Por: Rodil Rivera Rodil
Ya no existe duda, si alguna vez la hubo, de que la corrupción y la improvisación constituyen el modus operandi del gobierno de JOH. Ambos términos tienen distinto significado y son, por definición, independientes uno del otro, pero aquí se han conjugado de tal manera que se han vuelto un binomio inseparable, por lo que no es nada fácil determinar cuál de las dos causas daño más al país.
Muchos creímos, por ejemplo, que Invest-H sería disuelta después de la vergüenza nacional en que se ha convertido, no sin antes, desde luego, pasar un buen tiempo bajo investigación. No solo por la corrupción durante la emergencia y, en particular, por la compra de los hospitales móviles, sino por la de toda su historia, al menos desde que cesó en sus funciones con la Cuenta del Milenio y pasó a administrar los cuantiosos recursos destinados a la red vial del país, es decir, desde hace ya más de diez años.
Pero no. La Junta Interventora, o mejor dicho, el disfraz con que JOH se la entregó a las Fuerzas Armadas, en ese afán obsesivo de militarizar el país, lleva ya cinco de los seis meses por los que fue nombrada y lo único que ha hecho es seguir manejando (?) sumas multimillonarias e intentar justificar la adquisición de los hospitales móviles. Con tal fin, se gastó más de trescientos mil lempiras en enviar a Turquía una comisión “supervisora” de los mismos. ¿De cuánto dinero habrá dispuesto Invest-H a su antojo y sin ningún control desde que fue creada y, lo más importante, ¿a cuánto ascenderá el fraude fiscal para el que ha servido en todo este tiempo?
Tómese nota de que, únicamente para este año, su presupuesto ascendía a casi ¡58 mil millones! de lempiras. Y que solamente en la compra de los hospitales móviles el desfalco fue superior al 70 por ciento de su precio, o sea, más de ¡800 millones! de lempiras! Y aún no hay nadie requerido ni sometido a juicio por el Ministerio Público, pues este arguye, a seis meses del escándalo, que sigue en espera de información de Turquía, Estados Unidos y no sé de dónde más. ¿Y si nunca la recibe?
Y es que todo apunta a que Invest-H sería la monstruo insignia de la corrupción de la administración de JOH. Repare el lector en que casi siempre es la seleccionada cuando surgen programas millonarios. No importa que tenga experiencia o no. Lo mismo se hace cargo de carreteras que de hospitales fijos o móviles y de toda clase de insumos para pandemias. De lo que sea. Ahora es que también es experta en represas hidroeléctricas. Ya fue designada como la unidad de financiamiento del BID para la construcción de la represa Jilamito en Tela. ¡Cómo no! Si hay de por medio más de 20 millones de dólares.
Si faltara alguna prueba de que Invest-H sigue en lo mismo y sin rendir cuentas a nadie, las propias Fuerzas Armadas, digo la Junta Interventora, se ha encargado de demostrarlo al paralizar la continuación de un convenio con Naciones Unidas para transparentar los procesos de licitaciones, adjudicaciones y adquisiciones del Programa de Infraestructura Vial de Honduras. ¿Y quién respinga?
Ya nadie ignora, tampoco, que la pandemia y los huracanes fueron enfrentados con un nivel de improvisación solo comparable al de la corrupción con los hospitales móviles. Pero faltaba lo mejor. La reconstrucción del país. Porque lo que estamos viendo es nada menos que una improvisación de alcance sideral. Para empezar, al presidente se le olvidó que la función hace al órgano y no al revés. Y a toda prisa nombró un consejo “consultivo” sin precisar con la máxima claridad las funciones concretas que tendrá ni quién lo dirigirá.
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Y precisamente por eso, ha trascendido que dos de sus integrantes se están peleando por presidirlo. Y eso que ni siquiera saben exactamente para qué fueron nombrados. Mientras unos creen que son administradores, otros que fiscalizadores y unos cuantos que supervisores. Y, por lo visto, solo uno o dos están conscientes de que nada más los han puesto para ver si logran conseguir donaciones con la comunidad internacional convenciéndola de que el gobierno se ha regenerado y no se las va a robar. En otros términos. Una misión imposible. Posiblemente por ello, uno de los miembros del comité, más serio, ya fue el primero en renunciar. Será interesante ver cuántos más imitan su ejemplo y quiénes se quedan sin importarles el desorden en el que se han metido ni el riesgo que corren de desprestigiarse.
De similar manera, el gobierno pretende desviar la atención pública sobre la corrupción y la improvisación creando una gran expectativa -y no menor confusión- con la vacuna contra el coronavirus. ¿Había realmente necesidad de una ley especial para ella? Porque desde el 2018 el Congreso Nacional emitió una ley sobre vacunas que dispone la gratuidad y obligatoriedad “para todos los habitantes de la República de someterse a la inmunización contra aquellas enfermedades prevenibles por vacunas que determine la Secretaría de Salud”.
Para que, en lugar de obligatoria, la vacuna sea de aplicación voluntaria, no parecía necesaria ninguna ley especial. Bastaba, salvo mejor criterio, un simple acuerdo de la Secretaría de Salud. Pero lo entiendo. ¿Cómo, si no, podría JOH atribuirse la exclusividad del mérito y montar el show correspondiente?
De otro lado, las noticias no especifican de cuántas vacunas se está hablando. La ministra de Salud declaró que se halla garantizada para el 20 por ciento de la población por la iniciativa Gavi, el mecanismo de acceso a ella por países de bajos y medios ingresos. Es decir, un poco más de 1.8 millones de personas. Después se dio a conocer que el Seguro Social, con el respaldo del COHEP, va a adquirir 1.4 millones de vacunas a la firma AstraZeneca “para sus afiliados y dependientes”. Esto es, para 700 mil asegurados. a razón de dos dosis por cada uno. Que quede claro, solo para estos.
Por su parte, el inefable ministro Ebal Díaz aseguró que estará disponible “para la población médicamente apta para su aplicación”, sin explicar quiénes son tales personas ni qué porcentaje representan del total. Y tampoco, hasta donde conozco, se han hecho encuestas para establecer el número de los que están interesados en aplicársela, dato que es fundamental. El doctor Daniel Scott-Algara, virólogo e inmunólogo del Instituto Pasteur de París, para el caso, enfatiza en que “El 95% de la población debería vacunarse del covid para tener inmunidad colectiva”.
En fin. El pueblo hondureño no sabe a qué atenerse en cuanto a la vacuna. Salvo en lo que se refiere al esquema de su aplicación, sobre el que abundan las hipótesis. La más difundida es que la vacuna no se distribuirá en el orden que se había adelantado, esto es, que primero al personal sanitario, después al vulnerable, por edad y condiciones de salud, y así sucesivamente, sino que se hará por filiación política.
Así. En primer lugar -se afirma- le tocará al presidente Hernández, sus familiares, allegados y amigos; en segundo, a los afiliados al Partido Nacional (como se ha hecho con todo lo que se ha repartido durante la pandemia, de hecho, los partidarios de Mauricio Oliva temen que se vacune antes a los seguidores de Asfura); en tercero, al personal sanitario, etc. etc. Y finalmente, si todavía quedan dosis, se vacunará a la oposición, si, por supuesto, todavía queda oposición. Y esto último, estimado lector, no es ninguna broma. Los contagios y los muertos están aumentando dramáticamente y la red hospitalaria, de nuevo, se encuentra a punto de colapsar.
Tegucigalpa, 8 de diciembre de 2020.
