Luego que diputados liberales confirmarán transferencias de entre 50 mil y 100 mil lempiras desde Casa Presidencial, sin justificación, vuelve a poner en duda la transparencia en el manejo de fondos públicos y la persistencia de prácticas discrecionales en el Congreso Nacional.
Hasta el momento ningún representante del Poder Ejecutivo ha dado detalles o justificado la entrega de estos recursos a diputados liberales, situación que genera suspicacias.
La práctica, conocida históricamente como “fondo departamental”, ha sido señalada por años como un mecanismo discrecional que permite a los congresistas gestionar recursos para asistencia social, pero que también ha sido cuestionado por su uso político y la falta de controles efectivos.
Tegucigalpa, Honduras. –Los cuestionados fondos departamentales o subvenciones, parecen ser una práctica común en las diferentes administraciones del Congreso Nacional, donde las y los diputados reciben recursos para “gestionar ayudas sociales”. El tema cobra relevación luego que legisladores del Partido Liberal confirmaran la recepción de depósitos provenientes de Casa Presidencial, con montos que oscilan entre 50 mil y 100 mil lempiras.
Este tipo de beneficios dirigido a los diputados, nació en el 2006, bajo el nombre de “Fondo Departamental”, durante la administración del expresidente Manuel Zelaya Rosales, derrocado en junio de 2009 tras un golpe de Estado, siendo Roberto Micheletti Bain titular del Congreso Nacional.
Esta forma de entrega de dinero a las y los diputados ha derivado en casos de corrupción que fueron investigados por la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC).
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En esta ocasión, la controversia se desató tras la denuncia pública de la diputada liberal Iroska Elvir, quien aseguró que recibió un depósito de 100 mil lempiras sin haberlo solicitado, mientras se encontraba fuera del país.
“El depósito decía: ‘Cien mil lempiras de Casa Presidencial’. Yo no pedí este depósito. En ningún momento lo solicitaría”, afirmó Iroshka Elvir, al tiempo que manifestó su molestia y rechazó cualquier vínculo con este tipo de beneficios que en administraciones pasadas derivaron en casos de corrupción.
Durante una entrevista brindada a medios de comunicación, el miércoles 8 de febrero, explicó que el depósito fue detectado tras regresar de un viaje al exterior, durante el cual permaneció incomunicada y sin acceso a sus cuentas bancarias ni a plataformas digitales.
La congresista sostuvo que, al verificar la transacción en el banco, el concepto indicaba que el dinero provenía de Casa Presidencial, lo que despertó sus cuestionamientos. “Es la pregunta que todos debemos hacernos. ¿Por qué de Casa de Gobierno? ¿Por qué me quieren comprometer?”, manifestó.
Según su versión, su intención inicial era devolver el dinero de forma discreta. Sin embargo, decidió hacer pública la situación tras declaraciones de su compañero de bancada, Mario Segura, quien la señalara de recibir prebendas del Gobierno. “
Por su parte, el jefe de bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, reconoció haber gestionado la solicitud de estos fondos ante Casa Presidencial, argumentando que responden a las constantes demandas de ayuda que reciben las y los diputados por parte de la ciudadanía.
“Son 100 mil lempiras para propietarios y 50 mil para suplentes. A todos los diputados nos piden ayuda: ataúdes, medicinas, uniformes y más. Mi deber es gestionarlo, y el de cada quien es liquidarlo”, declaró el congresista a un medio de comunicación.
Si los 41 diputados propietarios recibieron 100 mil lempiras cada uno y los 41 suplentes recibieron 50 mil lempiras, Casa Presidencial habría desembolsado 6,1050,000.00 lempiras para entregarlo a los congresistas.
Además, insistió en que este tipo de recursos deben ser utilizados para fines sociales y que cada legislador “es responsable de justificar su uso conforme a los procedimientos establecidos”.
En la misma línea, el diputado liberal Mario Segura confirmó haber recibido 100 mil lempiras, aunque aseguró que el dinero no influye en su postura política, luego de ser consultado por periodistas si esto ha condicionado sus votos a favor de juicios políticos contra funcionarios afines al Partido Libertad y Refundación (Libre).
“Sí, depositaron 100 mil lempiras que hay que liquidarlos, pero nosotros no somos tan baratos para vendernos por esa cantidad”, declaró, agregando que destinará los fondos a una iglesia en el departamento de El Paraíso.
Segura indicó que inicialmente desconocía el depósito, pero tras verificar su cuenta bancaria confirmó la acreditación, la cual, según dijo, fue gestionada por la jefatura de bancada liberal.
Por otro lado, diputados de las bancadas del oficialista Partido Nacional y el Partido Libre, han manifestado que no ha recibido este tipo de recursos.
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SE DEROGARÁ FONDO DEPARTAMENTAL, PARA DAR PASO A NUEVO MECANISMO DE AYUDAS
Entre tanto, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, restó responsabilidad directa al Poder Legislativo en este caso y lo calificó como un conflicto interno del Partido Liberal, aunque reconoció que cualquier diputado que reciba fondos públicos está obligado a rendir cuentas.
Zambrano anunció además que el Congreso se prepara para eliminar de manera definitiva el Fondo Social Departamental –mismo que fue derogado en agosto de 2023— mediante reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y a la Constitución.
Según explicó, el nuevo modelo de ayudas sociales contemplará que los diputados actúen únicamente como gestores, sin manejar directamente los recursos, los cuales serán transferidos de forma directa a beneficiarios como patronatos, juntas de agua, iglesias o personas que requieran apoyo.
“Va a existir un orden, transparencia y rendición de cuentas”, aseguró, al detallar que se creará una Unidad de Ayudas Sociales para administrar estos fondos.
No obstante, analistas en materia anticorrupción advierten que la problemática trasciende los cambios normativos y apunta a la persistencia de prácticas discrecionales en el manejo de recursos públicos entregados a diputados.
En ese sentido, el abogado y exintegrante de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Alex Navas, cuestionó la legalidad de estas transferencias y alertó sobre posibles irregularidades.
“Si solo fueron depositados sin ningún soporte ni decreto ejecutivo que los respalde, estamos frente a un acto irregular”, advirtió el jurisconsulto a través de su cuenta de X –antes Twitter—.
Navas recordó que mecanismos similares han derivado en casos emblemáticos de corrupción como: Red de diputados, Arca Abierta y Chequesol, e insistió en que este tipo de fondos debe ser investigado por el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
El caso reabre el debate sobre los límites entre la gestión social y el clientelismo político, en un contexto donde la demanda ciudadana de rendición de cuentas sigue en aumento.
