Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- Más de 127 organizaciones de sociedad civil y derechos humanos acudieron ante la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa, para interponer un recurso de amparo en favor de los afectados por la COVID-19 y los ciclones tropicales Eta y Iota.
Asimismo la acción pretende demandar a través del Poder Judicial, para que el Ejecutivo rinda cuentas de los fondos de emergencia tanto para el control de la pandemia, como para asistir a los afectados por los fenómenos naturales que dañaron al país el pasado mes de noviembre.
Con respecto a los fenómenos meteorológicos, las organizaciones expusieron a través de un comunicado: “el análisis del impacto de estos fenómenos naturales no puede reducirse a lo fenomenológico ya que sus efectos pudieron mitigarse en términos de pérdidas de vidas humanas y de bienes materiales con una gestión institucional con mayor sentido de responsabilidad y prevención”.
Las organizaciones concluyen que el Poder Ejecutivo es el principal responsable tanto de los daños materiales producidos por los huracanes, como de las víctimas mortales a raíz de los fenómenos.
El defensor de derechos humanos, Carlos del Cid habló sobre la acción interpuesta y también en torno a los resultados que esperan de ella: “estamos exigiendo la supervisión sobre el manejo que el Poder Ejecutivo ha hecho de los recursos para atender la pandemia de la COVID-19, como las emergencias de los ciclones tropicales, creemos que hay manejo irresponsable de miles de millones de lempiras por parte del Poder Ejecutivo, quienes en complicidad con COPECO e INVEST-H han cometido actos de corrupción y no han rendido cuentas”.
Del Cid enfatizó en que a raíz de los fenómenos tropicales hay casi 4 millones de personas afectadas y por eso es que se debe demandar que la asistencia gubernamental sea transparente y responsable.
En tal sentido el comunicado explica que: “las instituciones públicas a través de diversas acciones y omisiones en el antes, durante y después del paso de los huracanes incumplieron con el deber de alertar y dar opciones de evacuación a la población y con la obligación de prevenir de forma diligente, por lo que existe responsabilidad institucional por las muertes y pérdidas materiales.
Del mismo modo, existe responsabilidad por la ineficacia e insuficiencia en la atención de las personas afectadas, alojadas en condiciones indignas en albergues en todo el territorio nacional, expuestas a peligros, como los casos de violencia sexual en contra de niñas y niños, mismas que han sido reconocidas por la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia”.
Heidy Alachán quien forma parte de la Coalición contra la Impunidad, hizo referencia a las condiciones en las que se encuentran muchas personas en los albergues habilitados por el Gobierno, en los que no hay condiciones aceptables para asistir a las personas.
Por otra parte la COVID-19 es un riesgo latente en los albergues, por tal razón a través del amparo pretenden que se garantice la asistencia digna de la población afectada por los huracanes.
Según COPECO hay albergues habilitados para unas 89 mil personas a nivel nacional, cifra mínima en comparación a la cantidad de afectados que llega casi a los 4 millones de personas.
Por otra parte el dirigente de la Asociación Arcoíris, Donnie Reyes comentó que al tema de la COVID-19 hay que ponerle cuidado y sobre todo porque en los albergues hay personas que tienen VIH y eso los hace más vulnerable ante un posible contagio.
Por eso mediante la acción legal pretenden que se respeten los derechos de las personas que en la actualidad padecen de VIH y están expuestos a la COVID-19 en los albergues que el Gobierno administra.
El recurso fue introducido y será el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los que deben pronunciarse en las próximas horas para saber en primera instancia si se admite y luego someterlo a discusión y votación para tomar postura al respecto.
