El rechazo a la Ley de Empleo a Tiempo Parcial y el incumplimiento en el pago de salarios han impulsado movilizaciones que, según analistas, podrían escalar en frecuencia e intensidad ante la falta de respuestas del gobierno.
Tegucigalpa, Honduras. –Las manifestaciones registradas durante la semana y en distintos puntos de la capital hondureña evidencian un creciente malestar social que, lejos de disminuir, podría intensificarse en los próximos días. Las protestas, motivadas principalmente por el rechazo a la Ley de Empleo a Tiempo Parcial y la exigencia del pago de derechos laborales, han sido respondidas con la presencia e intervención de la Policía Nacional, lo que plantea un escenario de posible escalada tanto en la movilización ciudadana como en la represión por parte de los entes de seguridad del Estado.
El martes 17 de marzo, las denominadas “tanquetas” de la Policía Nacional volvieron a las calles de Tegucigalpa para dispersar a miembros de centrales obreras que se concentraron en las afueras del Congreso Nacional. Los manifestantes exigían la no aprobación de la Ley de Empleo Parcial, así como la eliminación de impuestos a los combustibles, en una jornada que marcó el retorno de dispositivos de control y disuasión, que durante la administración anterior no se observaron con tanta frecuencia.
Las movilizaciones continuaron el miércoles y jueves, esta vez protagonizadas por empleados del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP) de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), quienes denunciaron el incumplimiento en el pago de al menos tres meses de salario, además de demandar garantías de estabilidad laboral.
Las protestas se extendieron a varios puntos estratégicos de la capital, incluyendo las inmediaciones de la Secretaría de Energía (SEN), en la colonia Real de Minas, a pocos metros del Centro Cívico Gubernamental, y en el anillo periférico en las inmediaciones de la colonia La Cañada.
En ese sector, la Policía Nacional intervino para controlar la quema de llantas y ramas en la vía pública, mientras monitoreaba la concentración de los trabajadores. Situaciones similares se registraron en la carretera CA-5, a la altura de Villas de San Antonio, en Comayagua, y en el departamento de Valle, donde empleados del mismo programa bloquearon la carretera internacional CA-1 como medida de presión.
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Los manifestantes aseguran que la falta de pago afecta a miles de trabajadores a nivel nacional, lo que ha incrementado el nivel de indignación y ha motivado la continuidad de las protestas. Este contexto, según analistas, podría derivar en una mayor articulación de sectores sociales inconformes, ampliando el alcance de las movilizaciones.
Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), advirtió que la respuesta de la Policía Nacional no es un hecho aislado, sino parte de una dinámica estructural que nunca se transformó completamente.
El también abogado dijo a Criterio.hn que “a la Policía Nacional nunca la cambiaron. Su disposición a la represión se ha mantenido intacta, lo que hubo fue una contención política en el gobierno anterior, pero esa lógica sigue presente”.
Más allá de los hechos puntuales, el analista considera que existe un trasfondo político en el manejo de las protestas. “Desde el gobierno hay un desprecio marcado por los derechos. El reclamo ciudadano no sólo se reprime, sino que se criminaliza, tratándolo como si fuera un delito”, expresó el jurista y defensor de derechos humanos.
El contexto se vuelve aún más complejo ante las propuestas legislativas que buscan endurecer el tratamiento penal contra estructuras del crimen organizado, incluyendo su posible clasificación como organizaciones terroristas.
Para distintos sectores, estas iniciativas podrían abrir la puerta a una mayor criminalización de la protesta social, replicando patrones observados en años anteriores cuando se aprobaron reformas al Código Penal (decreto 93-2021).
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La combinación de inconformidad social, demandas laborales insatisfechas y reformas legales en curso configura un escenario de alta tensión. Por lo anterior, Acevedo expone que, si no se generan canales efectivos de diálogo, las protestas podrían incrementarse en frecuencia e intensidad en las próximas semanas.
En paralelo, el despliegue progresivo de fuerzas de seguridad para contener las manifestaciones podría derivar en un aumento de los episodios de represión, en una línea que, aunque aún distante de los niveles registrados en la crisis postelectoral de 2017, presenta señales de alerta.
