Secretario de Seguridad minimiza la creciente violencia y criminalidad en Honduras

Tegucigalpa, Honduras – Según el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, el asesinato de más de 30 personas en los primeros siete días de julio, la paralización de varias líneas de transporte por el cobro de extorsión y el aumento de secuestros en junio no justifican etiquetar la situación actual del país como una «crisis» de seguridad.

Lo anterior, el jerarca policial lo mencionó en un medio de comunicación mientras hacía los preparativos para ejecutar varios operativos en colonias y barrios peligrosos del país. En dicha ocasión, ironizó que un allegado le hizo un comentario referente a que el país no enfrenta problemas de inseguridad, sino ataques directos a la institución que dirige para, de alguna manear, desprestigiarlos.

 “Continúan los ataques. Me decía alguien: ‘Ministro, el país no tiene crisis de seguridad; el país lo que tiene es una crisis mediática y de redes sociales contra la seguridad’. Entonces, sabemos y entendemos de dónde vienen”, justificó Sánchez, que llegó a la titularidad de la Secretaría de Seguridad después de la destitución de Ramón Sabillón, en junio del año pasado.

Sánchez mencionó que han logrado detectar que estos “ataques” provienen de algunas organizaciones de la sociedad civil gracias a las mesas técnicas de inteligencia e investigación policial, que trabajan en conjunto con el Ministerio Público. “Y, bueno, seguimos enfrentando con mucha valentía la problemática de violencia y criminalidad en el país”, añadió.

El secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, minimizó la creciente criminalidad y violencia en Honduras, a pesar de que el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) registró 34 homicidios solo en los primeros siete días de julio.

Además, durante junio de 2024, se reportaron 29 secuestros en tres casos distintos, seis de ellos resultaron en muerte, en el que están incluidos el caso de los cinco jóvenes encontrados sin vida en una zona montañosa de Tatumbla, Francisco Morazán.

Estas declaraciones se dieron en el contexto de que la extorsión por parte de organizaciones criminales sigue en aumento en Honduras, a pesar de que el estado de excepción fue implementado precisamente para combatir este delito. Paradójicamente, los arrestos durante la vigencia de esta medida (desde el 6 de diciembre de 2022 hasta la actualidad) representan menos del 2%.

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NO SE DEBE EVADIR LA REALIDAD; MUCHO MENOS LOS CUESTIONAMIENTOS

Para Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Sánchez, al tratar de justificar la creciente criminalidad en el país, está evadiendo la realidad y cuestionando a quienes critican las estrategias en materia de seguridad, aun cuando estas no están teniendo la efectividad en los resultados que las autoridades alardean.

Javier Acevedo, director ejecutivo del Ciprodeh, precisó que las autoridades deben estar sujetas a todo tipo de cuestionamientos cuando las estrategias implementadas no dan frutos.

 “Yo creo que cada secretaría de Estado y, particularmente, toda la institucionalidad, deben estar conscientes de las críticas. Las críticas no necesariamente significan ataques. En este caso, con los resultados de la Secretaría de Seguridad, no estamos hablando de ataques, sino de cuestionamientos sustentados por lo que está pasando en el país”, opinó Acevedo en pláticas con Criterio.hn.

Javier Acevedo enfatizó que los recientes acontecimientos en Honduras, como los 34 homicidios en los primeros siete días de julio y los 29 secuestros en junio, no pueden tomarse a la ligera ni pasar desapercibidos, especialmente cuando el gobierno está anunciando más estrategias de seguridad mientras las anteriores no han tenido efecto.

«Realmente, las medidas anunciadas, aunque violen derechos humanos, generan expectativas entre la sociedad. El no ver resultados desencadena cuestionamientos que están sustentados por los hechos violentos que se han registrado recientemente», valoró.

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¿EN QUÉ SE CENTRAN LOS CUESTIONAMIENTOS?

Aunque los datos de la Secretaría de Seguridad indican que los homicidios han disminuido desde 2022, las autoridades son cuestionadas porque el ambiente de criminalidad y la comisión de delitos comunes continúan en auge. Esto persiste a pesar de la implementación de varias estrategias, como el estado de excepción y la intervención policial y militar en varios barrios y colonias.

Criterio.hn ha evidenciado la inefectividad tanto operativa como legal que rodea al estado de excepción, el cual fue prolongado por 45 días más el pasado cuatro de julio. Las autoridades han incumplido con el andamiaje legal que sustenta esta medida, al no ser ratificado en varias ocasiones por el Congreso Nacional.

De igual manera, se cuestionó el incumplimiento por parte de las autoridades con la intervención en barrios y colonias denominados más peligrosos de la capital, que forma parte de la estrategia implementada en la segunda fase del Plan Solución Contra el Crimen, aprobado por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) el pasado 15 de junio.

Una de las calles principales de la colonia Los Pinos en las que no se encontraba ningún elemento policial. (Fotografía: Horacio Lorca)

Criterio.hn, un día después de que se anunciara la intervención militar y policial en estas zonas ubicadas en el extremo oriente de la capital, recorrió varios de los senderos más peligrosos de la colonia Los Pinos y Villanueva, constatando la ausencia de uniformados. Además, se les preguntó a los residentes de estos lugares si habían visto elementos de seguridad y la respuesta fue negativa: «no«.

«Estas acciones o inacciones de las autoridades solo ponen en evidencia, una vez más, que no hay una verdadera estrategia; el plan es solo reaccionar. No hay capacidad de investigación ni una verdadera persecución del delito, pero en lo que sí hay efectividad es en descalificar a quienes cuestionan la inefectividad policial», mencionó Kenneth Madrid, analista en temas de seguridad.

Madrid mencionó que, debido a los resultados actuales en materia de seguridad, las demás estrategias, como las reformas legales que debe hacer el Congreso Nacional, tendrán poca efectividad o ni siquiera serán aprobadas por el pleno de diputados.

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