Tegucigalpa, Honduras.- Carlos Zelaya, secretario del Congreso Nacional y diputado del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre) estigmatizó la carrera fiscal de cuatro de los cinco candidatos entregados por la extinta Junta Proponente al Poder Legislativo, al asegurar que fueron cómplices de la hegemonía de impunidad que arrastró el exfiscal general Óscar Fernando Chinchilla y su entonces subordinado Daniel Sibrián, mientras llevaron las riendas del ente investigador.
De acuerdo con las declaraciones que dio Zelaya el pasado 15 de septiembre, en medio de la celebración de los 202 años de independencia hondureña, ni Jenny Almendares, Marcio Cabañas Cadillo, Mario Morazán y Pablo Reyes están facultados para ostentar el cargo de fiscal general, ya que se han desempeñado como fiscales y, por ese motivo, han sido parte del mal manejo que le dieron al ente investigativo Chinchilla y Sibrián.
En ese sentido, según Carlos Zelaya, que representa a los diputados oficialistas y Junta Directiva del Congreso en las reuniones con los jefes de bancada de la oposición, el único que podría llevar las riendas de la fiscalía porque nunca trabajó en el Ministerio Público y por lo tanto no fue parte de la impunidad, es el abogado Johel Zelaya, quien actualmente es regidor del municipio Reitoca, ubicado en Francisco Morazán, suficiente motivo para haber sido inhabilitado por los proponentes.
Aunque Johel Zelaya nunca formó parte del Ministerio Público y por eso podría ser el idóneo para llevar las riendas de ese ente, como lo plantean desde el oficialismo, se ha encontrado, tras investigarlo, que ha sido denunciado por falsificación de documentos públicos y, además, no cumple con uno de los requisitos fundamentales para ser fiscal general: tener experiencia en derecho penal.
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“Nosotros mantenemos nuestros conceptos, ¿por qué elegimos a Johel Zelaya? Porque Zelaya nunca ha sido partícipe de la actual fiscalía, todos los demás han sido fiscales; son fiscales; ahí están adentro ocultando todos los desastres que hicieron en los últimos 12 años”, mencionó el secretario del Congreso Nacional.
Añadió que “entonces, nosotros no estamos dispuestos a apoyar personas que están comprometidas, no sólo con lo que pasó, sino con los que quieren proteger, que son los que hicieron un montón de barbaridades en el Ministerio Público”.
Aunque los está estigmatizando, Carlos Zelaya tiene razón al decir que los cuatro se han desempeñado en diferentes cargos en la fiscalía, por ejemplo, el abogado Marcio Cabañas Cadillo, tiene más de 20 años de trabajar en el Ministerio Público y actualmente se desempeña como fiscal asignado en la fiscalía especial contra delitos tributarios y devenga un salario que supera los 100 mil lempiras.
Lo paradójico del caso es que, aunque el abogado Marcio Cabañas Cadillo fue criminalizado y estigmatizado por el oficialismo, figura como fiscal adjunto en la moción nominativa presentada por los diputados del partido de gobierno, postura que, según Zelaya, mantendrán hasta que la oposición la acepte, de lo contrario advierten que seguirán sin convocar a sesiones.
“Realmente el proceso está enmarcado en defender posiciones en este momento. Libre, como el partido que ganó las elecciones; como el partido que tiene el compromiso con el pueblo hondureño de conducir el destino del país, considera que nos corresponde nominar al fiscal general”, mencionó.
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PODRÍA SER UNA CAMPAÑA EN CONTRA DE LOS CANDIDATOS
El abogado Joaquín Mejía aseguró que las opiniones se deben de respetar, pero en este caso, las declaraciones de un diputado, que además es integrante de la Junta Directiva del Congreso Nacional, deben ser moderadas, ya que se puede interpretar como una campaña en contra de los candidatos a la titularidad de la fiscalía.
“La clase política, al momento de dar declaraciones, tiene que tener cuidado y ser responsables porque esa no es la opinión de cualquier ciudadano. Estamos hablando de autoridades de Estado y tienen efectos de poder y, como parte de esos efectos, está la posibilidad que se estigmatice a los candidatos”, opinó Mejía.
Agregó que “desafortunadamente gran parte de la clase política adolece de la coherencia que se debería mantener, todos pueden hacer críticas porque es parte de la democracia, pero cuando son figuras públicas se debe tener más cuidado porque tienen responsabilidad mayor”.
De igual manera, consideró que, además de estigmatizar a los cuatro candidatos, está menospreciando el trabajo que realizó la Junta Proponente que encabezó la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Rebeca Ráquel Obando.
“Creo yo que si la Junta Proponente presentó esa lista nos guste o no, representó un avance en comparación en proceso anteriores y debemos respetarlo, porque fueron procedimientos realizados en el marco de la transparencia”, valoró.
La Junta Proponente desde inicios de junio de este año comenzó con el trabajo de selección a 26 candidatos que se postularon, mismo que iban siendo depurados a medida avanzó el proceso que finalmente terminó el 31 de julio, para el primero de agosto presentar la nómina final al Congreso Nacional, cumpliendo con el cronograma establecido en la Constitución de la República.
Entre los abogados que fueron eliminados del proceso de selección que realizaron los proponentes y que eran favoritos para ostentar la titularidad del Ministerio Público durante el periodo 2023-2028, están el titular de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) Luis Javier Santos y Mario Roberto Urquía.
Mejía aseguró que las declaraciones del secretario Carlos Zelaya, también se podrían interpretar como la apertura de un escenario similar al del 2018, año que, por la imposición y fuerza de los poderes políticos, el Poder Legislativo reeligió a Óscar Fernando Chinchilla como fiscal general.
“Lo que genera suspicacia alrededor de este tipo de declaraciones es que puede generarse un escenario parecido a lo que pasó con el fiscal Óscar Chinchilla que, sin estar en la lista, fue elegido de manera ilegal, por eso tenemos esta situación en el Ministerio Público, por eso tenemos que tener mucho cuidado con las declaraciones que emiten porque dan a interpretar lo que podría pasar si no llegar a consensos”, valoró.
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PROCESO DE ELECCIÓN EMPANTANADO
Aunque desde el uno de agosto el Poder Legislativo tiene en su poder la nómina que entregó la Junta Proponente, comenzaron los debates 15 días después, pero sin gloria, ya que ninguna de las mociones nominativas presentadas por los diputados que se unieron en oposiciones (Partido Salvador de Honduras, Liberal y Nacional) y la oposición tuvieron el favor de la mayoría calificado (86 votos), por ese motivo, como consecuencia, todavía no hay nuevas autoridades llevando las riendas del MP.
El analista político Luis León considera que ante la falta de diálogos y consensos entre los diputados que conforman el tripartidismo (Libertad y Refundación, Nacional y Liberal) que no permiten que sean electas las nuevas autoridades del MP, podrían desencadenar una crisis política en el país.
“Las condiciones deben ser construidas, promovidas y ejecutadas por los actores políticos. Somos víctimas de nuestro propio trabajo político. La falta de consensos, después de varios días, es un gran paso de la crisis en la que se podría caer”, analizó León.
Para León desde el Poder Ejecutivo se están prestando para generar división, emitiendo mensajes en contra de los partidos de oposición, en lugar de ser los encargados de hacer llamados a los diálogos para no terminar de encarrilar la posible crisis que se pueda desatar, por la falta de consensos.
El presidente del Poder Legislativo convocó para este miércoles 20 de septiembre una reunión con los jefes de bancada de los partidos políticos, para valorar si ya llegaron a consensos y poder convocar a sesión legislativa para escoger a las nuevas autoridades del Ministerio Público.
Sin embargo, por las posturas políticas que han emitido los jefes de bancada en los últimos días, todavía no han logrado consensos, ya que ni ellos ni el oficialismo están en la disposición de modificar las mociones nominativas ya presentadas ante el pleno.
La moción de la oposición está encabezada con Marcio Cabañas Cadillo como fiscal general y Jenny Gabriela Almendares como adjunta, pero no ha sido valorada por el pleno, ya que sólo ha alcanzado 72 votos.
Si el Poder Legislativo se rigiera por mandato constitucional y no por intereses, Jenny Gabriela Almendares y Marcio Cabañas, tendrían que ser las nuevas figuras del Ministerio Público, ya que fueron los que alcanzaron la mejor calificación en el proceso que realizó la Junta Proponente.
