados nombrados por los tres partidos mayoritarios motivo que, a juicio de líderes de opinión, es el punto de partida para que actúe de manera limitada y sesgada.
“Ya eso lo pone en guardia a uno y le advierte de la posibilidad de que no van a hacer nada a fondo para garantizarnos a todos nosotros que el ejercicio de la política se va a realizar de forma limpia”, dice Leticia Salomón, socióloga del Centro de Documentación de Honduras (CEDOH).
ABULTADOS LIMÍTES A LAS CAMPAÑAS
En septiembre del año pasado el CNE emitió el Acuerdo número 44 que establece los límites de gastos de la campaña y al proselitismo abierto para las elecciones primarias calculando el valor del voto en L. 43.75, de acuerdo con el índice de inflación, como lo establece el artículo 82 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas.
Para el nivel presidencial y designados presidenciales el CNE determinó que los gastos de campaña electoral serán de hasta L. 574 millones 271 mil 787 con 50 centavos, para una carga electoral de seis millones 220 mil 249 votos, equivalentes a L. 87.50. Mientras que en el nivel de diputados el límite de gastos varía de acuerdo con el volumen electoral para 128 diputados de los 18 departamentos, para un monto total de L. 544 millones 271 mil 787 con 50 centavos y una carga electoral de seis millones 220 mil 249 votos.
Para las Corporaciones Municipales el CNE determinó un límite de gastos de L. 544 millones 271 mil 787 con 50 centavos y una carga electoral municipal de 87.50 lempiras por voto.
Para la diputada del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), Doris Gutiérrez, los límites de los gastos de las campañas fijados para las elecciones primarias son escandalosos, “en un país como en el que nosotros vivimos, en un país subdesarrollado, con altos índices de pobreza, de desnutrición, de baja calidad educativa, los techos deberían ser menores porque esos techos que ponen son exageradamente altos, entonces esto le da ventaja a las personas que manejan fondos propios o ilícitos o como sean”.
El asesor jurídico de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) Rafael Jerez, coincide con las apreciaciones de la diputada Gutiérrez. El joven analista considera que la desproporcionalidad de los gastos está siendo evidente en las elecciones primarias, “uno mira que quienes están en el poder compiten con mayor facilidad porque pueden recibir más aportaciones que quienes no están y aunque eso no parezca un mecanismo efectivo para hacer campaña, pero se llaga a más personas y eso naturalmente se traduce en más votos”.
A partir de marzo del año pasado con el inicio del estado de emergencia por la pandemia de Covid-19 y luego en noviembre y diciembre con el impacto de las tormentas tropicales Eta y Iota, se evidenció cómo diputados y alcaldes de diferentes partidos utilizaron los fondos públicos para hacer proselitismo, haciendo regalías de manera demagógica.
Por otra parte, los precandidatos presidenciales del Partido Nacional, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva y el alcalde capitalino, Juan Nasry Asfura, han aprovechado sus cargos para hacer demagogia con los fondos y con medidas ejercidas desde sus privilegiados puestos. Ambos políticos han sido señalados por actos de corrupción.
El financiamiento político tiene tres fuentes: la deuda política, el financiamiento privado y el financiamiento público. La deuda política es la contribución otorgada por el Estado a los partidos políticos para el financiamiento del proceso electoral, de conformidad con el número de sufragios válidos obtenidos por cada partido político que participó en las elecciones generales.
El financiamiento privado son aquellas aportaciones realizadas por personas naturales o jurídicas, incluyendo donaciones, herencias y legados a su favor de sujetos obligados y su límite para las personas naturales es de hasta 200 salarios mínimos y para las personas jurídicas hasta 1000 salarios mínimos.
El financiamiento público es la contribución otorgada por el Estado para la consolidación y funcionamiento de la institucionalidad política, depositada en el Fondo de Financiamiento administrado por la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización. El Financiamiento Público comprende el financiamiento otorgado para actividad política específica a los partidos con representación en el Congreso Nacional y que hayan alcanzado el umbral de votación del 2 % del total de los votos válidos, tomando como base el nivel electivo de mayor votación en dichas elecciones, así como en año electoral, la Deuda Política.
Sin embargo, la socióloga del CEDOH, Leticia Salomón, resume el financiamiento desde el narcotráfico, la empresa privada y los recursos del Estado. Los tres con peligrosas implicaciones. En el caso del narcotráfico, dice que quien reciba dinero de estos grupos criminales, al ganar, llega condicionado y amarrado para facilitarles sus operaciones; en el caso de los empresarios, cree que estos hacen aportaciones para recibir canonjías a través de las políticas fiscales o contratos de compraventa de armas e indumentaria para los militares, alquileres de aeronaves, vehículos, combustible, etc., y los fondos públicos son disfrazados de asistencia social para atraer los votos.
MILLONARIOS DESPLIEGUES
La campaña para las elecciones primarias, además de los gastos publicitarios, también se gestó con movilizaciones a través de concentraciones, caminatas y caravanas de automóviles. Todo esto implica gastos millonarios que difícilmente podrán ser cuantificados por la UFTF que apenas cuenta con siete auditores para realizar el trabajo de auditoría.
El director de Gobernanza de la ASJ, Lester Ramírez, considera que los gastos de las campañas de las elecciones primarias serán comedidos por temor a los señalamientos del financiamiento ilícito, pero no descarta que este tipo de patrocinio esté presente en la actualidad.
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La campaña electoral para las elecciones primarias del domingo 14 de marzo comenzó el sábado 23 de enero y el silencio electoral el martes 9 de marzo. Durante este periodo los candidatos a cargos de elección popular pautaron anuncios publicitarios en radioemisoras, canales de televisión, abierta y de cable y colocaron rótulos y vallas en la vía pública.
Estas actividades son onerosas, para el caso los canales de televisión con mayor rating cobran una tarifa mensual de hasta L. 400 mil por difundir seis anuncios de 30 segundos al día; otros cobran L.200 mil y 100 mil por la difusión de un anuncio diario. Los anuncios en estos canales privilegiaron las precandidaturas presidenciales y a la alcaldía del Distrito Central del Partido Nacional y con una menor difusión las precandidaturas presidenciales del Partido Liberal: Luis Zelaya y Yani Rosenthal.
En canales de menor costo y en programas independientes, se observó anuncios de precandidatos a diputados liberales y de Libre.
CRITERIO.HN se desplazó en las últimas semanas por los bulevares, anillo periférico y a las entradas y salidas de la capital y se encontró con enormes vallas, cuyos costos, de acuerdo con expertos en el tema publicitario, andan hasta en 300 mil lempiras, más el costo mensual de permanencia que anda en unos 50 mil lempiras mensuales.
La mayoría de estas vallas pertenecen a los precandidatos del Partido Nacional en sus tres niveles. En segundo lugar, se observaron algunos rótulos, pero de menor tamaño, de ciertos candidatos a diputados de los partidos Liberal y Libre, que en algunos casos incluían a los precandidatos presidenciales.
Sin embargo, la mayoría de los afiches de papel, que son los de menor precio, pertenecen a los precandidatos de los partidos Libre y Liberal, incluso, la mayoría ni a eso aspiró.
“La nación, nuestra democracia atraviesa por un momento difícil y esos gastos son innecesarios, porque se deben usar para cosas más necesarias, para la salud, para la educación, usted sabe que no tenemos educación, que no tenemos salud y cómo es que se están aprobando fondos o recursos para la política, porque eso a la vez, esas propagandas, esas publicidades, salen de nosotros mismos y no puede ser, dijo Héctor García, un poblador de Tegucigalpa, a quien le molesta el gasto millonario que hacen los políticos para financiar las campañas.
La diputada del PINU-SD, Doris Gutiérrez, dice que los gastos millonarios que hacen algunos políticos son inimaginables para ella que en el pasado ha gastado alrededor de 100 mil lempiras de fondos propios. “Nuestro trabajo no se basa tanto en una campaña publicitaria sino que se basa en un continuo acercamiento con la gente los cuatro años y además en convertirnos en defensa permanente de los intereses del pueblo en el Congreso Nacional”, afirma la congresista que fue requerida por no haber presentado la cinta videográfica de un contrato publicitario de L.2,000 que extendió a un periodista de un programa independiente y que ella afirma fue pactado por menciones y no por un anuncio porque el valor era muy pequeño.
La congresista manifestó a CRITERIO.HN que cuando fue requerida por la Unidad de Política Limpia se dijo así misma que si con esa misma beligerancia se dirigieran a los que reciben fondos del narcotráfico y de fondos públicos, la historia de Honduras ya hubiese cambiado.
Gutiérrez confesó además que conoce casos en que los partidos mayoritarios les piden a los candidatos, para darles la oportunidad de competir, dinero y la firma de pagarés en el caso que no cuenten con los recursos económicos.
VIOLACIÓN DE REQUISITOS
Recientemente el Servicio Administrador de Rentas (SAR) divulgó un informe mediante el cual señaló que de 28 mil 407 precandidatos que participan en las elecciones primarias, 8,608 no cuentan con el Registro Tributario Nacional (RTN), es decir, cerca del 30 % está moroso con el fisco.
El informe detalla que el partido Libre cuenta con 13,757 candidatos, de los cuales, 5,058 no están registrados ante el SAR. En el partido Liberal se reportan 8,587 precandidatos y de estos 2,568 no cuentan con el RTN.
Mientras que el oficialista Partido Nacional, inscribió 6,057 precandidatos, de los cuales 982 no están tributando.
Lo anterior implica que se ha violentado el Acuerdo No. 05-2020 del Consejo Nacional Electoral sobre la inscripción de candidatos a cargos de elección popular que establece entre los requisitos que los candidatos estén solventes con la hacienda pública.
Muchos de los precandidatos que aspiran a ser reelectos tampoco han presentado la declaración jurada de bienes, según una respuesta obtenida por este medio de comunicación de parte del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
El ente fiscalizador estableció que en el año 2014 doce diputados no presentaron la declaración; en el 2015, dos; en el 2016, tres; siete, en el 2017; once, en el 2019 y 30 en el 2020. En la lista de los incumplidores de 2020 figuran los precandidatos a la alcaldía capitalina, David Chávez y Juan Diego Zelaya. Asimismo, los diputados que aspiran a la reelección Antonio Rivera Callejas, José Villanueva, Norma Edinora Brooks, Sobeyda Andino y Juan Barahona, entre otros.
Cabe señalar que el diputado y precandidato a la alcaldía del Distrito Central por el movimiento “Unidad y Esperanza”, David Chávez, tampoco presentó la declaración jurada de bienes en el 2018 y 2019. En la lista de los incumplidores están también 27 diputados suplentes quienes hicieron caso omiso a la obligación en el 2018, mientras que 19 no lo hicieron en el 2019 y 37 en el 2020.
Los alcaldes municipales tampoco se escapan del incumplimiento: en el 2014 se reportaron cinco, en el 2015 otros cinco; en el 2016, 15; en el 2017, 23; en el 2018, 43; en el 2019, 22 y en el 2020, 51
Lo anterior implica que además de la morosidad con la hacienda pública los aspirantes a cargos a elección popular tampoco están cumpliendo con su obligación de presentar año con año su declaración jurada como lo manda la ley. Asimismo, queda en evidencia también que el CNE no está asegurando el cumplimiento de los requisitos para inscribir a los aspirantes.
Bajo este escenario Honduras se encuentra en un nuevo proceso electoral y la fiscalización del financiamiento político sigue siendo un reto difícil de descifrar para combatir el fantasma del gasto ilícito en las campañas que en los últimos años han tenido el patrocinio del narcotráfico y la utilización de fondos públicos.
