Las organizaciones que acrediten experiencia en asuntos de justicia y derechos humanos tienen cinco días para inscribirse de cara a la asamblea general que se celebrará el 17 de agosto. Dos representantes de sociedad civil serán seleccionadas o seleccionados para integrar la Junta Nominadora
Por: Luis Escalante
Tegucigalpa.– La Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC) y la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) convocaron este jueves a todas las organizaciones de sociedad civil que deseen participar en el proceso de proposición de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y prometieron, públicamente, que el procedimiento será transparente.
Las organizaciones interesadas, según ley, deberán acreditar experiencia en asuntos de justicia y derechos humanos.
A todas las agrupaciones de sociedad civil, indicaron fuentes oficiales, se les otorgó cinco días a partir de la fecha para presentar su inscripción a través de un formulario web, que consta de dos secciones: datos generales de la organización y datos personales de las personas designadas como aspirantes a representantes en la Junta Nominadora.
En una asamblea general, que se desarrollará el 17 de agosto y que contará con la veeduría de medios de comunicación, la STLCC y la SGJD elegirán a los dos representantes finales –uno propietario y uno suplente– ante la Junta Nominadora de proposición de candidatos, que, a más tardar el 23 de enero de 2023, entregará al Congreso Nacional un listado con las mejores 23 candidatas y los mejores 22 candidatos a ocupar las más altas magistraturas de la Corte, cuya selección derivará de la aplicación de una rigurosa matriz de evaluación que analizará criterios de integridad, ética e idoneidad.
El Legislativo elegirá, el 25 de enero, a las y a los mejores 15 postulantes.
Las organizaciones de sociedad civil interesadas en participar en la asamblea general y aspirar a integrar la Junta Nominadora, deberán cumplir con los requisitos que establece el artículo 8 de la Ley de organización y funcionamiento de la Junta Nominadora. La acreditación de cumplimiento con los requisitos, informaron portavoces de la STLCC este jueves, se realizará a través de declaraciones juradas y constancias.
Posteriormente, la STLCC remitirá los listados de las agrupaciones interesadas a la SGJD, a la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, a la Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción, a la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia, a la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal, todas adscritas al Ministerio Público, y a la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.
Estas dependencias del Estado investigarán y determinarán si las organizaciones de sociedad civil interesadas están activas o relacionadas con actos de corrupción. Después de ello, una vez que la STLCC reciba de vuelta los informes y determine a las organizaciones idóneas, se procederá a la celebración de la asamblea general en el Palacio de los Deportes de Ciudad Universitaria, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
PODER EJECUTIVO PROMETE UN PROCESO TRANSPARENTE
Con la intención de evitar situaciones similares a las ocurridas en el último proceso, en el que organizaciones de sociedad civil aseguraron que existió una aplanadora por parte de la Confraternidad Evangélica, ello con el propósito de imponer a su representante ante la Junta Nominadora, las secretarías de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y de Gobernación, Justicia y Descentralización prometieron este miércoles que el proceso será «transparente».
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«Nos vamos a garantizar de que no haya malos manejos, ni malas intromisiones o intereses particulares que vengan a incidir en los representantes de sociedad civil durante el proceso de selección y proposición de los mejores hombres y las mejores mujeres que integrarán la cúspide del Poder Judicial», expresó a medios de comunicación el ministro de Gobernación, Justicia y Descentralización, Tomás Vaquero.
Por su lado, el exfiscal general de la República y actual ministro de Transparencia, Edmundo Orellana Mercado, insistió en que la idea es «permitir la participación de los medios de comunicación, ello con el propósito de que exista una veeduría sostenida de todo el evento».
De cara a la asamblea general, distintos representantes de sociedad civil indicaron a Criterio.hn que, aunque existió poca socialización previa al dictamen de la ley que regirá la proposición y elección de los candidatos a magistrados de la Corte, esperan que el resto del proceso no sea «selectivo y excluyente». A diferencia de procedimientos previos, a las organizaciones interesadas no se les exigirá un registro en la Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles, una medida que el oficialismo ha catalogado de «incluyente» y la oposición de «opaca».
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ACREDITACIÓN
La acreditación de los dos representantes de sociedad civil ante la Junta Nominadora, que serán juramentados por la STLCC y la SGJD, se deberá realizar a más tardar el 31 de agosto. Hasta el momento, solo una de las siete organizaciones representadas en la junta de proponentes, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), ha acreditado a sus dos representantes. Se trata de Rolando Milla y de Blanca Izaguirre, cuyo nombramiento, determinó una comisión legislativa el pasado 27 de julio, se realizó de forma irregular.
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La Junta Nominadora, que además la conforman la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el Claustro de profesores de Derecho de la UNAH y las centrales obreras, se instalará en la primera quincena de septiembre.
A partir de ese momento, los nominadores recibirán las hojas de vida de cientos de postulantes y, a través de la matriz de evaluación, definirán a las mejores 23 candidatas y a los mejores 45 candidatos. El listado será enviado al Congreso antes del 23 de enero de 2023. Allí, los 128 diputados elegirán dos días después, el 25 de enero, a los 15 magistrados de la Corte, quienes desarrollarán sus funciones entre 2023 y 2030. La elección deberá pasar por, al menos, la aprobación de 86 legisladores de los seis partidos políticos representados en ese poder del Estado.
