Más de 50 organizaciones nacionales e internacionales alertaron que la intención del gobierno de volver al CIADI podría facilitar la expansión de proyectos extractivos, la entrega de territorios a las ZEDE y otros megaproyectos, y subordinar decisiones estatales a tribunales internacionales.
Tegucigalpa, Honduras. –– Más de medio centenar de organizaciones nacionales e internacionales rechazaron la intención del gobierno de reincorporar a Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), al considerar que no se trata de un trámite técnico, sino de una decisión política que compromete la soberanía del país.
En conferencia de prensa, las organizaciones señalaron que la carta enviada por la actual administración en el primer día de mandato representa una “señal de sumisión” al capital transnacional, pues advirtieron reorienta las prioridades del Estado hacia la protección de intereses corporativos, incluso cuando estos han generado conflictos sociales y ambientales en distintos territorios.
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Samantha Lindo, jurista de la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos, sostuvo que la reincorporación al CIADI no puede entenderse como un procedimiento administrativo, sino como una definición política que reorienta las prioridades del Estado hacia la protección de intereses corporativos por encima de derechos de la población.
LA CARGA FINANCIERA DE LOS LITIGIOS INTERNACIONALES
Honduras, bajo la administración de Xiomara Castro, denunció el convenio del CIADI el 24 de febrero de 2024 ante el Banco Mundial. La salida se hizo efectiva seis meses después, el 25 de agosto. En ese momento, el gobierno justificó la decisión al señalar que el centro de arbitraje socavaba la soberanía nacional, desplazando a los tribunales hondureños y limitaba la capacidad del Estado para tomar decisiones.
La denuncia se produjo en un contexto de demandas internacionales, entre ellas la interpuesta por inversionistas de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) Próspera, quienes reclamaron USD 10,775 millones tras la derogación, en abril de 2022, de las normativas que permitieron la instalación de ese régimen especial en el país.
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Pese a la salida del CIADI, para julio de 2025, Honduras llegó a acumular 16 demandas internacionales ––la mayoría en ese centro de arbitraje–– cuyos montos reclamados ascendían a USD 19,440 millones, el equivalente al 55% del Producto Interno Bruto (PIB).
Actualmente, de acuerdo con datos proporcionados por las organizaciones, el Estado hondureño enfrenta 11 litigios internacionales por un monto de USD 9,895 millones, lo que, según estiman, representa aproximadamente una cuarta parte del PIB. Entre esos casos se encuentra el reclamo de Próspera, cuyo monto fue reducido a USD 1,630 millones.
En el comunicado, las organizaciones manifestaron que regresar al CIADI podría abrir nuevamente la puerta a la expansión de proyectos extractivos rechazados por comunidades, como las ZEDE, así como otros megaproyectos que han provocado conflictos socioambientales en el pasado.
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Denia Castillo, integrante de la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos, afirmó durante el espacio de preguntas y repuestas que el CIADI funciona como un mecanismo de presión contra el Estado, al permitir demandas multimillonarias en instancias internacionales pese a que Honduras cuenta con tribunales nacionales para dirimir conflictos. Según planteó, este sistema termina condicionando las decisiones soberanas del país y favoreciendo a inversionistas sobre el interés público.
Por su parte, Germán Chirinos, del Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASS Vida) cuestionó que las millonarias demandas internacionales terminen siendo asumidas por el Estado y en consecuencia por la ciudadanía. Señaló que, en muchos casos, los conflictos surgen en territorios donde las comunidades han denunciado irregularidades en la instalación de proyectos.
RETORNO AL CIADI REQUIERE APROBACIÓN LEGISLATIVA
Las organizaciones recordaron que el regreso al CIADI no depende solo del Ejecutivo, ya que necesita la aprobación del Congreso Nacional. Por ello, pidieron que el tema se discuta de cara al país, al tratarse, señalaron, de una decisión que puede marcar el rumbo de Honduras en materia de soberanía y modelo de desarrollo.
Jen Moore, investigadora del Institute for policy Studies (IPS) explicó que, si bien el presidente Asfura envió una carta de intención de adhesión al CIADI, el retorno al centro de arbitraje equivale a la firma de un nuevo tratado, por lo que su ratificación debe pasar por el Congreso Nacional.
Además de la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos y el Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASS Vida), Entre las 25 organizaciones nacionales firmantes del pronunciamiento se encuentran la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (Adepza), Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), la organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
Entre las organizaciones internacionales firmantes están la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (Acafremin), Honduras Solidarity Network, Institute for Policy Studies (IPS) y Terra Justa. Estas últimas tres presentaron en septiembre de 2024 el informe Inversiones Mafiosas contra Honduras, en el que mapearon las demandas internacionales y las irregularidades detrás de varios proyectos.
