Congreso Nacional recibe anteproyecto de ley para la creación del la nueva entidad que implicaría la disolución del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Por: Katerin Galo
Fotos: Horacio Lorca y Jorge Burgos
Tegucigalpa. –En medio de una crisis en el Ministerio Público, debido a un paro de labores y que involucra al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, entregó al Congreso Nacional un anteproyecto de ley para la creación del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
La iniciativa de ley fue entregada la mañana del jueves al vicepresidente del Poder Legislativo y diputado del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) Rasel Tomé, quien prometió llevarlo ante el pleno para ser turnado a la comisión de dictamen y finalmente ser sometido a discusión y su posible aprobación.
El vicepresidente de ese poder del Estado planteó que uno de los temas sensibles que busca este anteproyecto de ley es fortalecer el trabajo de investigación. La iniciativa toma a consideración las diferentes experiencias de varios países de la región centroamericana.
Según Tomé, con este proyecto se pretende que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses sea descentralizado y que cuente con los recursos que eran asignados al Ministerio Público, más los que asigne el Congreso Nacional y donaciones.
De igual manera, el instituto tendrá personería jurídica, patrimonio, independencia funcional y financiera, independencia administrativa y potestades publicas otorgadas por el Estado para realizar las investigaciones.
NUEVA INSTITUCIÓN ESTARÁ SUJETA AL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL
El vicepresidente del Legislativo, explicó además que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estaría conformado por un director, subdirector y un Consejo Directivo que se encargará de un concurso público para elegir al director, al igual que el subdirector.
Asimismo, explicó que el Consejo Directivo estaría conformado por los titulares de las Secretarías de Seguridad y Derechos Humanos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Fiscal General de la República, la directora de la Defensa Pública, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y los presidentes del Colegio de Médico y del Colegio de Abogados.
Entre tanto, la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, detalló que las prioridades del anteproyecto son la generación de pruebas que sean infalibles y objetivas para que el pueblo no esté sediento de justicia.
Durante una conferencia de prensa, en el Congreso Nacional, Villanueva lamentó que el Ministerio Público haya dejado como «patio trasero» al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses, cuando debería ser la «columna vertebral» del ente acusador del Estado.
La funcionaria especificó que las personas que trabajarían en este instituto serían nuevas y deberán contar con ciertas capacidades, pero aseguró que se respetarán los derechos laborales de los colaboradores forenses actuales.
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CREACIÓN DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES PROVOCA SOSPECHAS
Para el jefe de la Unidad Fiscal Especializado en Redes de Corrupción (Uferco) Luis Javier Santos el anuncio de este proyecto crea sospechas por la crisis que vive el Ministerio Público y el Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
En una entrevista con Criterio.hn, Santos cuestionó al Congreso Nacional por no prestarle la atención debido a la crisis y solventar la misma. También dijo que el fiscal general, Óscar Chinchilla, se ha desaparecido y ha dado la cara, “entonces pareciera que esto es parte de algún pacto para que la situación se agrave mucho más”.
Desde su perspectiva, la creación del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, es debilitar el Ministerio Público.
“Para mi hay algo detrás para poder estructurar la Fiscalía, no sabemos si es para bien o para mal, pero como en nuestro país cuando los políticos intervienen, rara vez se ha visto que sea para bien, más en instituciones tan sensibles como el Ministerio Público”, declaró.
El 19 de febrero, tras la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia los representantes de los partidos Libre, Liberal y Nacional, firmaron un acuerdo público, en el que sin ninguna reserva, además de repartirse las magistraturas en ell Poder Judicial, acordaron hacer reformas a la Ley del Ministerio Público y distribuirse nuevamente el poder de manera proporcional al caudal electoral, al igual que en las demás instituciones en las que se requiere de elección de segundo grado.
Santos considera que al separar Medicina Forense del ente acusador del Estado le están quitando una de las herramientas esenciales al Ministerio Público, pues es allí donde se realizan los dictámenes y evaluaciones que van a soportar los casos.
Por su parte, el abogado y analista político Raúl Pineda Alvarado es del criterio que, en teoría, el proyecto de ley es bueno porque siempre fue una necesidad crear una institución que tenga que ver con lo ejecución y formulación de prueba en materia procesal penal. Sin embargo, considera que no es el momento indicado para su creación.
Desde el punto de vista teórico es muy buena idea porque no es correcto que la prueba la ejecute una institución que forma parte del juicio, pues se pierde la objetividad y la imparcialidad que debería tener toda prueba ejecutada en tiempo y forma, pero ahorita no surge con la idea de mejorar la institucionalidad, sino de quebrantar un movimiento laboral en el Ministerio Público, dijo el analista.
Sobre la integración de funcionarios del Poder Ejecutivo y los titulares del Poder Judicial y el mismo Ministerio Público, dijo que “esa estructura no ha funcionado en ninguna institución”.
“Creo que el Congreso Nacional debería omitir este órgano (Consejo Directivo), que la experiencia nos dice que no ha funcionado nunca como no funcionó el Consejo Ciudadano, y el mismo Consejo Nacional de Defensa y Seguridad”, aseveró.
Entre tanto, el abogado especialista en derecho constitucional, Joaquín Mejía Rivera considera que la propuesta de separar Medicina Forense del Ministerio Público para crear el Instituto de Medicina Forense no es una idea descabellada.
Mencionó el caso de Argentina donde existen dos tipos de medicina forense, ya que existen los llamados médicos de policía, dependientes de la Policía Federal y los médicos de tribunales, adscritos a los Tribunales del Poder Judicial.
Por otra parte, enfatizó en el caso de Portugal donde el Instituto de Ciencias Forenses goza de absoluta autonomía. En ese sentido dijo que la propuesta presentada al Congreso Nacional se asemeja, en algunos aspectos, puesto que el modelo portugués está dirigido por un Consejo Directivo.
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CRISIS EN EL MINISTERIO PÚBLICO
Por más de un mes los fiscales, empleados del Ministerio Publico y de Medicina Forense se han mantenido en manifestaciones solicitando dos ajustes salariales que, de acuerdo, a la Ley Orgánica del Ministerio Público se debe registrar una vez al año, uno por costo de la vida y otro por aumento salarial.
Dichas protestas las han encabezado la Asociación de Fiscales de Honduras (AFH) y la Asociación de Servidores y Empleados del Ministerio Público de Honduras (ASEMPH) y a ellas se han sumado fiscales y demás personal del ente acusador del Estado en todas las oficinas del país.
De momento, los cuerpos de los hondureños que pierden la vida de manera violenta están siendo levantados por sus familiares en ausencia de los forenses del Ministerio Público, lo que para muchos podría ser una crisis provocada para realizar reformas a la ley orgánica del ente acusar, incluso con trasfondos poco transparentes.
Estas apreciaciones podrían tener sentido con base al pacto firmado en febrero pasado por el tripartidismo [ partidos Libre, Nacional y Liberal] y con la entrega, hoy, del anteproyecto de ley para la creación del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
