Por: Rodil Rivera Rodil
En la universidad nos enseñaron que el derecho fue la solución que encontraron las sociedades primitivas para garantizar la convivencia entre sus miembros. Las normas jurídicas, se nos decía, pasaron a reemplazar la ley del más fuerte. Con los años, sin embargo, aprendimos que, en la práctica, sobre la fuerza del derecho seguía imperando el derecho de la fuerza.
Y en los tiempos que corren, la cosa es más grave. La influencia de las élites económicas ha resultado tanto o más poderosa que la fuerza bruta o la militar, porque aquella, además, trae consigo el virus de la corrupción, que es más peligroso que el mismo coronavirus, y contra el que, hasta hoy, no se ha podido inventar ninguna vacuna verdaderamente eficaz.
También se nos inculcó que la política era la ciencia -y también el arte- de conducir el gobierno para los intereses generales de los pueblos. Pero tampoco pasó mucho tiempo sin que nos diéramos cuenta de que, en algún momento, la política había engendrado una hija bastarda, la “politiquería”, que ya no es una ciencia sino una de las malas artes de gobernar para el beneficio de los particulares. O, en palabras de la Real Academia Española, mediante “la intriga y la bajeza”. La politiquería, entonces, parodiando al famoso humorista gráfico argentino, Joaquín Lavado, creador de la tira cómica “Mafalda” y más conocido como “Quino”, “es una de las tantas malas palabras que se escriben con “p”.
De ahí que cuando se pide que se despoliticen los poderes y los órganos de control del Estado, no es que se pretende que sus titulares no pertenezcan a ninguna agrupación política, como muchos entienden, sino únicamente que estos sean sustraídos de la politiquería. Por ello, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para el caso, no deben ser electos directamente por el Congreso Nacional, el más politiquero de todos. Deben ser seleccionados por procesos que aseguren su idoneidad, y que a la Corte solo competa investir a los mejor calificados.
En Honduras, por desgracia, los que hoy detentan el poder no son políticos. Son politiqueros. Gobiernan para sus propios intereses. Se dieron el lujo, nada menos, que de emitir todo un nuevo código penal solo para recetarse ellos mismos la impunidad. Y ahora, se ha generado una polémica sobre la validez de la convocatoria directa que hicieron un grupo de diputados de la oposición para la sesión del 24 de junio del Congreso Nacional en la que lo abrogaron. Concretamente, el debate se ha centrado en si la negativa del presidente a convocar puede considerarse como una de las causales previstas en el artículo 191 de la Constitución para el llamamiento a reuniones extraordinarias por un mínimo de cinco parlamentarios.
El razonamiento de los convocantes es irrefutable. Ellos, como todo diputado, tenían el derecho incuestionable de pedir que el Congreso conociera y resolviera sobre la abrogación del nuevo código, y a su vez, al presidente le incumbía la obligación correlativa de otorgárselos. Independientemente de si la moción fuera aprobada o no. La urgencia estaba perfectamente justificada. De un lado, porque al día siguiente concluía la vacatio legis del nuevo código, y del otro, porque al entrar este en vigencia, aunque fuera por un minuto, se producía de pleno derecho su retroactividad que favorecerá a los congresistas y funcionarios que han sido acusados por la MACCIH de varios delitos. ¿Por qué se negó a convocar don Mauricio Oliva, si el Partido Nacional siempre consigue la mayoría de los votos?
Es menester aclarar que, en general, hay consenso en la ciudadanía de que el Código contiene algunos cambios positivos -muy pocos, por cierto- que pueden conservarse, como, por ejemplo, los relativos al ejercicio del periodismo. ya que el código se ha estado utilizando para fines de politiquería, como es el caso del periodista David Romero Ellner con quien el presidente Hernández se ensañó ordenando que se le condenara a diez años de prisión.
En contra de la acción de la oposición se han pronunciado, desde luego, varios diputados nacionalistas, y ciertos abogados penalistas que han visto la oportunidad de ayudar a sus clientes. Los argumentos que estos esgrimen han sido de diversos matices. Desde la interpretación puramente legalista, que olvida lo correcto y rinde obediencia ciega a la letra de la ley y no a su espíritu, hasta el dislate de un asesor del Congreso que, sin arrugar la cara, aseveró que si se abrogaba el código no quedaría en vigencia ninguno, ni el nuevo ni el viejo. Como quien dice que todos los presos del país tendrían que ser liberados de inmediato. Esta perla jurídica, sin duda, pasará a los anales del derecho.
La discusión, no obstante, no es jurídica. Nunca lo fue. Siempre se trató de política, ¡qué digo!, de politiquería. Y, como ya vimos, la “razón” les asiste a los que tienen la fuerza. Aquí en Honduras, a los que cuentan con el respaldo de Trump, del ejército y de cierto grupo económico. Y la seguirán teniendo mientras esto no cambie o el pueblo se canse y diga basta, como pide Mundo Orellana.
Pero, hay que reconocerlo, el impacto en la opinión pública que consiguió la oposición fue muy grande. Sigue ahora la lucha por la nulidad del código. Porque, una vez que entró en vigor, su abrogación ya no impide la retroactividad. Cabe señalar que existe el histórico precedente del pueblo argentino que a principios de este siglo logró anular las “leyes de la impunidad” promulgadas para proteger a los militares genocidas, y así pudo llevarlos a prisión.
Mientras tanto, la pandemia avanza a pasos agigantados. Y también la manipulación oficial de los datos de muertos y contagiados, a pesar de que ahora la gente puede ver todos los días en los medios la gran diferencia en los datos. Y el régimen sigue resistiéndose a realizar las pruebas necesarias para que la población conozca la verdadera evolución del coronavirus.
La corrupción, por su parte, sigue viento en popa. El miércoles trascendió una nota de la ministra de salud al Congreso Nacional dando a conocer que la orden para la compra directa de los famosos hospitales fue dada por el propio presidente Hernández. De donde cabe asumir que esta fue la verdadera razón por la que el director no informó ni pidió autorización al Consejo Directivo de Invest-H., pudo hacerse con recursos del Fondo Vial para la operación y, lo insólito, pagó el precio total por adelantado. Y ahora este señor, tranquilamente, dice que si el proveedor no cumple lo va a demandar. ¿Y cómo pensará hacerlo si, según parece, ni el propio FBI de Estados Unidos lo ha podido encontrar? Y aun si lo lograra. ¿Qué le va a embargar para que devuelva semejante cantidad de dinero?
Una vez más, pues, somos el hazmerreír del mundo. O, mejor dicho, el sueño de cualquier vendedor: “usted no se preocupe, no importa que no lo conozcamos, le compramos con solo contactarlo por Internet, le pagamos el cien por ciento por adelantado, solo diga la cantidad, ¿cuánto dice?, ¿cuarenta y ocho millones de dólares? No hay problema, ahora mismo se los mandamos”. ¡Viva Honduras!
Y lo mismo sucede con el show de don Juan Orlando. No se para. Nos lo imaginábamos en cama y entubado. Y él se hace propaganda presidiendo el consejo de ministros y firmando papeles. No lo haga presidente. Porque si no lo mata el coronavirus, o lo que sea que tenga, que Dios no lo permita, lo va a hacer ese gran sacrificio que está haciendo por nuestra patria. Ponga mejor a Marco, digo a Ebal, para que le ayude.
Tegucigalpa, 3 de julio del 2020.
