Por: Precious Matsoso, Paulo Buss y Leigh Kamore Haynes
CIUDAD DEL CABO/RÍO DE JANEIRO/BRUSELAS – El consejo de administración de la Organización Mundial de la Salud, compuesto por ministros de salud de distintos países, ha respondido a un llamado de decenas de líderes mundiales para elaborar un nuevo tratado internacional sobre preparación y respuesta a pandemias, y para ello celebrará una sesión especial en noviembre próximo. Es un paso positivo, pero se necesita mucho más para una respuesta global al COVID-19 y una adecuada preparación para las pandemias del futuro.
Como ha demostrado la crisis del COVID-19, la infraestructura sanitaria global actual sencillamente no está a la altura de la tarea de manejar –por no decir prevenir- una pandemia. Pero también la pandemia ha mostrado crudamente que no debemos centrarnos solamente en brotes de enfermedades infecciosas: también debemos responder a la pandemia de desigualdad que la crisis ha puesto al descubierto.
Cada año, más de 16 millones de personas en países de ingresos bajos y medios mueren por causas evitables. La gran mayoría son relativamente pobres, con acceso limitado a la educación, marginadas o viven en países de bajos ingresos. En otras palabras, como la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de la OMS señalara hace más de una década: “La injusticia social mata a gran escala”.
La única vacuna para esta pandemia es una infraestructura sanitaria global basada en principios de igualdad y derechos humanos. Más allá de reducir radicalmente las muertes evitables, un enfoque así complementaría de forma crucial la propuesta de un tratado para fortalecer la preparación y respuesta ante pandemias mundiales. Es por eso, que promovemos una Convención Marco sobre Salud Global (FCGH, por sus siglas en inglés), otra propuesta de tratado que se sustente en el derecho a la salud.
El derecho a la salud va más allá de responder a emergencias como el brote de coronavirus, para abarcar una responsabilidad de asegurar el acceso universal a los condicionantes subyacentes a la salud, como una alimentación nutritiva y los cuidados preventivos. En tanto se pasen por alto estos factores, las poblaciones pobres y marginadas seguirán sufriendo de manera desproporcionada enfermedades como diabetes e hipertensión, que aumentan el riesgo de sufrir complicaciones y muerte por otras enfermedades, como la pandemia de COVID-19.
El derecho a la salud también exige rendición de cuentas, lo que implica un monitoreo independiente, compensación por infracciones y medidas para prevenir su repetición. Con ello se reduciría la corrupción y llegaría a sistemas sanitarios más sólidos que protejan a los trabajadores de la salud y al público en general, usen los fondos de manera eficiente y asignen los recursos y servicios de manera equitativa.
Este último punto es crucial. Es más que probable que las poblaciones marginadas, como los migrantes, acaben dependiendo de los sistemas sanitarios públicos. Sin embargo, las instalaciones de salud accesibles a estas comunidades a menudo no rinden cuentas o tienen asignados recursos insuficientes. En un sistema basado en el derecho a la salud, se asignarían los recursos de acuerdo a las necesidades, más que la riqueza o los contactos, produciendo resultados sanitarios más equitativos.
La equidad y la rendición de cuentas son esenciales para la confianza pública, lo que a su vez reduciría las dudas a la hora de decidir vacunarse y aseguraría un amplio cumplimiento de medidas de salud pública durante los brotes de enfermedades, como el uso de mascarillas y el distanciamiento social. Otras formas de cimentar confianza es la toma de decisiones participativa y una sensación de propiedad pública sobre los sistemas de salud.
La FCGH podría apoyar la creación de esos sistemas de salud estableciendo estándares claros y significativos, como la plena inclusión de las poblaciones marginadas. También pondría a disposición de los países herramientas y orientación útiles, como mapas de ruta completos, programas de acción nacionales y evaluaciones de impacto. Además, incluiría compromisos concretos para que los países avancen en la construcción de sistemas sanitarios basados en el derecho a la salud.
Esos compromisos también contemplarían la participación del sector privado. Por ejemplo, la FCGH podría obligar a que los gobiernos incluyan cláusulas en sus contratos con entidades privadas que aseguren el acceso universal a las tecnologías médicas que desarrollen (como las vacunas). Esto se podría lograr con precios asequibles, el uso compartido de la tecnología y los conocimientos prácticos, la apertura de datos y el otorgamiento de licencias. Un marco de trabajo para el financiamiento nacional e internacional, adaptado a los contextos nacionales mediante procesos participativos, ayudaría a asegurar recursos suficientes.
Un tratado como el propuesto se afianzaría con un régimen integral de rendición de cuentas, incluido el monitoreo y la elaboración de informes por actores independientes, estrategias para superar insuficiencias de implementación, e incentivos creativos, como favorecer a ciudadanos de los países con mejor desempeño para ocupar puestos de liderazgo en organizaciones que velen por la salud mundial. También se necesitarían sanciones realistas, como el retiro a los gobiernos de la asistencia sanitaria internacional y su asignación a ONG que den respuestas en áreas que no cumplan con los objetivos.
Ciertamente la seguridad, e incluso la equidad sanitaria global, podrían beneficiarse de un tratado centrado específicamente en la preparación y respuesta a las pandemias, por ejemplo, en el tema del acceso a las vacunas. Es positivo que la comunidad internacional dé pasos en esa dirección.
Pero el COVID-19 expuso más que solo nuestra falta de preparación para una pandemia: también puso al desnudo la amplitud de las desigualdades sanitarias sistémicas y cómo estas pueden exacerbar una crisis de salud pública, poniéndonos a todos en riesgo. Al impulsar la cooperación, la rendición de cuentas y la equidad, la FCGH mejoraría la seguridad sanitaria global, no en menor medida mediante la ayuda a prevenir el avance de las nuevas amenazas a la salud pública. Por esta razón los líderes mundiales deben iniciar con urgencia un proceso destinado a crearla.
Como Tedros Adhanom Ghebreyesus recalcara en marzo, un tratado contra las pandemias fortalecería la infraestructura sanitaria internacional. Pero la FCGH la transformaría.
Precious Matsoso, ex directora general del Departamento de Salud de Sudáfrica y ex presidenta de la Junta Directiva de la Organización Mundial de la Salud, es miembro del recientemente creado Panel Independiente sobre Preparación y Respuesta a las Pandemias. Paulo Buss, Director del Centro para la Salud Global de la Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), es Presidente de la Alianza Latinoamericana de Salud Global. Leigh Kamore Haynes, profesor de la Universidad Simmons, es Jefe de la Alianza para la Convención Marco sobre Salud Global.
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