Publicación de audios por el MP: ¿investigación ejemplar o exposición mediática?

La divulgación de audios por parte del MP genera cuestionamientos sobre la legitimidad, capacidad y motivaciones institucionales de la Fiscalía para conducir una investigación penal que no termine en la impunidad

Analistas advierten que la mediatización de las pruebas ha radicalizado posturas y profundizado la crisis de transparencia electoral en Honduras, mientras el MP enfrenta el reto de demostrar independencia

Ilustración de portada: Guillermo Burgos/Criterio.hn

 Tegucigalpa, Honduras. – A pocas semanas de las elecciones generales del 30 de noviembre, la divulgación de audios por parte del Ministerio Público (MP) que vinculan a la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) Cossette López, al jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, y a un militar activo de las Fuerzas Armadas, en un supuesto complot para desestabilizar el proceso electoral, ha abierto nuevas interrogantes sobre las motivaciones y alcances de esta acción.

¿Busca realmente esclarecer responsabilidades o responde a intereses políticos? Las dudas giran en torno a la capacidad del Ministerio Público para sostener una investigación sólida, los posibles vicios legales en la obtención y divulgación de las pruebas, y el riesgo de que todo quede, nuevamente, en el terreno de la impunidad y la negociación política.

Para la abogada Reina Rivera, la investigaciónpodría avanzar hacia una causa penal formal, independientemente de si el Congreso Nacional decide o no abrir un juicio político contra la consejera del CNE, Cossette López.

Rivera explicó que el MP mantiene investigaciones abiertas desde marzo relacionadas con el retraso en el transporte de material electoral en varios centros de votación en el Distrito Central y San Pedro Sula. Según la abogada, dichas causas podrían vincularse con las nuevas evidencias divulgadas esta semana.

Posterior alas elecciones del 9 de marzo, la Unidad Especializada Contra los Delitos Electorales (UECDE) del MP presentó requerimiento fiscal en contra de seis ciudadanos, señalándolos como responsables de la presunta contratación fraudulenta de la empresa Ingeniería, Logística y Transporte S. de R.L. de C.V.

De interés: Declarar ganador a Salvador Nasralla y repetir comicios, parte del plan, revelado en audios del MP

MEDIATIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El abogado y defensor de derechos humanos, Víctor Fernández, consideró que el Ministerio Público actuó fuera de su papel institucional al divulgar audios sobre el presunto plan para deslegitimar el proceso electoral, lo que, a su juicio, ha profundizado la polarización política y el clima de tensión previo a los comicios del 30 de noviembre.

Fernández explicó que el mandato del MP, de acuerdo con la Constitución y su ley orgánica, se limita a dirigir las investigaciones criminales y ejercer la acción penal, no a mediatizar las pruebas o procesos en curso. “El escenario del Ministerio Público no son los medios de comunicación, sino los tribunales de la República”, enfatizó.

A su criterio, divulgar públicamente las grabaciones antes de presentar requerimientos fiscales vulnera la reserva de las investigaciones y puede interpretarse como una “instrumentalización de la política criminal con fines políticos o mediáticos”.

Fernández reconoció que, en ciertos casos, la publicidad de una investigación podría tener un efecto preventivo, pero insistió en que este no parece ser el caso. “Si el Ministerio Público hubiera tenido la determinación de ejercer la acción penal, no lo habría anunciado. Lo que ha generado un estrés indebido sobre un proceso electoral ya crítico”, señaló.

El exfiscal sostuvo que la Fiscalía debe asumir responsabilidad por los daños derivados de su decisión de revelar los audios si finalmente no se traducen en acciones legales concretas. “Cuando se posicionan en la opinión pública comunicaciones tan sensibles y no se llega hasta las últimas consecuencias, se altera la convivencia ciudadana y se incrementa la desconfianza en las instituciones”, advirtió.

Lea: Xiomara Castro advierte sobre golpe electoral o ¿se suma al guion de crisis?

INCREMENTO DE LA POLARIZACIÓN POLÍTICA

Sobre las posibles repercusiones políticas del caso, Fernández anticipó que el efecto más inmediato será la profundización de la polarización entre los dos bloques en disputa electoral: “El tradicionalismo político histórico, representado por el Partido Nacional y sectores liberales, frente al oficialismo, que también forma parte de ese mismo tradicionalismo, pero que hoy tiene el control del Estado”.

Según dijo, los recientes acontecimientos han radicalizado las posturas tanto de la oposición, que denuncia un abuso institucional, como del oficialismo, que endurece su discurso político. “Esto ha sumado más combustible al fuego de la confrontación en un ambiente ya polarizado. No sé si en votos inclinará la balanza hacia un lado u otro, pero sí genera un contexto más crispado y menos propicio para elecciones transparentes”, concluyó Fernández.

Lea también: Consejeros del CNE generan incertidumbre en el proceso electoral

POSIBLES ESCENARIOS DE AUDIOS DIVULGADOS POR EL MP

Sobre la autenticidad de los audios, Rivera señaló que existen dos escenarios posibles: que las escuchas se hayan realizado de forma legal en el marco de las investigaciones iniciadas meses atrás, o que provengan de una filtración de material interceptado por un juez de intervención de comunicaciones. Sin embargo, también advirtió que podrían haber sido obtenidas por medios ilegales, escenario que deberá determinar una pericia forense.

Luego de la divulgación de los audios –que para Rivera no son la única prueba— se ha generado una narrativa en los medios de comunicación alimentada incluso por abogados, que las pruebas son ilícitas porque se violó el derecho a la privacidad con las escuchas telefónicas, lo que en derecho se conoce como la teoría del fruto envenenado que sostiene que toda prueba obtenida de manera ilegal, y cualquier evidencia derivada de ella, debe considerarse nula y no puede ser utilizada en un proceso judicial

Aun así, Rivera sostuvo que en contextos donde está en riesgo la democracia, una prueba considerada ilícita podría ser admitida judicialmente si persigue un fin superior. “Hay casos internacionales que reconocen que cuando está en juego la preservación del Estado de derecho, la prueba puede volverse lícita por decisión judicial”, recordó, citando los antecedentes del caso de Vladimir  Montesinos en Perú y el de Tony Hernández en Estados Unidos.

En ese sentido, la abogada defendió la decisión del Ministerio Público de exponer el caso públicamente. “Estamos a un mes de las elecciones y no podía quedarse callado el fiscal general. Lo que se denunció es un delito de lesa patria, el más grave en una democracia: intentar robarse unas elecciones”, enfatizó.

Sobre los pasos a seguir, Rivera precisó que la Fiscalía puede continuar la investigación penal y presentar el caso ante la Corte Suprema de Justicia, sin necesidad de que el Congreso active un juicio político. En caso de que se dicte auto de prisión, la consejera López debería ser reemplazada por su suplente, aunque podría seguir en el cargo mientras el proceso esté en investigación.

Le puede interesar: Advierten sobre apatía y control de élites rumbo a las elecciones generales en Honduras

COSSETTE LÓPEZ PRESENTA RECURSO EN LA CJS

Esta mañana, la consejera del CNE, Cossette López— quien acusa al MP de haber creado los audios con inteligencia artificial— acudió a la Corte Suprema de Justicia para presentar un recurso de amparo en defensa de sus derechos fundamentales, luego de la fiscalía la señalara por supuestamente planear acciones que atentan contra el sistema electoral hondureño.

López, del partido nacional, sostiene que esta medida legal es imprescindible para asegurar su continuidad en el CNE y respaldar la legitimidad de sus decisiones, en medio de un ambiente marcado por la divulgación de audios. Además, denunció que su vida peligra, y responsabiliza al también consejero del CNE Marlon Ochoa de ocurrirle algo. Ochoa, consejero en representación del oficialista partido Libre, presentó una denuncia en el MP y entregó una memoria USB con al menos 24 audios –los mismos que divulgó el ente acusador del Estado—.

En palabras de la socióloga Leticia Salomón, lo sucedido con la consejera Cossette López refleja la distancia entre la realidad política hondureña y los estándares democráticos internacionales. Salomón plantea que, en una sociedad con mayor coherencia, menor tolerancia al cinismo político y un desarrollo institucional más robusto, los funcionarios involucrados en un escándalo de semejante magnitud renunciarían de forma inmediata; sus partidos ofrecerían disculpas públicas, los dirigentes admitirían responsabilidad, la sociedad civil exigiría la separación inmediata y la justicia actuaría con urgencia por el riesgo que supone su continuidad para la credibilidad del proceso electoral.

La reacción del sistema hondureño —más centrada en la confrontación mediática, la negación y la instrumentalización política del caso— pone en evidencia la debilidad de los controles democráticos y abona a la desconfianza ciudadana en la transparencia de las elecciones.

Entre tanto,el ambiente electoral se torna más incierto y polarizado, mientras parte de la ciudadanía y analistas temen que la revelación de los audios sea, en última instancia, utilizada para negociar cuotas de poder, no para depurar responsabilidades, en medio de un proceso marcado por la desconfianza y la fragilidad institucional.