Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- Se enciende la alarma de otro posible fraude electoral en Honduras, esta vez el mensajero es Eduardo Martell, secretario del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), quien es tajante y no duda al decir que, a falta de menos de un mes para que se hagan las convocatorias a elecciones, no hay reglas claras del juego. Y anticipa “de manera categórica una nueva crisis electoral”.
Martell -perteneciente al ala aparentemente progresista del Partido Liberal- es una de las voces jóvenes de un partido debilitado, fraccionado y manchado por las colusiones que su institución política ha tenido con el Partido Nacional para elegir al Fiscal General, a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al Ombudsman de DD.HH., hechos que le han ganado que se catalogue a su partido como “una extensión más del Partido Nacional”.
En los últimos meses se ha visto un intento de las fuerzas de oposición dentro del Legislativo para unirse contra el nuevo Código Penal. Hicieron una asamblea extraordinaria que fue vista como un acto político poderoso. Sin embargo, esa misma oposición no logra ponerse de acuerdo en el tema de las reformas electorales.
Ahora, un ala del Partido Liberal a la que pertenece Martell denuncia que no existe ninguna garantía concreta de que se puedan realizar elecciones limpias y reconoce que algunos miembros de su mismo partido son en la práctica miembros del Partido Nacional.
El Partido Liberal tiene al diputado Mario Segura en la comisión de asuntos electorales del Congreso Nacional, sin embargo, Martell dice que este congresista en base a los estatutos del CCEPL, dejó de ser miembro del Partido Liberal, no por una expulsión, como ocurrió en enero de 2019, sino por sus prácticas consuetudinarias de apoyo irrestricto, incondicional, a Mauricio Oliva y al Partido Nacional. “Él representa al Partido Nacional”, dispara.
Este jurista sostiene que después de lo sucedido en noviembre de 2017 se debió hacer un amplio debate para llegar a grandes consensos de país y no volver a repetir esa historia, pero se desaprovechó la oportunidad de cumplir con las recomendaciones surgidas del diálogo con Naciones Unidas en el 2018. Cree que en el año 2019 no se hizo absolutamente nada. Y que, ahora, en el 2020, más allá de los discursos vacíos del oficialismo y unos socios del oficialismo, no hay ninguna intención de hacer reformas.
“No se ha cumplido ninguna de las recomendaciones: no tenemos autoridades competentes, confiables, volvimos a cometer el mismo error con una elección de magistrados que no reúnen las garantías de transparencia y confiabilidad. Lo que pasó en el 2019 es que magistrados se prestaron a manipular la voluntad popular”, dice Martell y agrega que no se ha discutido el sistema de transmisión, ni de la composición de una mesa para evitar el trasiego de las credenciales electorales y tampoco de los mecanismos de control del financiamiento.
“Ya sabemos que “El Chapo” Guzmán metía plata. Lo tenemos constatado en una Corte Federal de EE.UU. Fue en una campaña de Juan Hernández Alvarado. Y tantas otras medidas que no se ha querido siquiera discutir en nuestro país. Tampoco se ha hecho la convocatoria a un plebiscito para definir de una vez por toda lo de la reelección”, agrega.
El secretario del CCEPL sostiene que no se tiene una confianza plena en el Consejo Nacional Electoral, primero porque el mecanismo obedeció a una burda distribución del pastel. Y porque -dice- estos representan a los mismos actores que provocaron el fraude electoral de 2017.
Este político joven expone que las intenciones para el Censo Electoral y la Nueva Tarjeta de Identidad es un proceso que estuvo viciado y que esa nueva tarjeta de identidad está en riesgo para el 2021, en parte porque hay que identificar a 6 millones de electores y porque la pandemia del coronavirus no permite un proceso intenso y dinámico de enrolamiento. Además, considera que existe poca confiabilidad de quienes están al frente, simplemente defendiendo parcelas políticas y posturas de clientelismo político.
Martell cree que el Partido Nacional se niega a perder las próximas elecciones porque sus miembros se están jugando ser encarcelados o extraditados por delitos de corrupción, lavado de activos, narcotráfico y sicariato, y que por lo tanto harán lo imposible por boicotear el proceso de elecciones a pesar de que el 85 % de la población los rechaza.
Este profesional del derecho es del criterio que Libre no gana nada por estar inmerso en la toma de decisiones a través de Rixi Moncada, presidenta del Consejo Nacional Electoral, ni con Jorge Cálix en la comisión de asuntos electorales. “Ha hecho acuerdos con el Partido Nacional para obtener una representación para resolver todos los problemas de asuntos electorales. Pero hoy por hoy, el mismo Manuel Zelaya Rosales y Xiomara Castro saben que cometieron un error. Mientras no se tomen decisiones conjuntas, las posturas de Libre seguirán fortaleciendo al Partido Nacional”.
“El escenario complejo y peligroso porque un sector del pueblo hondureño ha visto las elecciones como una oportunidad para salir de la crisis y cercenar la posibilidad de que la oposición asuma el poder, puede generar una frustración que puede derivar en violencia y eso solo perjudica al pueblo hondureño. Estamos a un mes de la convocatoria a elecciones. No sabemos si van a cambiar, si van a seguir siendo las mismas. No lo sabemos”, concluye.
