(Plan de gobierno de Libre)
Por: Rodil Rivera Rodil
Antes he escrito que los planes de gobierno de los partidos políticos muy pocas veces son tomados en cuenta por la ciudadanía en las elecciones de América Latina y que Honduras no ha sido la excepción. Sin embargo, todo indica que en esta ocasión sí lo será el proyecto presentado por Libre. Y ello, paradójicamente, porque los conservadores del país y, particularmente, los voceros del Partido Nacional, el presidente Hernández incluido, ya lo comenzaron a atacar, difundiendo falsedades y tergiversando su contenido. En otras palabras, sus mayores adversarios se han convertido, sin quererlo claro está, en sus mejores publicistas.
La explicación es sencilla. El programa de Libre es el único que incluye propuestas para llegar a la raíz de los problemas torales del país. El primero, quizás, que en nuestra reciente historia puede realmente calificarse de “proyecto de país”. Con el que tanto han soñado nuestros mejores intelectuales. Como era, entonces, de esperarse, ha suscitado la ira de los neoliberales criollos, pero también la preocupación de los que piensan que pueden salir perjudicados por él. Sin olvidar que los conservadores, por definición, son alérgicos a toda idea de cambio, por mínimo que sea.
Por razones de espacio, me referiré, muy someramente, a solo 6 de los 16 puntos del plan de Libre:
1.- “Impulsar un modelo económico alternativo que se fundamente en fortalecer y hacer crecer el rol del estado en la Economía, especialmente en las áreas estratégicas y servicios públicos, y formulación y ejecución de políticas públicas dirigidas al fortalecimiento de los diferentes tipos de empresas y de propiedad: Estatal, Mercantil/Privada y Social, como las cooperativas, cajas rurales, y los emprendimientos solidarios”.
La presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmó el pasado viernes 17 de septiembre en un evento celebrado en Londres que “el sistema capitalista ha generado desigualdad entre los estadounidenses debido a la explotación» laboral”.
Lo dicho, nada menos que por la señora Pelosi, no hace más que ratificar lo demostrado en el 2013 por el economista francés, Thomas Piketty, con la más completa y rigurosa investigación que hasta ahora se ha efectuado sobre el tema. Esto es, que el sistema capitalista, por su propia dinámica, genera desigualdad. Aunque esta puede ser atemperada mediante diversas medidas, que él llama de “convergencia”; entre ellas, por un alza de la productividad, el progreso técnico, el mejoramiento de la educación, la cantidad y calidad del gasto social y, sobre todo, por la redistribución de la riqueza y del ingreso a través de reformas tributarias.
Piketty recuerda que en los treinta años que siguieron a la terminación de la Segunda Guerra Mundial, las grandes potencias, encabezadas por los Estados Unidos, pusieron en práctica las mencionadas políticas con tan notable éxito que desde entonces son conocidos como los “Treinta gloriosos años”. Pero que estos terminaron de manera abrupta a finales de la década de los setenta del siglo pasado con el advenimiento del neoliberalismo que proclamó el drástico recorte del papel del Estado en la economía y la libertad absoluta del mercado, con lo que el ritmo de la desigualdad no solo se reanudó, sino que se disparó brutalmente.
Y apenas unos pocos años más tarde, el tremendo impacto de la crisis económica del 2007-2008 terminó con cualquier duda que hubiere quedado en las grandes mayorías, y en la clase media en particular, acerca de que el modelo neoliberal solo había servido para acrecentar al máximo la pobreza y la miseria, y llevar la desigualdad a niveles nunca vistos. Y por si no bastara, la pandemia puso al desnudo el desmantelamiento que la privatización neoliberal causó a los sistemas de salud de prácticamente todo el mundo.
En Honduras, además de la costosa factura que hemos pagado por la privatización de la educación, de la salud y de todo cuanto se puede privatizar, hemos sufrido la galopante corrupción que trajo consigo el gobierno neoliberal de Juan Orlando Hernández. Y ya nadie puede negar que su desastrosa y corrupta gestión de la pandemia nos condujo al límite de nuestra resistencia.
La próxima justa electoral, por consiguiente, nos ofrece una nueva oportunidad de sustituir el modelo económico y social que, en mala hora, implantó el gobierno nacionalista de Rafael Leonardo Callejas hace tres décadas por uno nuevo, incluyente y racional, capaz de generar riqueza y, a la vez, de distribuirla equitativamente.
Pero debe saberse que el modelo económico, de inspiración socialista democrática, sustentado en una democracia participativa -no en la tradicional solo representativa- que impulsa Libre, no comienza a funcionar, mágicamente, de la noche a la mañana. Se trata de un proceso que implica ir desmontando el que se quiere reemplazar y, a la vez, construyendo el nuevo mediante una serie de decisiones y medidas, como las contempladas en los diversos puntos de su programa.
Y, como toda nueva construcción, será imprescindible sentar primero una base lo más sólida posible que evite que la derrumben los embates de la oposición que, inevitablemente, surgirá en el camino. Y justo por tal razón, se vuelve indispensable que sea ratificada por el pueblo en una asamblea constituyente originaria.
2.- “La celebración de una Asamblea Nacional Constituyente que se convocará el primer día de gobierno por medio de una consulta al soberano”.
Una constituyente originaria o fundacional es aquella en que el pueblo, en uso de su poder soberano, manifestado a través no solo de los partidos políticos sino de representantes de sus distintos sectores directamente elegidos, acuerda un nuevo pacto social, es decir, la forma o reforma de su sistema de gobierno y, desde luego, de su régimen económico y social.
Será, por tanto, distinta de las anteriores, las cuales, salvo algunas variantes de importancia, se limitaron a aprobar constituciones que no fueron más que copias unas de otras. Y justo por ello, es la única que puede imprimirle a esta Carta Magna la legitimidad que requerirá.
Los que en Honduras son contrarios a que emitamos una nueva constitución, y sobre todo originaria, alegan que en la actual no está prevista la convocatoria a una constituyente y que las constituciones nunca han cambiado nada. En cuanto al primer argumento, la lógica del derecho y del discurrir de la vida lo vuelve absurdo. Todo cambia constantemente. Y mucho más rápido que la naturaleza lo hace la sociedad humana. Por lo que los hombres jamás pueden impedir el cambio, aunque quisieran. Y por lo que, tampoco, pueden prohibírselo a sí mismos por toda la eternidad.
Y sobre el segundo razonamiento. En efecto, las constituciones, por regla general, no cambian nada, pero únicamente porque no son aplicadas o lo son torcidamente. Si la que tenemos en vigencia, por ejemplo, se hubiera acatado con fidelidad, el agro hondureño habría experimentado una radical transformación a favor del campesino hondureño. Y en lugar de haber caído en el completo olvido, la reforma agraria sería desde hace cuarenta años el quehacer fundamental de la nación. Y, como consecuencia, tendríamos un país más desarrollado y con mucha mayor igualdad social. Leámos, si no, las siguientes disposiciones de la actual Constitución de la República:
“Artículo 344.- La Reforma Agracia es un proceso integral y un instrumento de transformación de la estructura agraria del país, destinado a sustituir el latifundio y el minifundio por un sistema de propiedad, tenencia y explotación de la tierra que garantice la justicia social en el campo…, y”,
“Artículo 345.- La Reforma Agraria constituye parte esencial de la estrategia global del desarrollo de la nación, por lo que las demás políticas económicas y sociales que el gobierno apruebe deberán formularse y ejecutarse en forma armónica con aquélla…”
Los que adversan, pues, el derecho de los hondureños a convocar a una constituyente que promulgue una constitución originaria, lo hacen porque asumen, tal como ha acontecido siempre, que sus preceptos serán incumplidos por sus mismos autores. O, a lo mejor, porque, precisamente, están seguros de que Libre sí los cumplirá.
3.-“Sin ceder soberanía, procuraremos la creación de una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, bajo la asesoría de las Naciones Unidas”.
En este punto, creo innecesario comentar el pánico que, por razones más que obvias, inunda a muchos funcionarios, diputados y políticos, principalmente del Partido Nacional, cuando oyen hablar de estas comisiones. Y a los que no tienen nada que ocultar, y aun así las rechazan invocando un nacionalismo mal entendido, me permito señalarles que esta actitud es carente de consistencia y luce más de fariseos que de hondureños preocupados por la espantosa corrupción que nos agobia.
Lo anterior, porque jamás hemos pedido tanta ayuda al extranjero como desde el huracán Mitch. Y para todos los campos y actividades que conciernen a los tres poderes del Estado, sin excepción alguna: para la educación, para la salud, para la seguridad pública, para las fuerzas armadas. En fin, para todo. Y, muy especialmente, para el poder judicial.
¡Si hasta legalizamos la extradición! Y aparte de la presión que ejerció el gobierno norteamericano, la única justificación que pudimos aducir fue la aceptación de nuestra incapacidad para administrar justicia. Y menos con imparcialidad. Pero tampoco debemos sentirnos avergonzados. Admitir nuestra realidad y tener el valor para enmendarla es meritorio.
Y estoy seguro que a Libre no lo van a coaccionar con leguleyadas ni con falsos patriotismos. La CICIH será dotada con las atribuciones que sean necesarias para acompañar al gobierno en la lucha frontal e implacable que se está comprometiendo a dar contra la corrupción. Y dada su magnitud, lo ideal sería que el trabajo de la CICIH sea complementado con una nueva Corte Suprema de Justicia y un Ministerio Público compuesto de magistrados y fiscal general escogidos por un mecanismo que asegure que los calificadores no conozcan a los calificados y que los que resulten seleccionados no puedan ser desplazados por el Congreso Nacional, a cuyo cargo solo correrá la investidura de los mismos.
Pero si en el próximo congreso no se produce la concertación que se requiere para adoptar el nuevo sistema de escogencia de estos cargos, al menos podremos contar con una CICIH que, con el apoyo que la MACCIH nunca tuvo, pueda lograr más y mejores resultados que esta.
4.- “Concertar una reforma tributaria que proporcione mejor las desigualdades en el pago de impuestos. Un impuesto único a las grandes fortunas Eso incluye una reducción de las exoneraciones, combatir frontalmente la evasión fiscal, eliminar lagunas del Código Tributario a favor de grupos de privilegio y velados intereses políticos, y mejorar el conjunto de la administración tributaria”.
Hace ya varios años que los políticos, sin excluir a los propios nacionalistas, vienen hablando de la revisión de la inequitativa política tributaria que tenemos desde hace muchísimos años, sin excluir las exoneraciones fiscales que se llevan el 7% del Producto Interno Bruto (PIB). Aunque siempre supimos que no harían nada. De hecho, las exoneraciones han ido aumentando sin cesar. Y nadie ignora que si el juanorlandismo se queda en poder nos esperan permanentes subidas del presupuesto nacional, empezando por el del 2022, que solamente podrán ser financiadas con otras tantas alzas de impuestos, tal como lo ha denunciado el COHEP.
De otro lado, la pandemia ha contribuido a despertar la conciencia social en todo el mundo. Los países desarrollados han decidido intentar contener un poco el terrible incremento en la desigualdad que esta desencadenó. Al grado que, con este propósito, fueron los propios Estados Unidos los que llevaron la iniciativa al G7 para su histórico acuerdo destinado a gravar los beneficios de las multinacionales con una cantidad mínima, pero que será igual para todos, de al menos el 15%.
Honduras, pues, está obligada a hacer algo al respecto. Sin embargo, ahora que Libre lo incorpora en su plan de gobierno y que saben que sí lo va a poner en práctica, es cuando los que temen salir afectados ponen el grito en el cielo. Tan acostumbrados están a las exoneraciones, aunque ya no las necesiten o nunca las necesitaron, que se olvidaron que esos recursos no les pertenecen. Y a los que, hasta por una elemental muestra de honradez, hace tiempo que debieron renunciar.
Igual puede decirse del temor a una moderna legislación tributaria que pueda suscitar una más justa distribución de la riqueza. Y a la que debieran consentir, aunque sea por mera solidaridad con los centenares de miles de nuestros compatriotas que han sido golpeados por la pandemia.
5.- “Planificación del Estado: El Estado retoma su responsabilidad de planificar todas sus políticas y actividades sociales, económicas, seguridad y medio ambiente, hasta alcanzar el desarrollo social equitativo”.
He aquí una odiosa noticia para los neoliberales. La planificación de la economía. Un principio económico cuya simple lógica cae por su propio peso. Pero que contradice totalmente su disparatada tesis de que la actividad económica debe dejarse exclusivamente a las ciegas fuerzas del mercado. Y eso que está más que comprobado que una de las causas de las crisis del capitalismo radica en la ausencia de planificación. Y, por si fuera poco, que esta es ineludible en toda empresa mercantil, sin excepción, que desee mantener su rentabilidad.
Pero el feroz rechazo de los neoliberales a la planificación también obedece a que esta conlleva una obligatoria supervisión de las grandes corporaciones, cuya mecánica, si no hay ningún control sobre ellas, las lleva invariablemente a desarrollar prácticas monopolistas y a ejercer dominio sobre el Estado. Ahora mismo China y los Estados Unidos están coincidiendo en imponer drásticas leyes para combatirlas. El pasado 9 de julio, para el caso, el presidente Biden denunció las “distorsiones y manipulaciones del mercado en sectores de finanzas, tecnología, transporte, sanitario y farmacéutico, agrícola y otros, que han resultado monopolizadas como resultado de la prolongada ausencia del Estado”.
En Honduras, además, la supresión de la planificación que instauró el modelo neoliberal es otro ejemplo de que la Constitución de la República para el gobierno de Juan Orlando Hernández y para casi todos los que hemos tenido desde 1990, ha sido puro papel mojado, por lo que no les ha importado violar flagrantemente lo dispuesto en su artículo 329:
“Artículo 329.- El Estado promueve el desarrollo económico y social, que estará sujeto a una planificación adecuada…”
6.- “Buscaremos establecer las más cordiales y amistosas relaciones diplomáticas con la República Popular China y con las comunidades de países asiáticos y africanos que quieran relacionarse con nosotros”.
No dejó de sorprenderme la advertencia que lanzó un conocido político sobre que si emprendemos relaciones diplomáticas con la China continental le estaremos “tocando las barbas al tigre”. ¡Por favor! Que no se le va a pedir a los chinos que instalen en la Mosquitia una base de proyectiles teledirigidos con cabezas nucleares apuntando a los Estados Unidos.
China mantiene relaciones diplomáticas con 21 países de América Latina. Y en Centroamérica, con Panamá, Costa Rica y El Salvador. Somos, pues, de los pocos que no lo hemos hecho, desconociendo el innegable beneficio que puede reportarnos. Y no se trata de pelearse con Taiwán. Es justo reconocer la ayuda que nos ha proporcionado durante muchos años. Pero, tanto como es de su conveniencia conservar las relaciones con nosotros, también es la de Honduras iniciarlas con la República Popular. Y tampoco es culpa nuestra que no podamos tenerlas con ambas, como sería lo deseable.
Se olvida que China ya es el segundo socio comercial de América Latina y el Caribe y, desde el 2017, el primero de América del Sur. Y que en Honduras vamos por similar camino. Piénsese, nada más, en la cantidad cada vez mayor de productos que importamos del país asiático, por cierto, a precios inferiores a los que compramos al resto del mundo.
A estas alturas, puede afirmarse, por decir lo menos, que luce muy poco patriótico oponerse a que establezcamos relaciones diplomáticas con la segunda potencia económica del planeta, y en camino a ser muy pronto la primera, solo porque los Estados Unidos podrían “molestarse”. ¡Vaya! ¡Si hasta Juan Orlando estaba de acuerdo! Y quién sabe, algo podríamos aprender de un país que en cuarenta años consiguió sacar a 800 millones de sus habitantes de la pobreza.
Y quienes critican la idea son, en su mayoría, periodistas financiados por Taiwán, o bien, se trata de esos compatriotas que todo el tiempo quieren quedar bien con los norteamericanos. Pero el colmo sería, como muy bien puede suceder, que las dos potencias terminen conciliando sus diferencias y los anti-China queden en el ridículo o, según suele decirse, como más papistas que el papa.
En conclusión, pienso que el mejor homenaje que podremos hacer al bicentenario será dar comienzo a una etapa de verdaderos cambios en Honduras, para lo cual es indispensable remover el mayor obstáculo que lo impide, cual es el juanorlandismo neoliberal y corrupto, recordando que usamos este nombre porque prácticamente todos los candidatos a los cargos de elección popular del Partido Nacional fueron directamente designados por Juan Orlando. Por lo que, de triunfar este, solo sería una continuación del anterior.
Hoy es innegable que Libertad y Refundación, como lo acreditan las encuestas, es el partido mejor posicionado de la oposición para ganar las elecciones. Al igual que su programa, como acabamos de ver, no es para maquillar nuestros problemas, sino para ofrecer una alternativa seria y progresista que permita sacarnos de la enorme postración en que nos hallamos. Y conseguir, como diría Ramón Oquelí, que nos libremos de la catástrofe.
Tegucigalpa, 22 de septiembre de 2021.
