Por: Agencias
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Ciudad de México. El 26 de septiembre de 2014 desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa, México. Según las autoridades mexicanas, los estudiantes iban a manifestarse cuando fueron atacados por oficiales de policía corruptos —asociados con un grupo de narcotraficantes—, luego ejecutados, sus cuerpos incinerados en un basurero y los restos arrojados a un río.
Pero esta versión del gobierno de México fue desacreditada a principios de septiembre, cuando un grupo independiente de expertos forenses contratados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que los estudiantes no pudieron haber sido incinerados en el basurero de Cocula. Para los padres, la noticia reabrió las heridas una vez más.
Los padres no han parado de buscar a sus hijos y tampoco han dejado de protestar en todo México. Dicen que seguirán protestando hasta que ocurra una de estas dos cosas: que sean encontrados vivos o que se demuestre científicamente que fueron asesinados.
En lo que se ha llamado como una «verdad histórica», la Procuraduría General de la República (PGR) concluyó en enero pasado que, la noche del 26 de septiembre del año pasado, los estudiantes fueron atacados por sicarios y policías corruptos en Iguala.
Los jóvenes estaban tomando a la fuerza cuatro autobuses para sus movilizaciones políticas. Luego, los policías habrían entregado a los 43 estudiantes a narcotraficantes del cártel local Guerreros Unidos, quienes los asesinaron por sospechar que eran miembros de un cártel rival. Los cadáveres, según la versión de la PGR, fueron incinerados en un basurero del cercano poblado de Cocula y arrojados a un río.
Pero el 6 de septiembre de 2015, el grupo de expertos independientes de la CIDH que investiga la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa concluyó que los 43 normalistas no fueron incinerados en un basurero, como aseguran las autoridades de México.
«Para incinerar a 43 cuerpos se hubieran requerido 13 mil kilogramos de neumáticos y 30 mil kilogramos de madera y el fuego debería durar 60 horas», aseguró el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH.
En opinión del grupo, la columna de humo por esa incineración habría sido visible para los habitantes de Cocula. Si los cuerpos de los 43 jóvenes se hubiesen quemado en el lugar, se hubiera causado un incendio forestal.
Tras seis meses de investigaciones las conclusiones del grupo apuntan que aunque no tienen datos precisos para saber dónde quedaron los estudiantes desaparecidos, pero sí hallaron elementos para cuestionar las tesis oficiales y sugirieron una nueva: que el ataque pudo ser porque los jóvenes interfirieron, sin saberlo, con el traslado de un cargamento de drogas que habría ido en uno de los autobuses que ellos “tomaron” ese día para transportarse.
Mario César González, uno de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, aseguró en entrevista con ‘Conclusiones’ que durante su reunión con el presidente de México Enrique Peña Nieto el pasado jueves 24 de septiembre, el mandatario aceptó que la presentada como «verdad histórica» ahora era solo una hipótesis.
Por su parte la procuradora Arely Gómez González instruyó a la unidad de apertura gubernamental de la institución que dé acceso a la versión pública de la averiguación previa sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, lo que es un hecho sin precedentes.
Los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos se sienten disconformes con los resultados de las investigaciones y el trato que han recibido del Gobierno, especialmente después de que se reunieran con funcionarios gubernamentales, incluido el presidente Peña Nieto.
La verdad que una vez se consideró histórica, ahora es solo una hipótesis, y a pesar de prometer estar en la misma vereda, el Gobierno camina a un paso diferente al de los padres.
La PGR ha informado que los expertos de la Universidad de Innsbruck de Austria identificaron a dos de los normalistas entre los restos encontrados en el basurero de Cocula.
En diciembre de 2014, la PGR dijo que el ADN de unos restos óseos analizados en el laboratorio de Austria correspondía a los de Alexander Mora.
El 16 de septiembre de 2015, anunciaron que en nuevos resultados se identificó a Jhosivani Guerrero de la Cruz. La identificación se logró por un fragmento óseo de 12 centímetros; la madre de Jhosivani, Martina de la Cruz, habría proporcionado la muestra genética para el análisis mitocondrial.
Hasta el momento las autoridades han detenido a 111 personas por el caso, pero ninguna a recibido sentencia. El más reciente detenido fue Gildardo López Astudillo, ‘el Gil’, presunto líder del cártel Guerreros Unidos.
Las familias de las víctimas y los expertos reclaman por la forma en que las autoridades han conducido los procesos penales por este crimen.
De los detenidos, 52 eran policías del municipio de Iguala que presuntamente agredieron a los normalistas el 26 de septiembre, 19 eran agentes de Cocula que ayudaron a capturar a los jóvenes y entregarlos a Guerreros Unidos, mientras los 39 restantes eran miembros de dicha organización delictiva.
Entre estos últimos están el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, quienes fueron arrestados en el Distrito Federal en noviembre de 2014 y actualmente están bajo proceso. (Con información de CNN).
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