La intervención en la OABI comenzó el 12 de febrero de 2023 y concluyó el 10 del mismo mes en 2024. La conclusión fue una reestructuración completa, aunque uno de los integrantes de la intervención expresó que sería más viable la liquidación total. No obstante, recalcó que la última palabra la tiene la presidenta de la República, Xiomara Castro
Tegucigalpa, Honduras.- La falta de capacidad operativa, la acumulación de bienes, la falta de vigilancia de bienes de alto valor y la escasez de presupuesto, con solo 9.8 millones de lempiras asignados anualmente, son algunas de las principales falencias identificadas como resultado de la intervención llevada a cabo en la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
Esta intervención, que duró exactamente un año fue ordenada directamente por la presidenta de la República, Xiomara Castro, se llevó a cabo debido al manejo deficiente de los bienes incautados.
Muchos de los bienes estaban siendo utilizados de manera indebida, subastados a precios bajos sin tener una sentencia firme del juez, lo que resultaba en que muchos de ellos tuvieran que ser devueltos a sus propietarios, quienes ya no podían ser localizados o cuyos bienes estaban extraviados o dañados, lo que representaba futuras demandas contra el Estado de Honduras.
Ante este panorama, la junta interventora recomendó una reestructuración que abarque desde la inversión en infraestructura y tecnología, como un sistema de registro y una plataforma de venta, hasta mejoras en la capacidad operativa. Para lograr estos objetivos, es crucial dotar a la OABI de las capacidades necesarias.
La comisión interventora contó con la participación de Hugo Suazo, quien anteriormente se desempeñó como director de la Secretaría de Seguridad, junto con los abogados Roger Mendoza y Rigoberto Portillo.
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LIQUIDACIÓN TOTAL
A pesar que la auditoría sugiere una reestructuración completa y destaca los puntos que requieren especial atención según el abogado Rigoberto Portillo, quien formó parte de la junta interventora de la OABI, lo más adecuado sería liquidar completamente la institución.
El profesional del derecho, exasesor de la la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), expresó a Criterio.hn que la liquidación total de la institución sería más factible en este momento, dado que existen numerosos problemas y deficiencias que llevarían muchos años en solucionar.
Por lo tanto, considera que crear una nueva institución encargada de administrar y resguardar los bienes incautados sería más viable en términos de operatividad, factibilidad y eficiencia. No obstante, a pesar de expresar esta opinión, señaló que es la presidenta Xiomara Castro quien tiene la autoridad para determinar el futuro de la OABI.
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CUESTIONAMIENTOS A LA OABI
Desde su creación en 2002, la OABI ha sido una dependencia adscrita a la Presidencia de la República, cuestionada por las irregularidades en los procesos de subasta, otorgación y administración de bienes.
Recientemente, el Ministerio Público solicitó al Juzgado de Privación de Dominio la incautación definitiva de los bienes del expresidente Juan Orlando Hernández, los cuales estaban asegurados desde el 31 de marzo de 2022. En el comunicado, el Ministerio Público indicó que, de aprobarse la petición, los bienes pasarán al Estado de Honduras, siendo administrados por la OABI.
Este anuncio generó diversos cuestionamientos sobre el planteamiento. Por ejemplo, el analista político Luis León expresó a los medios de comunicación que considera que es una mala decisión que los bienes pasen a la OABI.
El analista Luis León, considera que, si los bienes de Juan Orlando Hernández son administrados por la OABI, más tarde estarán en manos de políticos y funcionarios.
Argumentó que existe el riesgo de que ocurra lo mismo que en casos similares de bienes incautados, donde se supone que son administrados por el Estado, pero en la práctica terminan en manos de políticos y funcionarios, generando una clase de «nuevos ricos» en Honduras.
León opinó que lo que se debe hacer es realizar las incautaciones, pero que el dinero obtenido de la venta y subasta de esos bienes debe ser retribuido al pueblo hondureño en su totalidad.
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OTORGAMIENTO IRREGULAR DE BIENES INCAUTADOS
Un informe elaborado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) el 6 de junio de 2023, titulado «Entre el despilfarro y una falsa percepción de seguridad», revela el mal manejo de los bienes incautados por la OABI.
En dicho informe, el CNA denunció al entonces director de la OABI, Jorge Gonzales, por devolver una vivienda al exgerente de Hondutel, Marcelo Antonio Chimirri, a pesar de que esta se encontraba en estado de comiso según una sentencia a favor del Estado.
Según el documento «Absoluto silencio», Gonzales permitió que Chimirri recuperara la vivienda bajo intimidación y amenazas, lo que constituyó un incumplimiento en la custodia de los bienes de la OABI.
Chimirri, acompañado por agentes policiales, exigieron violentamente la devolución de la vivienda, a pesar de no contar con una resolución del Juzgado de Privación de Dominio que autorizara dicho acto.
Esta serie de acciones ha generado preocupación sobre el manejo y la integridad de los bienes incautados por la OABI, así como la presunta influencia política en las decisiones de la institución.
