Anoche pernoctaron en las afueras del Ministerio Público y esta mañana a partir de las 11:00 am saldrán en caminata hacia la Corte Suprema a exigir la liberación y el cese a la criminalización contra Wilmer Otoniel Alonzo y José Orlando Rodas
Tegucigalpa, Honduras. – Un día lluvioso y una caminata de 88 kilómetros, no detuvieron al pueblo indígena Lenca de Reitoca, quienes se movilizaron hasta llegar a las instalaciones del Ministerio Público para exigir el cese a la criminalización de la que son objeto desde 2018.
Para Wilmer Otoniel Alonso Herrera, defensor criminalizado, el proceso judicial en su contra y de José Orlando Rodas, ha sido difícil especialmente porque “sabemos del poder económico de las empresas y de la capacidad que tienen para manipular jueces”, expresó a Criterio.hn.
Ambos defensores del agua fueron señalados del delito de usurpación y daños, denuncia interpuesta por la empresa extractiva Promotora de Generación de Energía Limpia SA (Progelsa), desde el 2018, por defender el Río Grande de Reitoca, que, de acuerdo con los pobladores de la zona, su caudal se está secando.
Wilmer Alonso y José Orlando Rodas del Consejo Indígena Lenca, se enfrentan a un juicio de dos días que concluirá el martes 31 de octubre, en ese sentido, los pobladores de Reitoca se han movilizado para exigir la liberación y el cese a la criminalización por la defensa del bien común.
De acuerdo con Wilmer, pese a las dificultades que se han presentado, continuarán en la defensa del Rio Grande porque están conscientes que representa la vida del pueblo indígena Lenca. “No podemos dejar que una empresa nos vaya a encarcelar nuestro rio”, señaló el defensor.
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PRÁCTICAS DILATORIAS
Las campañas de represión violenta y criminalización en contra del pueblo indígena Lenca, se han mantenido a lo largo de cinco años. En octubre de 2018, por oponerse al proyecto hidroeléctrico en el río Grande, la empresa hidroeléctrica presentó una denuncia en el Ministerio Público contra los defensores.
Luego de esta denuncia, los defensores han sido sometidos a una serie de practicas dilatorias y desgastantes, entre ellas presentarse cada mes a firmar a los juzgados de Tegucigalpa, que de acuerdo con defensores es “una táctica empleada por el Estado hondureño para cansar y neutralizar a las personas defensoras de la tierra”.
Arnold Guifarro del Bufete Justicia para los Pueblos, denunció en entrevista con Criterio.hn que esta es la quinta vez que se reprograma el juicio a los defensores, lo que limita el acceso a la justicia.
De igual manera, Kenia Oliva, abogada defensora de Wilmer y Orlando, señaló que el Ministerio Público no ha logrado acreditar los defensores ingresaran a las instalaciones de Progelsa, están a punto de ser condenados por los delitos de usurpación y daños.
De ser condenados, los defensores del ambiente podrían ser privados de libertad puesto que, de acuerdo con la abogada el MP no ha señalado si es un concurso real o concurso ideal de delitos. “significaría que los condenarían por dos delitos por separado, podrían ir presos por defender el agua y el rio de Reitoca.
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MINISTERIO PÚBLICO EN CONTRA DE PUEBLOS ORIGINARIOS
Las comunidades Indígenas Lencas que han sido afectadas con la instalación de la empresa hidroeléctrica, señalan que tienen títulos sobre la tierra del año 1735 certificados por el rey Felipe de Castilla de la corona española, sin embargo, denuncian que nunca fueron consultadas de buena fe sobre el proyecto y nunca dieron su consentimiento libre, previo e informado para que sigue adelante, el proyecto ha contado con el apoyo de los sectores económicos más importantes del país.
Para Gissela Rodas, vocera de la Red de Mujeres del Consejo Indígena Lenca, la opacidad y discriminación de las máximas autoridades del Ministerio Público, han sido evidentes y además han abonado a la criminalización de la defensa del ambiente. “Todo el ministerio Publico está en contra de nosotros, los pueblos indígenas originarios”, recriminó la defensora.
De acuerdo con el Bufete Justicia para los Pueblos, más de 15 defensores de Reitoca han enfrentado distintos cargos penales, catalogados como “espurios”, originados desde que la empresa hidroeléctrica PROGELSA comenzó a desarrollar ilegalmente un proyecto hidroeléctrico en el Río Petacón en territorio Lenca sin el consentimiento de la población indígena.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos hacen un llamado a la solidaridad y al acompañamiento nacional e internacional a estar atentos del curso del juicio y que los defensores sean absueltos de los delitos por los que fueron requeridos.
