¿Quién quebró la democracia estadounidense?

Por: Angus Deaton

PRINCETON – La actual narrativa que predomina en los Estados Unidos sostiene que la democracia está amenazada por los fanáticos del MAGA (siglas para “Hagamos que Estados Unidos sea grande nuevamente”), los negadores de resultados electorales y los republicanos que amenazan con hacer caso omiso de los resultados que no les sean favorables (así como con reclutar fieles para supervisar las elecciones y patrullar los lugares de votación).

Ese relato es real, pero solo hasta cierto punto. Existe otra historia de larga data con un conjunto distinto de villanos, en la que por más de 50 años los estadounidenses sin grados universitarios han visto que sus vidas se deterioran en los ámbitos materiales, sanitarios y sociales.

Aunque dos tercios de la población estadounidense adulta carecen de un grado universitario de cuatro años, el sistema político raramente responde a sus necesidades y ha solido imponer políticas que los perjudican en favor de los intereses de las corporaciones y de sus conciudadanos con mejor educación. Lo que se les ha “robado” no es una elección, sino el derecho a participar en la toma de decisiones políticas, derecho que supuestamente la democracia les garantiza. Visto así, sus esfuerzos por tomar el control del sistema electoral no son tanto un rechazo a las elecciones justas como un intento de hacer que estas les den algo de lo que desean.

Pensemos en algunos de los resultados que motivan a este grupo de personas. Incluso antes de la pandemia, la expectativa de vida -un sólido índice de la salud social e individual- había estado cayendo para los hombres menos educados desde 2010 y para las mujeres menos educadas desde 1990 o antes. Los grupos más jóvenes de estadounidenses menos educados informan sufrir más dolores en todas las edades que los grupos mayores.

Más aún, la participación en la fuerza laboral ha estado a la baja por décadas para los hombres menos educados, y desde 2000 también para las mujeres con menos educación. Los salarios medios reales (ajustados a la inflación) para los hombres sin grado universitario se han ido reduciendo desde 1970. Los estadounidenses con menos educación han sufrido una caída de las tasas de casamientos y un alza en los nacimientos fuera del matrimonio. La asistencia a la iglesia ha descendido y muchos hombres menos educados se encuentran a la deriva, sin el apoyo de institución alguna.

Según una encuesta reciente de New York Times/Siena, dos tercios de los votantes creen que el gobierno “funciona principalmente para beneficiar a las elites poderosas”. Esta visión no se limita a quienes niegan las elecciones ni a los republicanos, ni a los menos educados; pero es este último grupo el que se ha visto más perjudicado por las medidas que la dejación política ha hecho posibles. Por ejemplo, el salario mínimo federal no ha sido aumentado desde 2009.

De manera similar, los políticos estadounidenses vendieron el Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio y el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio como medidas en que todos ganarían, tanto los estadounidenses como los mexicanos y los chinos. Sin embargo, contrariamente a lo prometido por los economistas y a lo que pudiera haber sucedido en el pasado, las pérdidas de empleos subsiguientes no llevaron a que la gente subiera de nivel sus trabajos y se mudara a lugares más prósperos, en parte porque esos lugares ya no eran asequibles y, en parte, porque los mejores empleos exigían algo que los antiguos no pedían: un grado universitario de cuatro años.

Es verdad que hay excepciones. La Ley de Cuidados Asequibles (Obamacare) hizo posible que decenas de millones de personas que no tenían seguro de salud accedieran a atención médica. Pero asegurar su aprobación significó ceder a la industria sanitaria cualquier chance de control de los costes. Para la mayoría de los estadounidenses con empleo, el seguro de salud se paga con un impuesto fijo que se descuenta del salario, lo que reduce la paga para quienes tienen menos formación y alienta a las empresas a externalizar y eliminar trabajos. Dado que la salud se financia por medio del mercado del trabajo, los crecientes costes de la atención de salud están generando presiones adicionales sobre los salarios y los empleos de calidad para los menos educados.

En el Congreso, no solo los votos están sesgados en favor de los votantes más adinerados: los temas que más preocupan a quienes no forman parte de las elites (como un sistema único de prestación de salud, una opción pública de seguro de salud y el aumento del salario mínimo) ni siquiera logran llegar a la agenda legislativa. Los grupos de presión son mucho más eficaces que los votantes a la hora de fijar agendas.

Resulta muy difícil (aunque no imposible) ser electo para el Congreso sin un abundante respaldo financiero. Si bien el sistema de financiación de campañas electorales estadounidense raramente lleva a una corrupción abierta, ejerce una fuerte influencia para seleccionar legisladores que tienen una visión favorable a las empresas y al capital por sobre el trabajo. En consecuencia, los congresistas facilitaron la aprobación de leyes que favorecieron a los fabricantes y distribuidores de opioides que envenenaban precisamente a quienes los habían elegido (y bloquearon las investigaciones vinculadas al asunto). No debería sorprender que muchos de quienes han sido así de maltratados sean reluctantes a aceptar vacunas promovidas por un sistema del que han aprendido a desconfiar.

Otro problema es que las empresas han estado aumentando sus márgenes de beneficio sobre los costes, con lo que redistribuyen el ingreso desde la mano de obra al capital. Peor aún, esta tendencia se ha visto estimulada por un debilitamiento de largo plazo de la aplicación de las normas antimonopólicas, incluso cuando no existe apoyo popular para ello, ni los legisladores han tomado posiciones en su favor. La responsabilidad recae en las entidades regulatorias y los jueces que fueron seleccionados por su probable susceptibilidad a las presiones de grupos proempresariales.

No todos los estadounidenses menos educados que se encuentran en mayor riesgo de morir pronto votaron por Donald Trump en 2016 y 2020, pero muchos de ellos lo hicieron. La superposición se puede apreciar viendo las “muertes por desesperanza” -suicidios, sobredosis de drogas y enfermades hepáticas por ingesta de alcohol- entre condados y compararlas con la proporción de los resultados que obtuvo Trump.

Pero hay una conexión incluso más estrecha entre mortalidad y negadores de los resultados de las elecciones. El New York Times examinó la mortalidad en los distritos electorales y encontró que las muertes por desesperanza eran más altas en los de los representantes republicanos que votaron contra la certificación de la victoria de Biden que en los de la misma tienda política que sí lo hicieron. Se trata de un caso de democracia en ejercicio, aunque una inspirada en la rabia, la futilidad y la frustración.

Se supone que la democracia se basa en la igualdad. Todos los ciudadanos deberían tener la misma posibilidad de influir en las decisiones políticas. Los votantes MAGA pueden estar amenazando el sistema como nunca antes, pero no salieron de la nada.

Angus Deaton, Premio Nobel 2015 de economía, es profesor emérito de Economía y Asuntos Internacionales en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Princeton y profesor presidencial de Economía en la Universidad del Sur de California. Es coautor, junto con Annie Case, de Deaths of Despair and the Future of Capitalism (Princeton University Press, 2020).