Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- Ante la falta de un acuerdo entre el gobierno hondureño y la Organización de Estados Americanos (OEA) para la renovación del convenio de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) muestra su preocupación por el grave retroceso que esta decisión implica para la lucha contra la corrupción y la impunidad. El Icefi exhorta al Estado hondureño, en particular a los ciudadanos, a exigir la independencia, continuidad y fortalecimiento de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) del Ministerio Público, con el fin de asegurar el seguimiento de los casos que han sido judicializados, como parte del trabajo conjunto de la Maccih y la UFECIC, al tiempo en que se avanza en los esfuerzos para fortalecer las capacidades de las instituciones nacionales para cerrar los caminos a la corrupción.
El Instituto recuerda que el enérgico rechazo a la corrupción de parte de la ciudadana provocó que el Gobierno de Honduras solicitara a la OEA, en septiembre de 2015, la creación de la Maccih. Los catorce casos penales sometidos a la justicia hondureña como resultado del trabajo conjunto de la Maccih y la UFECIC-MP, permitieron evidenciar cómo actores económicos, políticos, militares y religiosos, por medio de prácticas ilegales, han utilizado al Estado hondureño para asegurarse beneficios personales o intereses sectoriales, a costa del bienestar de las grandes mayorías.
El estudio “La corrupción. Sus caminos e impacto en la sociedad y una agenda para enfrentarla en el Triángulo Norte Centroamericano” (Icefi, 2017), revela que los mayores problemas de corrupción en Honduras se han concentrado en el gobierno central y en el Seguro Social. Los casos documentados de corrupción se pueden dividir en cuatro categorías. Primero, la corrupción en adquisiciones públicas (compras y adquisiciones) que ha incluido la defraudación al Instituto Hondureño de Seguridad Social, casos de corrupción en la Secretaría de Salud y decretos de emergencia y fraccionamiento. Segundo, la corrupción en la prestación de servicios públicos. Tercero, la corrupción en la contratación de obra pública; y, cuarto, el abuso de los fideicomisos públicos.
Los casos documentados permiten comprender ocho fenómenos que estructuralmente allanan el camino a la corrupción: legislación desactualizada para combatir la corrupción y fomentar la probidad; institucionalidad débil o capturada por redes de corrupción que imposibilita la promoción de la transparencia y una fiscalización integral y efectiva; sistema de administración de justicia con limitadas capacidades y recursos; ausencia de una normativa adecuada y efectivamente aplicada para el control del financiamiento de los partidos políticos; obstáculos y resistencia de muchos sujetos obligados a entregar o actualizar información pública; falta de regulación de los conflictos de intereses, financieros y no financieros, en las decisiones del poder público; significativos niveles de impunidad, es decir, alta posibilidad de que una persona pueda cometer un delito, de cualquier naturaleza, incluyendo aquellos relacionados con actos de corrupción, y quedar sin castigo; y, finalmente, barreras a la participación ciudadana, que incluyen una amplia brecha entre las normas jurídicas y el ejercicio de mecanismos participativos regulados, así como dificultades para el acceso a información pública de calidad, de manera que esto se convierte en un impedimento para lograr una auditoría social y participación e incidencia informadas y propositivas.
Otros estudios, elaborados por el Consejo Nacional Anticorrupción, InSight Crime y la Carnegie Endowment for International Peace, ayudan a evidenciar que la corrupción es el sistema operativo de Honduras, al cohesionar y articular en redes criminales a actores con poder de decisión dentro de los sectores público y privado. El continuado éxito de la alianza de sectores a favor de la corrupción y la impunidad en Honduras es fácilmente visible, no solo por la salida de la Maccih —el golpe más reciente a la lucha contra la corrupción—, sino por la creciente asfixia de las instituciones democráticas y el desinterés de quienes ostentan el poder público frente a las cada vez mayores carencias de bienestar de la mayoría de los hondureños.
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Para el Instituto, en este contexto, la ciudadanía y las organizaciones sociales continúan jugando un rol fundamental para exigir a las autoridades su derecho a una mayor transparencia y probidad en el uso de los recursos públicos. Una ciudadanía activa constituye hoy la mayor reserva moral para promover los cambios necesarios con el fin de construir una sociedad libre de corrupción e impunidad, elementos indispensables para retomar la senda democrática y de desarrollo.
Por esta razón, la ciudadanía hondureña debe exigir que el Estado asegure las condiciones para que los procesos judiciales continúen sin dilaciones ni obstáculos, de manera que estos actos de corrupción no queden en la impunidad, y que los responsables de cometerlos reciban las condenas que de conformidad con el marco legal vigente corresponden; esto también debe garantizarse para nuevos casos de corrupción que sean sometidos al conocimiento de las autoridades encargadas de la investigación y sanción penal. Ahora más que nunca, la ciudadanía también debe respaldar el trabajo que diversas organizaciones sociales realizan en la lucha contra la corrupción y la impunidad. De particular relevancia será asegurar la independencia, continuidad y fortalecimiento de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) del Ministerio Público.
Para el Instituto resulta imperativo que los ciudadanos demanden del Gobierno y del Congreso Nacional la continuación del proceso de discusión y aprobación de las propuestas que la Maccih entregó en su momento, tales como la Ley de Colaboración Eficaz, las reformas a la legislación sobre clasificación de documentos públicos de seguridad y defensa nacional, la reforma constitucional para fortalecer las garantías e independencia de jueces, así como atender otras recomendaciones que la Misión formuló para fortalecer las políticas de seguridad pública y el proceso penal hondureño. Esta agenda de cambios en el marco legal es un paso importante para cerrar los caminos que estructuralmente promueven la corrupción y la impunidad en el país.
