El tripartidismo ejercido por Libre y los tradicionales partidos Liberal y Nacional busca crear la figura de un segundo fiscal general adjunto. El rechazo es amplio

Tegucigalpa, Honduras.- Después de la evidente repartición de cuotas de poder que existió durante la elección de la Corte Suprema de Justicia del período 2023-2030, el tripartidismo ejercido por Libre, Partido Nacional y Partido Liberal, ahora busca continuar con la misma tónica de cara a las negociaciones preparatorias para la elección del fiscal general de la República.

Durante los próximos meses, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel, y otro magistrado, designado por el pleno del Supremo hondureño, deberán convocar a todos los miembros de la Junta Proponente, que tendrá como propósito presentarle al Congreso Nacional una nómina que incluya a los hombres y las mujeres con los mayores niveles de idoneidad requerida para el cargo de fiscal general.

La Junta Proponente, enmarcada en el artículo 233 de la Constitución de la República, será presidida por Rebeca Ráquel y otro magistrado supremo. Además, le acompañarán la titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre; un representante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y un representante de una universidad privada; un representante del Colegio de Abogados de Honduras; y un representante de la sociedad civil.

La Junta Proponente evaluará a las y los postulantes en cuanto a criterios de conocimientos jurídicos y conocimiento de la normativa y organización del Ministerio Público, además valorará la experiencia dentro de la operación de justicia de las y los aspirantes. Posterior a ello, les otorgará una puntuación del 1 al 100, y nominará ante el Congreso Nacional a las y los que obtengan las cinco mejores evaluaciones.

La Ley Orgánica del Ministerio Público establece que los cargos de fiscal general y fiscal general adjunto poseen un rango constitucional y que, por lo tanto, su designación atraviesa una elección de segundo grado que efectúa el Congreso Nacional, requiriéndose la mayoría calificada, es decir, 86 votos. Además, indica que el cargo del director de fiscales deriva de un nombramiento exclusivo del fiscal general.

Sin embargo, durante las últimas horas, desde la bancada de Libertad y Refundación se planteó la posibilidad de reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público y crear la figura de un segundo fiscal general adjunto de la República.

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“En los acuerdos y las conversaciones, con los partidos Liberal y Nacional, se dialogó la posibilidad de reformar la Ley del Ministerio para integrar dos fiscales generales adjuntos adjunto al fiscal general y el elevar a rango constitucional al director de fiscales. Eso quedó a nivel de conversación, pero, si existe acompañamiento de todas las fuerzas políticas, queremos hacerlo para estar preparados para el ms de septiembre en que se realice la elección del nuevo fiscal general”, manifestó el diputado de Libertad y Refundación (Libre) y vicepresidente del Congreso Nacional, Rasel Tomé.

Las declaraciones del diputado oficialista se generaron días después de que se diera a conocer un convenio político suscrito entre los jefes de bancada de los partidos Libre, Nacional y Liberal, que trazó como objetivo iniciar las conversaciones encaminadas a reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público.

SERÍA IMPROCEDENTE

No obstante, estos propósitos del tripartidismo no han encontrado eco en distintos juristas, algunos de ellos consultados por Criterio.hn. El exfiscal general de la República, Edmundo Orellana Mercado (1994-1999), manifestó que desconoce los motivos detrás de ambos planteamientos.

“No encuentro qué utilidad puede tener la creación de un fiscal general adjunto adicional al existente y tampoco encuentro lógico que se eleve a nivel constitucional el cargo de dirección de Fiscalía. Si los políticos no aclaran el fundamento y planteamiento de estas propuestas, esto definitivamente no tiene ni pies ni cabeza”, declaró molesto Orellana Mercado, quien agregó que algunos diputados “no saben ni cómo diablos funciona el Ministerio Público”.

Por su lado, la abogada constitucionalista Ana Pineda, declaró a Criterio.hn que esto conlleva un riesgo debido a que, buscando el control del Ministerio Público, podrían generar condiciones de impunidad para sus correligionarios.

“El Ministerio Público, indica la Constitución, es libre de toda injerencia política y sectaria. Hacer esto implicaría vulnerar la constitución y desnaturalizar el qué hacer esencial de la Fiscalía, que en esencia es ejercer la acción penal pública bajo criterios de objetividad”, manifestó en conversación con este medio digital.

En su artículo 233, la Constitución de la República establece claramente que únicamente existe la figura del fiscal general y del fiscal general adjunto, por lo que cualquier reforma a dicho precepto deberá pasar por una reforma constitucional -que requiere de 86 votos- y, adicionalmente, por una ratificación en la legislatura que se inaugurará el 25 de enero de 2024.

“La inclusión de un segundo fiscal general adjunto o de cualquier otro cargo en la Fiscalía, con rango constitucional, requiere de una reforma a la Constitución”, añadió a Criterio.hn Ana Pineda, quien durante el recién culminado proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia quedó al margen de las negociaciones político-partidarias, aun cuando recibió la mejor calificación por parte de la Junta Nominadora.  

El nuevo fiscal general y fiscal general adjunto deberán ser elegidos al menos treinta días antes del 31 de agosto de 2023, fecha en que Óscar Chinchilla y Daniel Sibrián concluirán su período constitucional de cinco años.

SE VEÍA VENIR

El director de Gobernabilidad y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Lester Ramírez, declaró a este medio digital que es normal que los partidos políticos lleguen a estos acuerdos, sobre todo, porque durante los últimos años, Libertad y Refundación (Libre) ha pujado por presionar una transición del bipartidismo al tripartidismo.

Esta transición se vio consumada con la elección de Xiomara Castro como presidenta de la República, el 28 de noviembre de 2021, y con la selección de una Corte Suprema de Justicia tripartita, el pasado 16 de febrero de 2023.

“Será interesante porque ya hemos estado viendo en los últimos años una transición del bipartidismo al tripartidismo. Puede ocurrir en el Ministerio Público lo que hemos visto en el Tribunal Superior de Cuentas, en el Consejo Nacional Electoral, en el Instituto de Acceso a la Información Pública, donde los partidos se han repartido a sus comisionados o consejeros. Eso responde a acuerdos políticos y es algo difícil de romper. Creo que este tripartidismo va a protegerse de cualquier amenaza al status quo”, señaló Ramírez en entrevista con Criterio.hn.

¿AMERITA LA DIRECCIÓN DE FISCALES UN RANGO CONSTITUCIONAL?

Como se mencionó, los diputados y las diputadas del Congreso Nacional también están discutiendo la posibilidad de elevar a un rango constitucional al director de fiscales, lo que requeriría de una elección de segundo grado a través de la aprobación de 86 legisladores.

Como está establecido dentro de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el nombramiento de este cargo pasa por una decisión del fiscal general. El actual director de fiscales, José Mario Salgado, fue nombrado desde el 23 de marzo de 2018.

Sin embargo, dentro de este nombramiento siempre está presente el componente político-partidario. Por ejemplo, antes de la llegada del actual director de fiscales, Óscar Chinchilla había nombrado a dos abogados de estirpe nacionalista en dicho puesto, Rolando Argueta, que se desempeñó entre 2013 y 2016, y José Arturo Duarte, que actuó entre 2016 y 2018.

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Ante este escenario, el temor del Partido Nacional parece estar encaminado a perder dos cuotas de poder claves: la fiscalía general y la dirección de fiscales.

Libre y Partido Liberal, tras la elección que se efectuó el 16 de febrero de 2022, son mayoría en el pleno de magistradas y magistrados de la Suprema Corte. Lo anterior da un preámbulo de que, probablemente, ambos partidos busquen repartirse a los dos fiscales generales del Estado hondureño.

ASÍ SE HAN REPARTIDO A LOS FISCALES GENERALES

Históricamente, el cargo de fiscal general ha recaído en una persona afín al partido político que ostenta el poder en el Ejecutivo y en Legislativo, y el de fiscal general adjunto en quien ejerce la oposición política dentro de un esquema bipartidista: Nacional y Liberal.

Por ejemplo, en 1994, cuando gobernaba Carlos Roberto Reina, el Congreso Nacional seleccionó a Edmundo Orellana como fiscal general y al nacional Florentino Álvarez como fiscal general adjunto.

Posteriormente, en 1999, con Carlos Flores Facussé sentado en la silla presidencial, las diputadas y los diputados del Legislativo seleccionaron al liberal Roy Medina como fiscal general y al nacionalista Juan Arnaldo Hernández como fiscal general adjunto. Este último es hermano mayor del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), ahora extraditado a Estados Unidos y judicializado por delitos de narcotráfico.

Durante el período constitucional correspondiente a 2004-2009, el nacionalista Ovidio Navarro, que había renunciado como magistrado de la Corte Suprema de Justicia presidida por Vilma Morales (2002-2009), se hizo acompañar del liberal Yuri Melara. Sin embargo, ambos debieron renunciar como fiscales generales del Estado a raíz de serios señalamientos de corrupción en su contra y presiones ejercidas por fiscales que habían sido separados arbitrariamente.

Sus sucesores fueron el nacionalista Leónidas Rosa como fiscal general y el liberal Omar Cerna como fiscal general adjunto. Cuando se realizaron ambas elecciones, en 2004 y 2005, los nacionalistas Ricardo Maduro y Porfirio Lobo Sosa gobernaban, respectivamente, en el Ejecutivo y en el Legislativo.

En 2009, con Manuel Zelaya Rosales en Casa Presidencial y una mayoría liberal en el Congreso Nacional, se eligió al liberal Luis Alberto Rubí como fiscal general y en la fiscalía general adjunta se designó al nacionalista Roy Urtecho.

Ambos fueron técnicamente orillados a renunciar a sus cargos prematuramente debido a que, desde el Legislativo que presidía Juan Orlando Hernández, se intervino el Ministerio Público. El objetivo, sin embargo, era claro: Colocar a Óscar Chinchilla, acérrimo juanorlandista, en el cargo más alto de la Fiscalía hondureña.

Durante sus dos períodos 2013-2018 y 2018-2023, Chinchilla se ha hecho acompañar por dos liberales en la fiscalía general adjunta, Rigoberto Cuéllar y Daniel Sibrián.