La organización denuncia la propuesta del director de la Policía Militar y pide al Estado hondureño fortalecer el sistema de protección infantil y abordar las causas estructurales de la violencia
Tegucigalpa, Honduras. – La Red Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), ha manifestó su preocupación ante las recientes declaraciones del director de la Policía Militar del Orden Público, Ramiro Muñoz, quien sugirió la reducción de la edad de responsabilidad penal juvenil.
De acuerdo con la Coiproden, esta propuesta representa un grave retroceso en los derechos de la niñez y adolescencia en Honduras.
Wilmer Vásquez, director ejecutivo de Coiproden criticó la propuesta de Muñoz, quien además responsabilizó a la niñez y juventud de la violencia que se vive en el país. Estas declaraciones son un retroceso en materia de derechos humanos y son contradictorias con los tratados que Honduras ha ratificado,» enfatizó Vásquez.
Desde 1990, Honduras es signataria de la Convención de los Derechos del Niño, que establece que ninguna persona menor de 18 años puede ser juzgada como un adulto. A razón de ello, a través de un pronunciamiento, las organizaciones de sociedad civil, agrupadas en la Red Coiproden recordaron que el Estado de Honduras tiene la obligación de cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y garantizar el «Interés Superior del Niño» en todas sus decisiones legislativas.
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SE DEBEN ABORDAR CAUSAS ESTRUCTURALES
Coiproden manifiesta su inquietud ante la propuesta de reducción de la edad de responsabilidad penal, argumentando que, en lugar de enfocarse en castigar a la niñez y adolescencia como adultos, se deben abordar las causas estructurales que los llevan a situaciones de vulnerabilidad. Además, la organización subrayó que muchos de los niños y niñas que cometen actos delictivos lo hacen como resultado de condiciones socioeconómicas adversas, falta de acceso a educación de calidad, y ambientes familiares inestables.
En este sentido, instan a que la respuesta del Estado debería centrarse en la implementación de políticas públicas que fortalezcan el tejido social y brinden oportunidades reales de desarrollo para los jóvenes.
Ante ello, Wilmer Vásquez llamó a una reflexión sobre la distribución presupuestaria en Honduras, cuestionando si los recursos están verdaderamente destinados a la protección de la niñez. «¿Por qué no se sienta el Consejo de Defensa y Seguridad en el país y analiza cuál es la distribución presupuestaria que tenemos? ¿Cómo los recursos del Estado hondureño se están destinando para garantizar la protección de las niñas y niños?» inquirió.
Además, el defensor de derechos humanos, señaló que el país centroamericano enfrenta una problemática en el sistema de rehabilitación juvenil en el país. Vásquez destacó la necesidad urgente de transformar los centros de internamiento juvenil en espacios pedagógicos en lugar de seguir tratándolos como cárceles para adultos.
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INSTAN A BUSCAR ASESORIA INTERNACIONAL
Ante este panorama de desprotección y criminalización de la niñez y juventud, la Red Coiproden ha exigido al Estado hondureño reconocer la situación de los adolescentes en conflicto con la ley como una manifestación de factores estructurales de exclusión y discriminación.
En respuesta a esta problemática, Coiproden insta a fortalecer el Sistema Nacional de Protección Integral, promoviendo mecanismos de participación activa para niñas, niños y adolescentes, y desarrollando acciones preventivas en las comunidades más vulnerables del país.
Asimismo, COIPRODEN invita al Estado hondureño a buscar apoyo técnico de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La revisión del actual Sistema de Justicia para Adolescentes debería enfocarse en la «Justicia Restaurativa», en la profesionalización de los operadores del sistema, y en la sanción de cualquier violación a los derechos humanos de los adolescentes en conflicto con la ley.
Además, las diversas organizaciones de la sociedad civil que forman parte de la Red Coiproden, enfatizan que si las autoridades gubernamentales quienes impactar de manera efectiva en la política criminal y en la rehabilitación de los jóvenes, se debe desarrollar un debate nacional centrado en políticas de prevención y una mayor inversión en el sector social.
Dicha inversión debe priorizar la primera infancia, el desarrollo infantil y los sistemas de protección integral, así como el empleo juvenil, áreas culturales y deportivas, y una cobertura educativa de calidad en todos los niveles.
Además, hacen un llamado al Ministerio Público para investigar y sancionar a los responsables de utilizar a la niñez en actividades delictivas, subrayando la intolerancia hacia quienes pongan en riesgo a los niños y jóvenes.
