Por: Redacción CRITERIO
“Un gobierno inteligente debería usar la inteligencia, si es que tiene inteligencia policial, militar, etcétera, para investigar quienes son las personas que cometen crímenes desde la cárcel”: Reina Rivera Joya.
Tegucigalpa.-El presidente de Honduras, Juan Hernández, anunció la semana pasada que para frenar los delitos que se cometen desde las cárceles, los privados de libertad ya no recibirán visitas conyugales, pero esta medida además de violar los derechos humanos, convierte al Estado en cómplice de los delitos.
Lo anterior es la opinión de la reconocida defensora de los derechos humanos, Reina Rivera Joya, quien considera que no es correcto que el mandatario haga tal anuncio cuando la obligación de su gobierno es dar con los responsables de cometer acciones ilícitas desde los centros penales y no aplicar una medida general que afecte los derechos de la colectividad.
“Cuando usted restringe de manera abierta los derechos a todos los privados de libertad, usted está entrando a una situación de violación de los derechos humanos, entonces el mandatario lo que debería hacer es, garantizar que la inteligencia del Estado (investigación policial o militar) pueda investigar quienes desde la cárcel están involucrados en actividades de planificación de crímenes”, apuntó Rivera Joya.
Al anunciar estas medidas el mandatario está admitiendo que no es capaz de identificar a las personas que desde las cárceles cometen actos delictivos y criminales: Reina Rivera Joya.
Añadió que en Honduras se fomenta la impunidad desde las cárceles porque no se investiga a quienes están privados de libertad, por lo que recomendó que se adopten medidas focalizadas, de carácter tecnológico que permitan identificar los delitos y los infractores.
A juicio de Rivera Joya los presos han perdido el derecho a la libertad, pero no a otros derechos, por lo que la medida anunciada por el presidente Hernández, es abusiva y violadora de derechos, desde cualquier punto de vista.
Por otra parte consideró que la disposición podría ser discriminatoria porque probablemente no se aplique en los batallones donde están recluidos figuras políticas acusadas por delitos de “cuello blanco”.
