Por Koketso Moeti*
JOHANNESBURGO – Nestlé, el gigante de los alimentos y bebidas, actualizó recientemente sus “prácticas responsables de marketing hacia niños”. Como parte de esta nueva política que entrará en vigor en julio, la empresa dice que limitará la comercialización de alimentos poco sanos y ultraprocesados a niños menores de 16 años, alabándose a sí misma por ser “una de las primeras compañías de alimentos y bebidas en adoptar estándares así de estrictos de manera voluntaria”.
La estrategia de Nestlé no debe sorprender. Al enfrentarse a la amenaza de un escrutinio del gobierno, las empresas y asociaciones industriales suelen pregonar que la autorregulación como una alternativa más eficaz para proteger la salud pública. De hecho, es probable que lo contrario sea cierto. Por ejemplo, un estudio reciente de PRICELESS SA e investigadores de la Escuela de Sanidad Pública de la Universidad de Witwatersrand revisó 20 medidas voluntarias adoptadas por empresas de alimentos y bebestibles en países de ingresos bajos y medios, y encontró que esas iniciativas “a menudo apuntan a proteger los intereses del sector más que a mejorar la salud pública”.
La actual lucha de África contra las enfermedades crónicas subraya la urgente necesidad de que sus gobiernos penalicen a las Grandes Corporaciones Alimentarias, tal como lo hicieron con las Grandes Tabacaleras. Hoy las enfermedades no transmisibles (ENT), como la hipertensión, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, representan un 51% de los fallecimientos en Sudáfrica y cerca de un 37% en el África Subsahariana. Se espera que la cantidad de adultos africanos con diabetes, que en la actualidad asciende a 24 millones, aumente en un 129% para 2045.
Las experiencias recientes de Sudáfrica ofrecen a las autoridades lecciones útiles acerca de los riesgos de la autorregulación. En 2018, el país introdujo un impuesto a las bebidas azucaradas denominado Tasa para la Promoción de la Salud. Aunque es demasiado bajo, hay estudios que indican que ya ha tenido un efecto positivo, reduciendo el consumo de bebidas endulzadas con azúcar.
En la antesala al impuesto, y con la obesidad infantil en ascenso, Coca-Cola anunció que no vendería sus productos a menores de 12 años y que ya no suministraría bebidas azucaradas efervescentes a las tiendas en premisas escolares. Dos años después de este anuncio, un estudio que examinó 105 escuelas públicas del país halló “ciertas evidencias preliminares de que las promesas voluntarias de entidades comerciales no bastan para eliminar [las bebidas azucaradas] y sus anuncios publicitarios de las escuelas” y recomendó una prohibición de las ventas y la publicidad. Los autores concluyeron que era más probable que las medidas del gobierno fueran mucho más eficaces.
Más aún, cuesta ver cómo las autoridades pueden confiar en que los grandes fabricantes de alimentos y bebidas se regulen a sí mismos cuando ellos mismas eluden con regularidad las leyes y regulaciones nacionales. Por ejemplo, en 2012 Sudáfrica anunció nuevas normas que restringían el marketing de preparados lácteos para niños menores de 3 años, una medida que iba en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para regular los sustitutos a la leche materna. Nestlé ha socavado estas regulaciones una y otra vez al patrocinar conferencias y eventos sobre nutrición infantil.
En 2021, por ejemplo, Nestlé se alió con prominentes medios de comunicación sudafricanos para hacer de anfitrión de un foro en línea que la empresa proclamó que “beneficiaría a todas las mamás, las abuelitas, las tías y las tutoras de los más pequeños”, al enseñarles todo lo que necesitaban saber acerca la nutrición para bebés y niños. Quienes participaran podían tener la oportunidad de ganar un cupón de supermercado por R500 ($28), una táctica eficaz en momentos que los precios de los alimentos estaban por las nubes. Tras protestas de expertos nutricionales y grupos de la sociedad civil que reclamaban que el evento violaba la prohibición de ofrecer “incentivos, alicientes o invitaciones de cualquier naturaleza que pudieran alentar la venta o promoción” de sustitutos de la leche materna, el evento acabó por cancelarse.
Estos tipos de tácticas de explotación no se limitan a Sudáfrica ni a Nestlé. Además de eventos para madres y padres, estas empresas también socavan cada vez las regulaciones al apuntar a las nuevas madres en las redes sociales. Un estudio encargado por la OMS y realizado en varios países que examinó la industria de preparados lácteos para bebés, cuyo valor total se estima en $55 mil millones, revela la “impactante amplitud” de estas prácticas, que entre otras cosas incluyen el pago a influenciadores y plataformas de redes sociales para que “ganen acceso directo a mujeres embarazadas y madres en algunos de los momentos más vulnerables de sus vidas”.
El marketing de alimentos y bebidas poco sanos y ultraprocesados crea ambientes alimentarios no sanos. Hay una abrumadora evidencia de que estos alimentos y bebestibles, junto con las insidiosas prácticas de marketing de este sector, contribuyen a la morbilidad y la mortalidad de la población y obstaculizan los esfuerzos de las autoridades para controlar las ENT.
Los gobiernos deben adoptar medidas decididas para reducir la carga que representan las ENT. El fracaso de las promesas voluntarias demuestra que no hay sustitutos para la regulación estricta y basada en evidencias del marketing de alimentos y bebidas ultraprocesados. En momentos que las ENT están en camino a convertirse en la principal causa de muertes en el África Subsahariana, es muy alto lo que está en juego como para priorizar los intereses de gigantes corporativos que buscan ganar utilidades por sobre políticas sólidas de salud pública.
*Koketso Moeti, Directora Ejecutiva de Amandla.mobia, es una de las becarias Reiner Arnhold de la Mulago Foundation y una de las beneficiaras del programa Atlantic Fellow for Racial Equity.
