Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-Para el abogado René Adán Tomé, exfiscal de la Constitución y ex magistrado de la Corte de Apelaciones, la forma como el Congreso Nacional pretende hacer las reformas electorales, es una violación a la Constitución de la República.
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“Estas reformas comienzan por modificar la Constitución de la República y eso es delicado porque la Constitución no se puede reformar de un día para otro y eso es lo que está pretendiendo el Congreso”, expresó el profesional de las ciencias jurídicas.
Estableció además que “los diputados que están siendo procesados por corrupción en la Corte Suprema de Justicia quieren agilizar reformas que les beneficien a ellos como todo lo que están haciendo ahora en el Congreso Nacional”.
Los congresistas pretenden hacer una reforma constitucional entre hoy y mañana, en primera legislatura y proceder a hacer la ratificación el viernes 25, en la nueva legislatura, con el propósito que “el pueblo no pueda protestar”, apuntó Tomé.
El experto en derecho constitucional enfatizó en que los congresistas pretenden engañar al pueblo y que su pretensión es muy grave, máxime cuando muchos de ellos, pese haber sido procesados por delitos contra la administración pública no han sido suspendidos de los cargos, cuando el Código Procesal Penal establece que cuando el delito es contra la administración pública, el juez debe proceder a la suspensión del cargo, para garantizar que las fuentes de pruebas no sean contaminadas.
Añadió que los diputados continúan contaminando las fuentes de prueba porque siguen manipulando y cambiando las leyes a su conveniencia.
Basado en los hechos anteriormente relatados, el abogado sostiene que a Honduras no le conviene que en este momento se haga una reforma electoral, hasta que no se dilucide jurídicamente los casos de corrupción contra los congresistas.
Por otra parte, recriminó que las reformas no son más que la creación de más burocracia, porque se está montando un Tribunal de Justicia Electoral, cuando para dirimir los actos que se desprenden de la administración pública, ya existe el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dentro de la Corte Suprema de Justicia.
Los partidos políticos representados en el Congreso Nacional han acordado suprimir el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y crear en su lugar, un Consejo Nacional Electoral y un Tribunal de Justicia Electoral. El primero para administrar los procesos electorales y el segundo para solucionar problemas, conflictos o reclamos originados de la actividad proselitista y electoral.
Los pactos sobre las reformas electorales han sido alcanzados entre las bancadas de los partidos Nacional, Libertad y Refundación (Libre), una facción del Partido Liberal, coordinada por Elvin Santos; Alianza Patriótica, Democracia Cristiana y Unificación Democrática.
Se apartan de dichos acuerdos, los diputados del Partido Innovación y Unidad –Social Demócrata (PINU-SD) y algunos diputados del Partido Liberal, afines al presidente de este instituto político, Luis Zelaya.
