Tegucigalpa, Honduras.- Revuelo ha generado la sugerencia que ha elevado la Unión de Notarios de Honduras (UNH) al Congreso de la República, mediante la cual insta a ese poder del Estado a interpretar el artículo 19 de la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la proposición de candidatas y candidatos a las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia.
El artículo en cuestión se refiere a una serie de requisitos que las y los postulantes a los cargos mencionados debían superar con el propósito de avanzar hacia otras fases del proceso de nominación y elección. Las pruebas a superar eran toxicológicas, psicométricas y de conocimiento jurídico.
El 14 de noviembre de 2022, un total de 173 postulantes realizaron el examen de conocimiento jurídico, para el cual se requería una puntuación mínima del 75% y que, en caso de ser aprobado, permitía avanzar hacia la fase de investigación socioeconómica. Sin embargo, el 18 de noviembre, la Junta Nominadora confirmó que 57 se habían aplazado y 10 no habían superado las pruebas psicométricas.
Tras ello, diversos episodios polémicos se generaron durante los últimos días, como el asalto al vehículo de la secretaria de la Junta Nominadora, la presentación de recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional y, más recientemente, la sugerencia de interpretar la ley que efectuó la UNH al Congreso de la República.
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A criterio de la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, y una de las personas que dictaminaron la Ley de la Junta Nominadora, la intención de la UNH es provocar una intervención de la Constitución de la República que, en caso de concretarse, atropellaría la independencia institucional de la junta de nominadores.
“Yo me pregunto cuál es el propósito de todo esto. A mí me parece que eso es parte de un acuerdo, es extraño que la UNH presente eso al Congreso sin haberlo hablado antes con un diputado o una diputada. El Congreso emitió la ley y le dio a la Junta Nominadora las facultades correspondientes y, conforme a ello, la Junta decidió su criterio de evaluación”, dijo a Criterio.hn la diputada Espinoza, vocera de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Congreso.
UNH PRESENTA SUS ARGUMENTOS
Además de la nota que envió la UNH al Congreso de la República, también se filtró el borrador de un proyecto de decreto supuestamente redactado por la organización gremial, aunque el secretario de la UNH, Rodil Rivera Rodil, se comunicó con Criterio.hn y aseguró que desconocía el origen del segundo documento, aunque sí confirmó la intención de esa organización por instar al Legislativo a interpretar la ley.
“Para mí, el articulo 19 está mal interpretado, no digo que, con mala intención, pero sí ante la presión a la que se vio la Junta Nominadora por tener encima los ojos de la ciudadanía. Al contrario, que se haga a estas alturas del proceso no va a cambiar nada, solamente permitirá que una parte de los que sacaron menos de 75% pasen a la siguiente fase con la nota que obtuvieron, eso no afecta el proceso y tampoco lo detiene”, mencionó a este medio digital.
La matriz de evaluación que se aplica a las y los postulantes contempla tres criterios: idoneidad y capacidad técnica (55%), ética profesional (20%) e integridad personal (25%). El examen de conocimientos jurídicos, según la matriz, se promedia y aporta un 20% a los 55% contemplados en idoneidad y capacidad técnica; el resto se complementará con entrevistas.
Sin embargo, quienes no sacan un 75% en el examen de conocimientos jurídicos, quedan sin ninguna chance de ser evaluados en entrevistas (35%) y, además de ello, en los criterios que evalúan integridad personal y ética profesional, que aportarían otros 45%.
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“La Junta Nominadora elaboró una lista de 40 materias, cuando no se les está dando un título académico. Hay abogados con edad avanzada que no se saben de memoria todo lo que cursaron, por lo que se excluye a los postulantes. El 75% obviamente sobrepasa lo que dice la matriz de evaluación técnica, lo sobrepasaron en ese reglamento. Lo correcto hubiese sido que la persona hiciera las demás pruebas, independientemente de su examen de conocimientos jurídicos, porque en las demás pruebas puede tener una mejor calificación y calificar para ser magistrados”, explicó Rodil Rivera Rodil, quien insistió en que alguien que tiene idoneidad y capacidad técnica, pero no es ético, nunca será mejor candidato que una persona que goza de integridad y ética.
La polémica, sin embargo, se genera porque la UNH solicita que el puntaje de aprobación pase del 75% al 60%.
Cuando Criterio.hn le consultó al secretario de la UNH si la solicitud se realizó porque el presidente de dicha organización, Mario Boquín, es uno de los reprobados en el examen de conocimiento jurídico, declaró que previamente se le había advertido a la Junta Nominadora que los criterios asumidos en la evaluación de conocimientos jurídicos, vía escrita, ocasionaría problemas.
¿AMENAZAS AL PROCESO?
Contra el proceso de nominación y elección de las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, el postulante reprobado, Luis Miguel Lara Hernández, abogado vinculado a Inversiones Los Pinares y que sospechosamente obtuvo su exequátur dos meses antes del inicio de postulaciones, presentó un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional.
Al respecto, la diputada Maribel Espinoza exhortó a la Sala a actuar apegada a la Constitución y evitar una interferencia de la actual Corte Suprema de Justicia sobre el proceso de selección de sus relevos. “Yo espero que la Sala rechace esas pretensiones infundadas”, manifestó Espinoza.
Tres magistrados de la Sala de lo Constitucional, Jorge Abilio Serrano Villanueva, Jorge Alberto Zelaya Zaldaña y Edwin Francisco Ortez Cruz, buscan su reelección en el presente proceso de nominación y elección de magistradas y magistrados del Supremo hondureño.
A más tardar el 23 de enero de 2023, la Junta Nominadora remitirá al Congreso de la República una nómina con al menos 45 candidatas y candidatos, entre los cuales habrá 23 mujeres y 22 hombres. La elección de las 15 magistraturas se realizará dos días después, el 25 de enero, con la votación de las diputadas y los diputados de las seis bancadas representadas en el Legislativo.
La Corte tendrá un presidente o presidenta, cinco magistrados en la Sala de lo Constitucional, tres en la Sala de lo Penal e igual número en los tribunales Civil y Laboral/Contencioso Administrativo. Sus funciones se ejercerán durante siete años.
