Tegucigalpa, Honduras. – Tras dos años de espera, la Corte de Apelaciones de Santa Barbará revocó el sobreseimiento definitivo en favor del exalcalde y ex vicealcalde del municipio de San Francisco de Ojuera, Raúl Pineda Pineda y Plutarco Mejía Cardona, respectivamente.
El Tribunal, además de revocar la resolución de primera instancia, sin requerir audiencia, decretó auto de prisión contra ambos acusados por suponerlos responsables del delito de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública.
Los imputados fueron acusadas en 2020 por la supuesta comisión del delito de abuso de autoridad al haber extendido y firmado una constancia en favor de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) para que esta solicitará un permiso de operación y una licencia ambiental ante la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) para la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca.
Sumado a esto, en el documento Pineda y Mejía habrían añadido que DESA contaba con la aprobación del pueblo indígena Lenca para la instalación del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca (PHAZ), pese a que no existió consulta previa, libre e informada, señaló el abogado del Bufete Estudios para la Dignidad (BED), Pedro Mejía.
En este caso, ni Pineda ni Mejía estaban facultados para proporcionar y firmar dicha constancia, la cual solo puede ser extendida por el secretario municipal, explicó el abogado de la acusación privada.
El fallo de sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado de Letras de Santa Barbara fue apelado el 20 de agosto de 2021 por la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural, la Procuraduría General de la República y el Bufete Estudios para la Dignidad (BED), como acusador privado.
ORÍGENES DEL CASO AGUA ZARCA
De acuerdo con publicaciones del Ministerio Público, la “causa data del 15 de diciembre de 2017 cuando se promovió antejuicio en contra de los miembros de la Corporación Municipal de San Francisco de Ojuera”, incluidos regidores.
“De acuerdo a las investigaciones practicadas en forma conjunta con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), los funcionarios municipales tuvieron participación activa en los procesos que se siguieron al margen de la Ley para facilitar a la compañía Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) la puesta en operaciones de la represa «Agua Zarca» en el departamento de Santa Bárbara, en una clara violación a los derechos territoriales y sobre los recursos naturales ancestralmente protegidos de estas comunidades originarias”, compartió el MP en septiembre de 2020.
La causa Agua Zarca está vinculada al caso Fraude sobre el Gualcarque, pendiente de fallo, que involucra el otorgamiento ilegal de la concesión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en la comunidad indígena Lenca de Río Blanco. El exalcalde Raúl Pineda Pineda también figura entre los seis implicados.
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De igual forma, los casos Agua Zarca y Fraude sobre el Gualcarque están ligados a la causa Berta Cáceres, la ambientalista indígena Lenca asesinada –la noche del 2 de marzo de 2016– en su casa de habitación en el también occidental municipio de La Esperanza, Intibucá.
De hecho, el caso Fraude sobre el Gualcarque fue construido por la desaparecida Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción, con el acompañamiento de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (UFECIC-MACCIH), a partir de las denuncias realizadas por Berta Cáceres previo a su asesinato.
Por el asesinato de Cáceres siguen pendientes las sentencias firmes contra siete de los autores materiales y un coautor, condenados en 2019 y 2022, respectivamente, sin que hasta la fecha se llegue a los autores intelectuales del crimen.
A inicios de diciembre, se emitió un requerimiento fiscal con orden de captura contra Daniel Atala Midence, quien es vinculado en el asesinato de la lideresa indígena. Además es integrante de la familia Atala Zablah, principal accionista de la empresa DESA, en la que Atala Midence fungía como gerente financiero.
