Tegucigalpa, Honduras – En busca de mayor efectividad del estado de excepción, medida de emergencia implementada desde el seis de diciembre de 2022 en gran parte del territorio hondureño, es imperativo reformar el Código Penal. Resulta incongruente que las detenciones realizadas no conlleven a una efectiva aplicación de la ley, permitiendo que los arrestados queden en completa libertad menos de 24 horas después, debido a la falta de evidencia para incriminarlos, de acuerdo con analistas en temas de seguridad.
“La necesidad de reformar el Código Penal para evitar la liberación de posibles criminales arrestados durante el estado de excepción, ya sea por falta de denuncia en su contra o por insuficiente evidencia para incriminarlos en delitos relacionados con la violencia y la criminalidad, es necesario ahora más que nunca, debido al alto número de liberados, pese al alto índice de arrestos que anuncia la Policía”, destacó Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh).
Según Acevedo, bajo la normativa actual, si un sospechoso es arrestado durante el estado de excepción y no cuenta con denuncias por delitos, o si la evidencia no es suficiente para su incriminación, queda en libertad en menos de 24 horas, a pesar de los indicios que los agentes puedan tener sobre su posible pertenencia a una estructura criminal. Y, con la modificación de buscaría un poco más de rigurosidad. Es decir, si no hay evidencia suficiente, que se espere un tiempo prudencia, mientras el detenido está en prisión, para que la Policía presente una investigación más sustentable.
“Con esta modificación, se aseguraría que las detenciones tengan un efecto positivo, es decir, que no sólo se limiten a arrestos, como ha ocurrido hasta ahora durante la implementación de esta medida, sino que se garantice el debido proceso legal. De igual manera, con la reforma, ya no se pondría a nadie en estado de indefensión, como sucede actualmente, con personas que son arrestadas y presentadas como extorsionadores“, explicó el defensor de los derechos humanos.
De hecho, el planteamiento expuesto por Javier Acevedo es una de las varias falencias que Criterio.hn encontró en los primeros meses de aplicación del estado de excepción. Precisamente en junio de 2023, se elaboró un análisis de los datos proporcionados por la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, en el cual se descubrió que ocho de cada diez arrestados quedan en completa libertad. En otras palabras, de cada diez individuos capturados durante los primeros meses de la medida de emergencia, sólo dos enfrentaron un proceso legal, mientras que los demás fueron puestos en libertad debido a varios motivos.
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REFORMAS ARCHIVADAS EN EL CONGRESO NACIONAL DE REDONDO
Precisamente el director de comunicaciones de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), Mario Fú, mencionó que el proyecto de reforma al Código Penal vigente, fue enviado por la Policía Nacional en 2023 al Congreso Nacional y que se mantiene a la espera de su discusión entre el pleno de diputados.
“El proyecto para estas reformas fue presentado por la Policía Nacional al Congreso Nacional en 2023. Actualmente entiendo que se encuentra en proceso de discusión, con el fin de abordar las deficiencias identificadas en las operaciones policiales anteriores y mejorar la efectividad de las acciones contra el crimen organizado”, explicó en medios de comunicación el funcionario policial.
Entre los principales puntos de estas reformas, de acuerdo con Fú, se destaca la búsqueda de sanciones más severas contra aquellos involucrados en actividades delictivas, especialmente la extorsión, como lo planteó el defensor de los derechos humanos. Además, se busca garantizar el respaldo necesario durante las operaciones en campo, evitando que los funcionarios policiales enfrenten amenazas derivadas de su labor.
“Se busca tener resultados más efectivos en las operaciones ejecutadas; se busca contar con mejores herramientas e insumos para, al final, obtener los resultados que se necesitan y así, en consecuencia, controlar la comisión de los diversos delitos cometidos por las maras y pandillas que integran el crimen organizado”, explicó el funcionario policial.
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SECTOR TRANSPORTE TAMBIÉN EXIGE REFORMA
De hecho, la cúpula empresarial del rubro del transporte urbano, también está impulsado para que la reforma al menos sea conocida, valorada y quizás aprobada por el pleno de diputados, ya que ellos son los principales afectados por el cobro de extorsión en casi todo el país.
“Necesitamos que desde el Congreso Nacional se comiencen a tomar acciones. Hace casi un año mandamos, junto con la Policía, el proyecto de reforma y yo creo que debe ser conocido por los diputados. Necesitamos la reforma porque el cobro de extorsión no tiene control, no podemos continuar destinando nuestro dinero al crimen organizado”, mencionó Jorge Lanza, empresario del transporte urbano.
Aunque esta, al igual que otras reformas presentadas al Congreso Nacional liderado por Luis Redondo, podrían no ser ni agendadas, como está ocurriendo con la Ley de Colaboración Eficaz, que tiene una relevancia significativa. Sin embargo, el presidente del Legislativo la mantiene “dormida”, a pesar de que su aprobación es un requisito para posiblemente instalar en Honduras una comisión anticorrupción de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
