La policías le dio seguimiento a los manifestantes y han capturado a cinco jóvenes a quienes los acusan de ser sospechosos de incendiar una motocicleta de la policía y de haber atacado a uno de sus compañeros
Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa. – La ciudadanía hondureña está indignada por el homicidio de la estudiante de enfermería Keyla Patricia Martínez el pasado sábado en una posta policial de la ciudad de La Esperanza en el departamento de Intibucá y que de acuerdo con el Ministerio Publico no fue un suicidio como en su momento informó la Policía Nacional de Honduras.
Luego de fuertes protestas en la ciudad de la Esperanza donde se le metió fuego a la posta policial, y plantones en la ciudad capital frente a la Facultad de Ciencias Médicas, en el Parque Central y frente al Hospital Escuela Universitario, el Ministerio Público apareció con un comunicado manifestando que de acuerdo con los exámenes forenses practicados a la joven estudiante de enfermería ella murió por asfixia mecánica (estrangulada).
Las manifestaciones no han parado desde el pasado lunes cuando se conoció que la joven murió en los reparos policiales y que la policía manifestó en primer momento que ella había tratado de suicidarse colgándose con su suéter y que trataron de salvarle la vida llevándola al hospital Enrique Aguilar Cerrato de la Esperanza donde luego falleció.
El personal médico de dicho hospital desmintió la versión policial al afirmar que la joven ya llegó son signos de vida al centro asistencial.
La noche del martes los pobladores le prendieron fuego a la posta policial de La Esperanza ante la indignación al conocerse que la joven fue asesinada por agentes policiales.
La Secretaría de Seguridad manifestó mediante un comunicado que los policías que estaban asignados la noche del suceso ya fueron puestos en custodia para deducirles las responsabilidades del caso.
Sobre el caso se han pronunciado varias organizaciones defensoras de derechos humanos y defensoras de los derechos de la mujer, pidiendo una investigación exhaustiva sobre el caso y exigiendo castigo a los culpables del homicidio.
Otra de las peticiones tanto de la familia como de las organizaciones era que se le practicara una autopsia independiente para determinar si la joven fue violada, porque creen que pudo ser la causa para silenciarla.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) manifestó el lunes 8 de febrero que, “Toda muerte en custodia debe ser investigada como potencialmente ilícita y deberán analizarse posibles signos de tortura, lesiones y/o violencia sexual”.
Así mismo, la Oacnudh instó a las autoridades hondureñas a investigar este hecho “con prontitud y de manera exhaustiva, independiente, imparcial y transparente”.
Este miércoles el organismo manifestó en un comunicado que considera que los hechos podrían ser constitutivos de una ejecución extrajudicial y que, por tanto, la investigación deberá llevarse a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas.
La Representante de OACNUDH en Honduras, Isabel Albaladejo, recordó que “de acuerdo con el Protocolo de Minnesota, las investigaciones deben orientarse a identificar no solo a los autores directos, sino también a todos los demás responsables de la muerte, incluidos los funcionarios de la cadena de mando que fueron cómplices en ella”.
Hoy en horas de la tarde nuevamente hubo un plantón en la Plaza Morazán o Parque Central de Tegucigalpa donde al final de la protesta los manifestantes incendiaron una motocicleta de un policía infiltrado que daba seguimiento a la manifestación de las jóvenes universitarias.
El policía fue atacado a pedradas y resultó herido en una de sus piernas y tuvo que refugiarse en uno de los negocios cercanos al parque central.
Minutos después sus compañeros llegaron a bordo de una auto patrulla para rescatarlo y trasladarlo a un centro asistencial.
La manifestación se trasladó a las cercanías del Hospital Escuela donde los policías le dieron seguimiento a los manifestantes y han capturado a cinco jóvenes a quienes los acusan de ser sospechosos de incendiar la motocicleta de la policía y de haber atacado a su compañero.
Los jóvenes detenidos son: Eduardo José Molina, Christopher Flores, Alex Mauricio Laguna Banegas, Joel Edgardo Rojas y Josué Rafael Fonseca y los tienen detenidos en la unidad policial conocida como el Core 7.
Los defensores de derechos humanos de diferentes organizaciones les dieron seguimiento y están acompañándolos para brindarles seguridad y para exigir su liberación porque consideran ilegal su detención.
La policía manifestó en sus redes sociales que, “Gracias al monitoreo permanente de las cámaras del 911 se logra identificar y requerir a cinco ciudadanos, sospechosos de atentar contra la vida de nuestros funcionarios policiales en el centro de Tegucigalpa”.
Foto Sandra Rodríguez/Cofadeh
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) informó al cierre de esta nota: “ En este momento se encuentra militarizado las instalaciones del Core 7 hasta donde llegaron defensores de derechos humanos quienes informan que no les permiten ingresar para constatar la situación de los jóvenes detenidos”.
Las instalaciones de la estación policial se encuentran totalmente militarizadas, impidiendo así el acceso de defensores de derechos humanos, abogados y familiares para saber en el estado que se encuentran.
Los jóvenes fueron agredidos por la policía, algunos de ellos tienen golpes en la espalda y otras partes del cuerpo, según informaron procuradoras del COFADEH.
