La Unidad de Política Limpia ha establecido prohibiciones para el financiamiento político, pero la información de aportaciones relevantes está reservada y no accesible para la población. Además, debido a limitaciones logísticas y financieras del ente es difícil asegurar que no entre dinero ilícito en las campañas
Tegucigalpa, Honduras. – El viernes 22 de noviembre, la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF) dio a conocer las prohibiciones relacionadas con las aportaciones económicas que deben cumplir los partidos políticos en el marco de las elecciones de 2025.
Entre estas restricciones, se establece que los partidos no pueden recibir dinero de forma directa o indirecta, de entidades públicas, donaciones anónimas, deducciones a empleados del sector público, entes extranjeros, instituciones religiosas y solo puede recibir de personas con parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad.
El comunicado también resalta que está prohibido el uso ilícito de recursos estatales para actividades electorales, conforme al artículo 24 de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos.
No obstante, estas normativas enfrentan un obstáculo significativo: la falta de mecanismos efectivos de supervisión, ya que la Unidad de Política Limpia, ha señalado su limitada capacidad debido al insuficiente apoyo financiero.
De igual forma ni los auditores sociales, como la sociedad civil y los medios de comunicación, pueden garantizar que estas reglas se cumplan, ya que los datos sobre el financiamiento político están protegidos por reserva.
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CONTRADICCIÓN EN RESERVA
La reserva de información sobre los aportantes privados a campañas políticas tiene su origen en 2018, cuando la Unidad de Política Limpia, mediante el acuerdo 001-2023, respondió a una solicitud del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para proteger estos datos bajo reserva.
Esta medida establece que se considera información reservada los datos personales de toda persona natural o jurídica que realice aportes privados a campañas de cualquier nivel electivo, así como las bases de datos de la Unidad Técnica de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos relacionadas con contribuciones financieras.
La decisión fue ratificada en 2023, y ha sido objeto de múltiples recursos legales ante el IAIP. Esto se debe a que contradice el espíritu de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos.
En particular, el artículo 39 de esta ley prohíbe reservar información vinculada a la asignación y uso de los recursos de campaña, precampaña y otros gastos generales de los partidos políticos que provengan del presupuesto público. También establece que las aportaciones de particulares, independientemente de su destino, deben ser públicas y accesibles.
Este conflicto expone un choque entre el derecho a la transparencia y los intereses que buscan mantener en secreto aspectos fundamentales del financiamiento político.
Según el director del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), Gustavo Irías, la reserva de información no solo afecta la transparencia en el financiamiento político, sino que también obstaculiza el derecho de la ciudadanía a participar activamente y a ejercer su rol de auditoría.
Por lo que limita la posibilidad de conocer la procedencia de los recursos utilizados por los candidatos y sus partidos, así como el destino final de los fondos, debilitando la confianza en el sistema democrático.
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INCAPACIDAD
La falta de auditoría por parte de la sociedad civil y los medios de comunicación, sumada a las limitaciones logísticas y financieras de la Unidad de Política Limpia, impide garantizar que los recursos utilizados en las campañas políticas estén libres de vínculos con el narcotráfico.
Un claro ejemplo de esta realidad la reconoció Ivonne Ardón, comisionada de la Unidad de Política Limpia, quien en abril de este año admitió que “es difícil” identificar si un precandidato está recibiendo dinero en efectivo proveniente del narcotráfico.
Debido a que no solo debe depender de la Unidad de Política Limpia, sino que, se hace urgente implementar reformas legislativas que fortalezcan los mecanismos de supervisión y control del financiamiento político.
Además, dijo que es esencial incentivar la denuncia por parte de quienes tengan conocimiento de irregularidades, garantizar el acceso a datos y movimientos en el sistema bancario, y fomentar una participación activa de la sociedad en la vigilancia de estos procesos.
DESAFÍOS FINANCIEROS
La Unidad de Política Limpia, además de enfrentar obstáculos logísticos y administrativos en su tarea de auditar el uso de dinero ilícito en las campañas políticas, enfrenta también históricos retos financieros.
Desde hace años, se ha señalado la insuficiencia de apoyo presupuestario para esta entidad, de hecho, actualmente, esta problemática se agrava debido a un retraso en la aprobación de su presupuesto.
Según el diputado Hugo Noé Pino, presidente de la Comisión de Presupuesto en el Congreso Nacional, el retraso se debe a que aún no se ha emitido la opinión de la Secretaría de Finanzas sobre la aprobación.
Hugo Noé Pino, presidente de la Comisión de Presupuesto en el Congreso Nacional (CN). (Foto: Jorge Burgos/Criterio.hn)
A esto se suma que el proyecto de presupuesto fue entregado con retraso, llegando el 20 de noviembre de este año, no obstante, el diputado aseguró que esta semana será aprobado, ya sea el miércoles 27 de noviembre o en los primeros días de diciembre.
Según el analista Luis León, mientras los entes de auditoría sean designados por los propios partidos políticos, será casi imposible que se realice una supervisión efectiva, ya que este proceso se reduciría a una autoevaluación.
