Por: Rodil Rivera Rodil
La semana pasada volvió de nuevo a los principales titulares de los medios el escándalo de los hospitales móviles. Ahora debido a que el intermediario -¿o cómplice-, el guatemalteco Axel López está demandando la bicoca de casi 38 millones de lempiras por la traída de los mismos, según lo dio a conocer el general Ernesto Leva Bulnes, titular de la Junta Interventora de Invest-H.
Qué bien que esto haya surgido antes de las próximas elecciones. Para que el pueblo hondureño no olvide tan pronto al gobierno más corrupto y vinculado al narcotráfico que jamás hemos tenido en nuestra historia. Y cuyos casos más emblemáticos han quedado marcados con imborrable huella en la adquisición de estos hospitales y en el juicio contra el hermano del presidente en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
La noticia sirvió también para que al fin saliera a luz el contrato del doloso negocio. El cual, sospechosamente, solo fue elaborado en idioma inglés. Invest-H debe, por consiguiente, publicar este documento debidamente traducido. Así saldremos de la duda de si en él figura, como se ha dicho, la cláusula de “llave en mano”, conocida en la jerga mercantil internacional por la expresión inglesa “turnkey contract”. Que “normalmente consiste en que el comprador recibe la infraestructura de que se trate ya en funcionamiento sin tener que realizar ni burocracia ni otras formalidades; muchas veces ya tiene hasta el mantenimiento asignado”.
Ello porque sería inconcebible que ni siquiera hubieran pactado su instalación como, por su complejidad, lo aconseja el mero sentido común. A propósito, qué estaría pensando el director de Invest-H en junio del año pasado cuando tuvo la ocurrencia de asegurar: “Los hospitales estarán llegando los primeros días de julio y una vez lleguen la instalación se hará en 3 a 5 días porque ya vienen con todo integrado adentro”.
Muchos nos hemos preguntado por qué el Ministerio Público no ha podido concluir la investigación sobre este monumental desfalco. La justificación que brinda, de que antes de proceder contra los presuntos responsables necesita de cierta información que solicitó desde hace no sé cuántos meses a los Estados Unidos y a Turquía y que aún no le ha venido, jamás ha sido creíble.
No obstante, por las recientes declaraciones de uno de sus voceros comenzamos a entender que lo que la fiscalía y la Procuraduría General han estado haciendo es, supuestamente, localizando al señor Axel López y consiguiendo pruebas contra él. Digo, supuestamente, porque no se les ve mucho empeño en hallarlo. Y luce muy raro que este señor, sabiéndose buscado, no tenga ningún temor ni reparo en reclamar con tanta seguridad 38 millones de lempiras más, aparte de los millones de dólares que ya recibió. ¿No será porque si lo encuentran podría confesar algo inconveniente?
Como sea, es obvio que JOH ha ordenado a la fiscalía que se olvide de los funcionarios de este gobierno que llevaron a cabo el nefasto trato. Como si en Honduras no hubiera ningún culpable, o más bien, como si la transacción hubiera sido tan transparente como el agua. Como si, amén de lo turbio de la negociación, pagar todo el precio de 48 millones de dólares por adelantado es lo más sabio que ha hecho JOH en toda su vida, además, desde luego, de reelegirse inconstitucionalmente.
No hay duda de que se nos quiere tomar el pelo. Pues pocas veces hemos presenciado un acto de corrupción más burdo y fácil de dilucidar que este.. Veamos. La orden precisa para la compra directa de los hospitales la envió JOH a la entonces secretaria de salud para que esta, a su vez, la hiciera llegar al director de Invest-H. Cuando se desató el escándalo, la ministra informó que había remitido una copia de la misma al Congreso Nacional. Y, posteriormente, y ya por su cuenta, envió otra al periodista Edgardo Melgar, quien la leyó íntegra en su programa de televisión.
El Consejo Nacional Anticorrupción, por su parte, presentó evidencias de que el sobreprecio pagado -léase “comisión” o “movida”- excedía los treinta millones de dólares. Poco después, el licenciado Jorge Bueso Arias, cuyo banco maneja un fideicomiso para la compra de insumos para la pandemia, en una entrevista que ofreció a Radio América recomendó a la fiscalía que, cuanto antes, diera seguimiento a las transferencias que realizó Invest-H para el pago de los hospitales y así establecer de manera indubitable quién o quiénes fueron sus beneficiarios finales.
De haberse tomado en cuenta la sugerencia del licenciado Bueso Arias a estas alturas muy probablemente ya tendríamos la respuesta a la gran pregunta: “dónde está el dinero”. Al menos el de los hospitales móviles. Tal como en 1975, en cuestión de días la comisión designada por el propio poder ejecutivo para investigar el famoso “bananagate”, con solo realizar un viaje a Nueva York y a Suiza siguiendo, justamente, la pista de una transferencia bancaria resolvió el caso y rindió un completo informe a la nación. Dicho sea de paso, conviene recordar que el “bananagate” condujo a la caída del “hombre fuerte” de aquella época, el general Oswaldo López Arellano. Es decir, el JOH de hoy.
Cabe preguntar. ¿Por qué el Ministerio Público no atendió la propuesta del licenciado Bueso Arias? ¿Por qué no ha interrogado al presidente Hernández sobre la orden que impartió a la ministra de Salud para la compra directa de los hospitales? Y en definitiva. ¿Por qué este no ha ofrecido en cadena nacional y en una conferencia de prensa las más amplias explicaciones a toda Honduras acerca de su verdadero papel en este tortuoso asunto? Y en la que, por supuesto, permita que periodistas independientes le hagan las preguntas que consideren convenientes.
No ignoro que algún lector avisado me pudiera replicar: “no sea ingenuo abogado. Si las cosas funcionaran así en Honduras, ahora mismo el doctor Mauricio Oliva se estaría adelantando al fraude que le está preparando JOH para hacer ganar las internas a Nasry Asfura y estaría concertando con la oposición una forma, lo más constitucional posible, para suspenderlo de presidente mientras resuelve los cargos que le hace la fiscalía de Nueva York, que cada vez son más humillantes para la dignidad del país”. ¿Y saben qué? Le daría la razón.
Estamos ante la absoluta necesidad de que este régimen sea expulsado del poder en los próximos comicios. Pero para ello, es indispensable la unidad de la oposición, incluyendo a las organizaciones sociales y gremiales que, en buena medida, ya se hallan aglutinadas contra JOH. Con todo el respeto que me merece, el ingeniero Luis Zelaya debe dejar más clara su posición sobre una alianza global que incluya al Partido Libre. Y un saludable consejo. En señalamientos de corrupción no es conveniente generalizar, salvo si se refiere a este gobierno, que es corrupto hasta la médula.
Un error de cálculo puede significar una mayor división en el liberalismo. Si el ingeniero Zelaya gana las internas, pero rechaza la unidad total, puede perder un importante volumen de votos. La razón es muy clara. El liberalismo repudia a JOH y votará por quien crea que tiene más probabilidades de derrotarlo. Y no hay que olvidar que Libre y el Partido Liberal, sobre todo en sus bases, son parientes cercanos. Así es la política en la vida real. No como solemos idealizarla.
Tegucigalpa, 10 de febrero de 2021.
