Tegucigalpa, Honduras. – Desde el pasado lunes 10 de julio de 2023, los abogados aspirantes a ostentar el cargo de fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público (MP), se están sometiendo a distintas pruebas en las que tienen que demostrar que cumplen con el perfil idóneo, establecido en la matriz de evaluación, para liderar la fiscalía durante el periodo 2023-2028.
La primera prueba, y a la que ya se sometieron los 21 abogados que todavía continúan en el proceso, fue la psicométrica que se aplicó el lunes 10 en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), ubicada en la capital. En síntesis, con base a los resultados de esta, se demostrará cuales abogados están mentalmente bien para llevar las riendas del MP.
Al concluir la primera prueba, los abogados se están sometiendo al examen patrimonial, en el que, además, se investigará la situación financiera de manera que, los que entren al cargo de fiscal general y adjunto, puedan garantizar que no se van a enriquecer ilícitamente a través de los fondos que manejen en la fiscalía.
La última prueba que se aplicará será la toxicológica, que comenzará este viernes 14 y culminará a las 5:00 de la tarde del sábado 15.
Con esta prueba se demostrará si los postulantes son consumidores frecuentes de alguna sustancia alucinógena que entorpecería su labor mientras ostenten los máximos cargos de la fiscalía.
Uno de los integrantes de la Junta Proponente contó a Criterio.hn que, con los primeros resultados de las pruebas aplicadas (psicológicas y patrimoniales), ya suenan algunos nombres de postulantes que serán inhabilitados por no estar en condiciones de llevar las riendas de la fiscalía.
“Ya tenemos en nuestras manos algunos resultados, conocemos de algunos que, en base a los primeros resultados serían inhabilitados, pero eso después de la evaluación que hagamos entre los integrantes de la Junta Proponente”, precisó.
Agregó que “es prematuro aventurarse a dar los nombres de los abogados, pero los resultados no se pueden cambiar, es lo que tenemos y con base a esos resultados adversos podemos inhabilitar a cualquiera de los postulantes”.
Los resultados de las pruebas hechas a los 21 postulantes que aspiran a los altos cargos de la fiscalía serán ventilados por los integrantes de la Junta Proponente, encabezada por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Rebeca Ráquel Obando, el próximo martes 18 de julio, en la octava reunión que se celebrará en la Escuela Judicial, en la capital.
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TRABAJO DE LA JUNTA
La Junta Proponente tiene la enorme labor de seleccionar, entre los 21 postulantes que quedan en el proceso, la nómina de los cinco mejores evaluados, para posteriormente enviarla al Congreso Nacional y que en una sesión de segundo grado elijan al próximo fiscal general y adjunto del Ministerio Público.
En la primera fase de este proceso la Junta Proponente recibió un total de 26 postulaciones, de la que, a medida ha ibo avanzado, varios abogados han renunciado a su aspiración y otros han sido inhabilitados por no cumplir con los requisitos ya establecidos en la norma que rige esta instancia.
Por ejemplo, en la fase de subsanación de información, los proponentes enviaron a 20 abogados a corregir sus carpetas porque presentaron información falsa, errónea e incompleta, pero sólo 18 lograron completar lo requerido.
La abogada Karen Alicia Motiño afín al Partido Nacional y Arnaldo Alvarado García fueron los aspirantes que fueron separados en esa fase tras no poder subsanar la información requerida a tiempo ante la Junta Proponente. Para hacerlo tuvieron 48 horas (desde el 1 de julio hasta el 3 del mismo mes).
Después los proponentes determinaron inhabilitar a la abogada y exdiputada del Partido Liberal Sobeyda Judith Andino Álvarez, tras encontrar que no cumple con la experiencia en materia penal que se requiere para ser fiscal general o adjunto.
En tanto, argumentando estar atravesando problemas personales, la profesional del derecho y actual titular de la Secretaría de Trabajo, Lesly Sarahí Cerna renunció a su postulación, pero, de acuerdo con el reglamento, igual tenía que ser inhabilitada por ostentar un alto cargo en una institución del Estado.
Mientras se desarrollaba la fase de tachas y denuncias, que viene siendo la segunda de este proceso, el abogado Alejandro Alvarenga Portillo, renunció a su postulación y denunció que el trabajo de los proponentes es puro trámite porque ya hay nombres y apellidos de las personas que tendrán los altos puestos de la fiscalía.
El proceso de tachas cerró con 21 abogados de los 26 que se postularon, y de esos 21, 17 fueron denunciados ante la Junta Proponente, mismos que tienen hasta el viernes 14 de junio para justificar, con evidencias, que no han sido parte de ninguna irregularidad.
Actualmente el proceso se encuentra en la fase de pruebas toxicológicas, psicométricas y de patrimonio, mismas que terminan el sábado 15 de julio, después los postulantes tendrán que presentarse a las entrevistas públicas.
Posteriormente los proponentes evaluarán a los abogados que pasaron los filtros anteriores, serán calificados de 1 a 100, seleccionarán a los cinco que obtuvieron la mejor nota y posteriormente enviarán esa nómina al Congreso Nacional presidido por el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Luis Redondo.
El Congreso, en esa etapa crucial, tiene dos opciones. La primera es reivindicarse con la sociedad escogiendo a los abogados por los méritos obtenidos en los filtros que hizo la Junta Proponente y, la segunda, es colocar a las personas que respondan a los intereses corruptos de la clase política y económica, siguiendo la misma hegemonía que mantiene la fiscalía en la actualidad.
Una evidencia de lo anterior es que, en la elección de los magistrados de la CSJ, los diputados no tomaron en cuenta a la abogada Ana Alejandrina Pineda, que obtuvo la nota más alta de todos los postulantes como un 93. 22% en la evaluación que hizo la Junta Nominadora.
