Al menos 28 diputados reelectos que ocuparan un curul durante los próximos cuatro años, respaldaron o fueron parte de decisiones clave de administraciones anteriores prestaron su voto para desmontar mecanismos anticorrupción y facilitaron esquemas opacos de manejo de fondos públicos desde el Congreso Nacional y otras instituciones
Tegucigalpa, Honduras. –El Congreso Nacional que asumirá funciones para el período 2026-2030 arrastra, desde su conformación, una pesada herencia política marcada por decisiones legislativas controvertidas y vínculos con prácticas cuestionadas de administraciones anteriores. Un análisis del perfil y el historial de votaciones de varios de los diputados electos evidencia la persistencia de patrones asociados a corrupción, debilitamiento institucional y uso discrecional de fondos públicos para fines proselitistas.
Diversos congresistas que hoy integran el nuevo Poder Legislativo, que será instalado el 25 de enero de 2026, ya tuvieron participación activa en períodos previos, algunos arrastran al menos cuatro períodos consecutivos en los que participaron activamente en acciones que debilitaron el Estado de derecho.
Legisladores como Tomás Zambrano [quien se perfila como el nuevo presidente del Congreso Nacional], Antonio Rivera Callejas y Mario Pérez fueron votaron a favor de iniciativas como las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), la eliminación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la habilitación de la reelección presidencial que permitió un segundo mandato de Juan Orlando Hernández, expresidente condenado en Estados Unidos por delitos relacionados al tráfico de armas y drogas que posteriormente fue indultado por Donald Trump.
Estas decisiones no fueron aisladas ni técnicas. Por el contrario, se produjeron en un contexto de fuerte concentración de poder, debilitamiento del sistema de justicia y denuncias reiteradas de corrupción estructural, particularmente durante los gobiernos del Partido Nacional entre 2010 y 2022.
En la nómina también figuran políticos que han sido investigados por el Ministerio Público y sometidos a procesos judiciales, instancias que, en determinados casos, resolvieron otorgarles sobreseimientos definitivos pese a los alegatos y pruebas presentadas por la fiscalía.
Pese a los señalamientos y a los expedientes abiertos en su contra, algunos actores políticos resultaron beneficiados en los tribunales de justicia. Entre ellos destacan los diputados del Partido Nacional, Tomás Zambrano y Antonio Rivera Callejas, quienes fueron beneficiados con un sobreseimiento definitivo por el caso Fe de Erratas.
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LA ESTOCADA A LA MACCIH
La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (IHSS) surgió el 19 de enero de 2016 como resultado directo de las masivas protestas del movimiento de Las Antorchas, convocadas tras revelarse el millonario saqueo a las arcas del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), recursos que, según investigaciones, fueron utilizados para financiar campañas políticas.
Durante apenas cuatro años de funcionamiento, la MACCIH presentó 14 casos emblemáticos de corrupción y acusó a 113 personas, entre ellas altos funcionarios, diputados, empresarios e incluso a la entonces primera dama, Rosa Elena Bonilla. Estos procesos evidenciaron redes de corrupción que saquearon varias instituciones públicas que operaban desde el Congreso Nacional y otras dependencias del Estado.
Entre los casos más conocidos se encuentran la Red de Diputados, el Caso Pandora, la Caja Chica de la Dama, Arca Abierta, Fraude sobre el Gualcarque, Narco Política I y II, y Corrupción sobre Ruedas.
En enero de 2020, el entonces presidente Juan Orlando Hernández, con el respaldo del Poder Legislativo y del Judicial, determinó no renovar el mandato de la MACCIH, consumando así su salida del país. Varios de los diputados que hoy regresan o se mantienen en el Congreso Nacional votaron a favor de esa decisión.
Entre los legisladores que respaldaron la eliminación de la MACCIH y que hoy integran el Congreso 2026-2030 figuran nombres como: José Tomás Zambrano, quien se perfila como presidente del Poder Legislativo; Roy Dagoberto Cruz Pérez, Erik José Alvarado Alvarado, Alberto Chedrani Castañeda, Antonio Rivera Callejas, Mario Alonso Pérez López, Johana Bermúdez entre otros, provenientes principalmente del Partido Nacional, pero también de otras fuerzas políticas como Mario Segura del Partido Liberal.
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DESTITUCIÓN DE MAGISTRADOS Y APOYO A LAS ZEDE
En diciembre de 2012, al menos 97 diputados del Congreso Nacional apoyaron la destitución de cuatro –de los cinco— magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por su oposición a la Ley de Depuración Policial y a las entonces llamadas Regiones Especiales de Desarrollo (RED), hoy conocidas como Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
Durante la sesión del 10 de diciembre, se conformó una comisión legislativa que presentó un informe sin sustento suficiente, según determinaría después el sistema interamericano de derechos humanos. En cuestión de horas, 93 de los 128 diputados votaron a favor de destituir a los magistrados sin un procedimiento disciplinario definido en la legislación hondureña.
Algunos de estos mismos diputados también respaldaron la aprobación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), un modelo de enclave económico aprobado en 2013 y profundizado en años posteriores, que cedía amplias facultades territoriales, administrativas y judiciales a inversionistas privados. La iniciativa fue cuestionada por su impacto en la soberanía nacional y por violaciones a derechos humanos.
El apoyo a las ZEDE trascendió líneas partidarias. Diputados del Partido Nacional, Liberal y del desparecido Unificación Democrática (UD) en los registros legislativos como favorables a esta figura, pese al rechazo social y a los posteriores intentos por derogarla.
Otro punto crítico es el aval legislativo a la reelección presidencial. Aunque la Constitución hondureña prohíbe expresamente esta figura, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), impulsada en 2014 por el fallecido expresidente Rafael Leonardo Callejas, actores políticos y respaldada por varios diputados el Congreso Nacional, permitió que Juan Orlando Hernández se postulara y gobernara un segundo mandato.
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MANEJO DE FONDOS PÚBLICOS
Durante la administración saliente, varios congresistas gestionaron recursos públicos a través de mecanismos opacos que ha derivado en casos de corrupción que fueron investigados por la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC).
Al menos 234.9 millones de lempiras fueron canalizados en forma de becas, proyectos de seguridad alimentaria y obras de infraestructura menor mediante la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a través del Fondo de Administración Solidaria.
Las ayudas tramitadas por Sedesol, están contempladas en el artículo 349 de la aprobación del presupuesto de 2025, que autoriza la asignación presupuestaria de hasta 950 millones de lempiras “para el desarrollo de infraestructura menor y obras sociales a petición y en beneficio de las comunidades, patronatos, asociaciones, alcaldías, juntas de agua, cajas rurales, entre otros”.
En dicha disposición se incluyen, además, a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), el Instituto de Crédito Educativo (Educrédito), el Fondo Social de Desarrollo Eléctrico (Fosode) y la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor).
En junio de 2025, Criterio.hn identificó que, entre enero de 2024 y febrero de 2025, al menos 80 diputados, entre propietarios y suplentes, en su mayoría del Partido Libertad y Refundación (Libre), gestionaron fondos para obras de infraestructura menor, becas y proyectos de seguridad alimentaria a través de Sedesol.
Entre los diputados que, continuarán otros cuatro años en el Congreso Nacional, están: Isis Carolina Cuellar, Hugo Noé Pino, Linda Frances Donaire, Mario Segura, entre otros congresistas.
A diferencia de otros casos en el que congresistas utilizaron fondos públicos como el Fondo Departamental, Corrupción Sobre Ruedas, Red de Diputados el caso de Sedesol no ha sido judicializado y, hasta el momento, el Ministerio Público continúa realizando las investigaciones para determinar si se aplicará responsabilidad penal contra los legisladores.
A esta lista se suma el respaldo de varios diputados al denominado “Código Penal de la impunidad”, aprobado en 2020, que redujo penas por delitos de corrupción y facilitó beneficios procesales a funcionarios investigados, acción que organismos de sociedad civil catalogaron como un debilitamiento en la lucha contra la corrupción y la impunidad, dos flagelos que han golpeado a la población hondureña.
La continuidad de figuras con este historial legislativo al Congreso Nacional genera preocupación entre analistas políticos y defensores de derechos humanos, quienes advierten que el nuevo período podría reproducir las mismas dinámicas de protección mutua y bloqueo a reformas estructurales.
