La culpabilidad de Juan Orlando Hernández y las evidencias presentadas en su contra son un radiografía de cómo el narcotráfico se aprovechó de la debilidad institucional y de funcionarios corruptos de Honduras
Tegucigalpa, Honduras.- El juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, que culminó con un veredicto de culpabilidad en su contra, desnudó cómo en Honduras operó el crimen organizado y el narcotráfico en confabulación con las más altas esferas políticas y los aparatos de seguridad del Estado.
Aunque la conspiración que incluyó a Hernández abarca el período 2004-2022, fue al menos a partir de 2009 que más se evidenció cómo la Policía Nacional y otras agencias estatales de seguridad y defensa fueron instrumentalizadas por personas íntimas de los expresidentes Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández.
Específicamente, Fabio Lobo, hijo de Lobo Sosa, y Juan Antonio «Tony» Hernández, hermano de Juan Orlando Hernández, llegaron a tener bajo su control a altos rangos de la Policía Nacional e involucrarlos en actividades de narcotráfico, que incluían la entrega de información y la protección de cargamentos de cocaína.
Las evidencias presentadas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que sirvieron para sentenciar a Juan Antonio «Tony» Hernández, a Alexander «Chande» Ardón, a Fabio Lobo y a Geovanny Fuentes, y que han sido escudriñadas por Criterio.hn, son una radiografía de cómo la Policía Nacional fue utilizada a antojo de narcotraficantes.
NARCOS QUITABAN Y PONÍAN A DIRECTORES DE LA POLICÍA
El exalcalde de El Paraíso, Copán, Alexander «Chande» Ardón, ya sentenciado por narcotráfico, relató que, en 2014, Juan Orlando Hernández ordenó la destitución de Ramón Sabillón como director de la Policía Nacional, luego de que este cuestionara por qué «Chande» Ardón y Juan Antonio «Tony» Hernández no eran arrestados a pesar de que la institución policial tenía pruebas de que eran narcotraficantes.
A Ramón Sabillón, haber confrontado al presidente Juan Orlando Hernández le costó su cargo y su rango como general, el más alto dentro de la Policía Nacional, tras ser dado de baja en 2016. Años después, en 2022, Sabillón, como secretario de Seguridad, lideró el operativo que finalizó con la captura y extradición de Hernández hacia Estados Unidos.
«Misión cumplida, pueblo mío, Dios es poderoso y su justicia para siempre», fueron las palabras de Sabillón cuando se conoció el veredicto de culpabilidad de Juan Orlando Hernández.
LEA: Culpabilidad de Juan Orlando Hernández confirma que Honduras se convirtió en un narcoestado
El testimonio de Ardón, sobre cómo Ramón Sabillón fue «castigado», fue crucial para hundir al expresidente Hernández, quien, incluso durante su juicio, insistió en desconocer las actividades de su hermano, sentenciado en 2021 a cadena perpetua y 30 años por cuatro cargos de narcotráfico.
Ardón también testificó que por órdenes de Juan Antonio «Tony» Hernández, el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos «Tigre» Bonilla, asesinó a un narcotraficante llamado Franklin Arita Mata en 2011, quien se oponía a que Alexander «Chande» Ardón y «Tony» Hernández traficaran cocaína a través de El Paraíso, Copán.
En la Corte del Distrito Sur de Nueva York también se develaron los vínculos entre Bonilla y el desaparecido líder de la Mara Salvatrucha (MS-13), Alexander Mendoza, alias «Porky», que desnudaron una vinculación que existió entre la Policía Nacional y ese grupo criminal.
Durante el juicio contra Juan Orlando Hernández, la MS-13 figuró como una organización que coopera con el tráfico de drogas en Honduras.
LAS FECHORÍAS DE ‘CHANDE’ Y ‘TONY’
En la Corte del Distrito Sur de Nueva York también se reveló que, en 2013, Juan Orlando Hernández envió a su hermano Juan Antonio a una propiedad de Miguel Arnulfo Valle Valle, antiguo líder del clan Los Valle, a ofrecer protección a los cargamentos de cocaína del cártel de Sinaloa, en caso de que Juan Orlando Hernández llegara a la presidencia.
Allí estaba el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín «Chapo» Guzmán, quien pagó 1.5 millones de dólares a los hermanos Hernández a cambio de la protección de la cocaína y, sobre todo, de los hermanos Valle Valle, sus principales socios en el país.
En el encuentro entre «El Chapo» Guzmán y «Tony» Hernández, estuvo presente Alexander «Chande» Ardón y el subcomisionado de la Policía Nacional, Mauricio Pineda Hernández, quien era primo de los Hernández.
Aunque no se ventiló durante el juicio contra Juan Orlando Hernández, investigaciones de la Policía Nacional apuntan a que la agente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Sheril Hernández, fue asesinada en 2018 por órdenes de Juan Antonio «Tony» Hernández y Alexander «Chande» Ardón.
VEA: Al reabrir caso de Sherill Yubissa Hernández, se espera que investigue muertes violentas de mujeres
En aquel momento, el Ministerio Público, dirigido por el exfiscal general Óscar Chinchilla, atribuyó su muerte a un suicidio con arma de fuego, pese a que no existían restos de pólvora en sus manos y sí signos de estrangulamiento. Chinchilla también ordenó a la ATIC llevar todas las diligencias y prohibió a la Dirección General de Medicina Forense realizar el levantamiento cadavérico.
Semanas después del crimen de la agente Hernández, Óscar Chinchilla fue reelegido controversialmente como fiscal general de la República para el período 2018-2022, en una elección dentro del Congreso Nacional contra la que hubo señalamientos de sobornos con dinero del crimen organizado a diputados del Partido Liberal, quienes inicialmente se opusieron a su reelección.
Los documentos presentados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York sí incluyen al exfiscal general Óscar Chinchilla, luego de que Juan Orlando Hernández le comentara al narcotraficante Geovanny Fuentes que Chinchilla los volvería «intocables», según el testimonio de un contador que trabajó para la empresa Graneros Nacionales, que sirvió para lavar dinero del narcotráfico a Fuentes y al fallecido empresario Fuad Jarufe.
GEOVANNY FUENTES, EL COMISIONADO HERNÁNDEZ Y JOH
Geovanny Fuentes, que en febrero de 2022 fue sentenciado a cadena perpetua por narcotráfico, es considerado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York como uno de los principales socios de Juan Orlando Hernández en el narcotráfico.
El vaciado telefónico que sufrió Fuentes y el acceso a su correo electrónico que tuvo Estados Unidos incluyen dos visitas a Casa Presidencial en 2019, rastreadas a través de la aplicación Waze, y un correo electrónico que indica «CC-4 es Juancho (apodo de Juan Orlando Hernández)».
Otra evidencia que hundió a Hernández fue una conversación entre Geovanny Fuentes y el antiguo comisionado de la Policía Nacional, Ramón Hernández, en la que se refieren a que Juan Orlando Hernández ordenó el asesinato de una persona.
«Como que él ya sabe que Juan Orlando le hizo la cama, pues, le hizo la cama, pero a la vez lo está mandando a matar», indica la conversación entre Fuentes y el exjerarca policial.
Durante esa conversación, contenida en la prueba documental 250-2 que presentó la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, también se refieren a Juan Antonio «Tony» Hernández y al riesgo que correría Juan Orlando Hernández si fuera alcanzado por la justicia de Estados Unidos.
«Ya lo tienen puyado con el hermano y que si lo agarran los ‘gringos’, que le caen acá a Juan Orlando. Esto es una guerra ya de, ya ni narcos, ya esto es de poder», reza la conversación entre Geovanny Fuentes y el comisionado Ramón Hernández.
POLICIAS QUE TRABAJAN PARA LOS LOBO Y LOS HERNÁNDEZ
Según testificó el antiguo líder del clan Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, entre 2010 y 2013, la guardia presidencial del expresidente Porfirio Lobo Sosa sirvió para proteger cargamentos de cocaína. Fabio Lobo, hijo de Lobo Sosa, lo facilitaba.
Fabio Lobo, quien se declaró culpable en 2017 y testificó contra Juan Orlando Hernández buscando una reducción a su pena de 24 años, reconoció que su padre sí estaba al tanto de sus actividades y reafirmó que su gobierno otorgó contratos a la empresa Inrimar, propiedad de Los Cachiros, para lavar dinero procedente del tráfico de cocaína.
Los documentos presentados en la Corte del Distrito Sur de Nueva York dan crédito a cómo seis oficiales de la Policía Nacional trabajaron bajo órdenes de Fabio Lobo para proteger cargamentos de cocaína. Ellos eran Ludwig Criss Zelaya Romero, Mario Guillermo Mejía Vargas, Juan Manuel Ávila Meza, Carlos José Zavala Velásquez, Víctor Oswaldo López Flores y Jorge Alfredo Cruz Chávez.
Uno de ellos, Mario Guillermo Mejía Vargas, ya sentenciado por narcotráfico, testificó contra Juan Orlando Hernández y afirmó también haber trabajado para Juan Antonio «Tony» Hernández y Alexander «Chande» Ardón, junto con el subcomisionado Mauricio Pineda Hernández. Todo bajo la protección del expresidente Juan Orlando Hernández.
Fabio Lobo también testificó haber acudido al exdirector de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), Julián Pacheco Tinoco, quien ofrecía información de inteligencia relacionada con puntos ciegos o rutas despejadas para movilizar droga hacia la frontera con Guatemala.
En 2015, Pacheco Tinoco fue nombrado secretario de Seguridad, cargo que ostentó hasta el 27 de enero de 2022, último día de gobierno de Juan Orlando Hernández.
Todo lo anterior es una radiografía de cómo las fuerzas de seguridad del Estado, que debían encargarse de combatir el crimen, en realidad protegían los transportes de droga que se enviaban a Estados Unidos. Juan Orlando Hernández, y sus secuaces, no actuaron solos porque el mismo aparato estatal fue instrumentalizado para traficar, encubrir y proteger
