Por: Reina Rivera Joya CRITERIO
redaccion@criterio.hn
La propuesta de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), de no proponer la CICIH, debilita al movimiento de las antorchas y tiene un efecto de preservar el estatus quo. Ellos dicen que su idea de traer fiscales internacionales (por cierto ya USA lo ha traído en sus condicionantes y la OEA también, dentro del acuerdo de Cartagena y no ha servido de nada) porque dicen no quieren debilitar la institucionalidad pública y por ende hablan de traer a fiscales internacionales al servicio de la actual institucionalidad degradada.
Hablan de reformar marcos legales a mediano plazo y de crear una Comisión Ciudadana Anticorrupción y de vigilar los casos propuestos por la Comisión Multipartidaria. De ahí analizo lo siguiente:
1) Una CICIH es un órgano de Naciones Unidas y el marco legal le puede dar autonomía, obviamente con vasos comunicantes con los órganos nacionales, pero se debe recuperar credibilidad y meter presión en que la investigación sea autónoma, ese es el talón de Aquiles de nuestra justicia.
En el modelo Guatemalteco, los casos investigados por la CICIG se pasan al Ministerio Público para que los presente el órgano judicial. Sé que a los operadores de justicia, este tema les da ronchas y alegan, al igual que la propuesta de APJ, el tema de no debilitar la institucionalidad. Pero ¿de qué hablan si la gente está en las calles porque no hay institucionalidad, todo está corrupto y politizado?, urgen investigaciones independientes y si les preocupa la soberanía, bueno pues qué más que el marco legal vigente de las Zedes, que crea a jueces, fiscales y otras autoridades privadas con soberanía, y soberanía paralela en los territorios ciudades modelos y ninguna asociación pro justicia ha protestado o interpuesto un recurso por el debilitamiento de la soberanía nacional. Investigación autónoma y presión ciudadana es lo único que puede activar al corrupto sistema de justicia nacional
2) Los últimos marcos legales aprobados por JOH (presidente hondureño Juan Orlando Hernández), son un obstáculo que debe ser removido ya. El acceso a información reservada de manera discrecional, la ley que crea las alianzas público privadas y que reserva también la información, la reforma de noviembre a la ley del Ministerio Público y su manto de opacidad y centralismo de las decisiones e información en la figura del fiscal general, los jueces de jurisdicción nacional, aplicando justicia desde batallones, el poder de la policía militar, la figura del juicio político con tantos candados, todos ellos, son un verdadero obstáculo para la justicia. Estas reformas son urgentes y deben ser el primer camino de actuación desde las propuestas de los indignados.
3) El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), se debilita aún más con la propuesta de APJ. Urge un CNA con poder y con una integración más democrática y capaz de rendir cuentas. Esta es la reforma que urge, no crear más comisiones paralelas e igual sin poder.
4) Montarse sobre el carrito del informe de la comisión multipartidaria es seguir la agenda distractora del presidente JOH, donde se quiebra a todos los adversarios frente a las futuras elecciones: Mel, Ricardo y Romeo. Sin defender la corrupción de nadie, seguir ese juego es avivar más la polarización post golpe y apoyar el intento continuista de JOH. Se debe hacer una selección de casos emblemáticos donde hayan criterios como: impacto nacional, nivel de afectación, tipo y tamaño de la estructura criminal vinculada y creada para delinquir, eso iría contra la corrupción de raíz y no a tirarnos el cuento de quién es más corrupto que el otro y esa es la campaña actual del gobierno, pero que no desmonta las estructuras criminales entronizadas en el Estado y en el sector privado, que eternamente han saqueado a los gobiernos y que hoy se agravó al llevar el modelo del crimen organizado y del lavado de activos al Seguro Social y al precario sistema de salud nacional.
