Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.- De acuerdo al criterio de Reina Rivera Joya, defensora de derechos humanos y representante de DIAKONIA para Honduras, hay una perspectiva de franco deterioro de los derechos humanos en Honduras.
Recordó que en el año recién pasado el gobierno de Juan Hernández, descaradamente incumplió sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y señaló el caso de los jueces y la magistrada que fueron despedidos durante el golpe de Estado de 2009 y el caso de los pueblos garífunas donde ha habido un retraso malicioso por parte del gobierno para cumplir con la restitución de territorios para los pueblos indígenas.
Destacó que el 2016 fue un año muy duro para los defensores de derechos humanos, recursos naturales y de la tierra, recordando el asesinato de la lideresa indígena Berta Cáceres y del presidente del MUCA, Ángel Flores y de otros defensores en diferentes ciudades del país, que aumentaron la petición a los fondos de emergencia para proteger a los defensores que estaban siendo amenazados.
Rivera recordó que, todo ese entorno se da en el marco de una política de tolerancia del gobierno y en el marco de políticas de seguimiento que todo apunta que son los aparatos de inteligencia y de seguridad del Estado y en algunos casos con participación de actores privados que es el caso de los defensores ambientales que son perseguidos por las alianzas entre los poderes fácticos de la minería y generación de energía y sectores armados del país.
Hay muchos retrocesos en la legislación, pero cuestionó que pasará si el Código Penal permite la criminalización de defensores y está incorporando nuevas figuras para aumentar esa criminalización que vendrán a deteriorar más la situación críticas que viven los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras.
Las reformas que quiere introducir el Poder Ejecutivo en el Congreso Nacional y que ha anunciado que las va a aprobar por simple mayoría, o sea que bastará con los diputados nacionalistas, Liberales, los ex de Libre y los ex del Pac y aprobarán leyes que van a profundizar la criminalización y que policía y militares apliquen una serie de medidas contra las personas sin necesidad de control judicial.
Cada vez se ha ido deteriorando el rol que pueden tener los jueces y los fiscales para detener los abusos y las arbitrariedades de los cuerpos armados, que en materia de derechos humanos, hay una serie de garantías constitucionales donde preserva que sean los jueces quienes puedan tomar decisiones finales sobre derechos y libertades.
Finalmente Rivera Joya apuntó que, se les está dando poderes a los cuerpos represivos del Estado para que reprima a los miembros de la oposición, a los defensores e incluso a los mismos medios de comunicación que osen hablar en contra.
