Por: Redacción CRITERIO.HN
Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) sigue envolviendo en irregularidades el proceso de instalación de los hospitales móviles.
Tegucigalpa. –La entidad estatal dirigida por una Junta Interventora que el gobierno nombró recientemente, restringió a la prensa el acceso a realizar trabajos de cobertura periodística del proceso de montaje de una de las dos unidades hospitalarias que Invest-H compró como parte de una adquisición de siete hospitales móviles.
El lunes cuando las autoridades notificaron el traslado de los primeros 10 módulos hospitalarios desde Puerto Cortés hasta un plantel habilitado en la ciudad de San Pedro Sula, mediante un comunicado Invest-H prohibió a los medios de comunicación dar seguimiento “in situ” al proceso de ensamblaje de esa unidad hospitalaria.
“Por temas relacionados con la seguridad laboral y la integridad física, no se permitirá la entrada al plantel destinando para el hospital de aislamiento móvil de San Pedro Sula, a periodistas, fotógrafos ni camarógrafos”, indicó Invest-H prohibiendo incluso a los periodistas la realización de tomas aéreas.
Luego de la dudosa ordenanza de Invest-H, el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), en su cuenta de Twitter calificó la decisión de la Junta Interventora como “arbitraria”.
“El CPH rechaza y denuncia la arbitraria disposición de la Junta Interventora de Invest-H de prohibir acceso a periodistas y medios de comunicación al sitio de instalación de hospitales móviles”, sentenció el organismo colegiado advirtiendo que “no vamos acatar ninguna medida que limite la libertad de expresión y de prensa”.
El CPH rechaza y denuncia la arbitraria disposición de la Junta Interventora de Invest-H de prohibir acceso a periodistas y medios de comunicación al sitio de instalación de hospitales móviles. No vamos acatar ninguna medida que limite la libertad de expresión y de prensa. pic.twitter.com/Mk5jPiMikQ
— CPH Honduras (@ColegioPeriodi1) July 28, 2020
Entre tanto, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) se sumó también al rechazo contra la disposición que impide el libre ejercicio periodístico en el caso de los hospitales. Por lo que su jefe de investigación, Odir Fernández se refirió a los argumentos de Invest-H considerándolos como explicaciones injustificadas.
“Nada justifica la falta de acceso a la información pública y más cuando el objetivo es convertirse en un auditor social. Los medios de comunicación deben estar presentes durante la instalación de los triajes móviles, para que constaten uno de los mayores fraudes del 2020”, escribió el investigador del CNA.
En su reciente informe, el CNA denunció que el costo real de los siete hospitales móviles adquiridos por Invest-H, fue de 14 millones de dólares y no 47 millones como en su momento aseguraron las autoridades gubernamentales.
En marzo pasado, el entonces director de Invest-H, Marco Bográn, le compró a compañía Elmed Medical Systems Inc. siete hospitales móviles valorados en 47.5 millones de dólares, (1,168 millones y medio de lempiras), los que supuestamente fueron sobrevalorados en sus precios y contratados con una empresa de maletín radicada en los Estados Unidos y representada por el ciudadano americano de origen guatemalteco, Axel López.
La trama corrupta fue descubierta en Honduras luego que la compañía turca, SDI Global LLC acusara a López de falsificar una cotización que originalmente emitieron ellos y que López utilizó en el millonario negocio con el gobierno de Honduras, aparentemente en contubernio con funcionarios hondureños.
Ante la polémica en Invest-H, el gobierno hondureño sustituyó a Bográn, nombrando a en su lugar a la exsubsecretaria de Finanzas, Evelyn Bautista, quien después de 13 días terminó renunciando al cargo.
De modo, que el pasado viernes 24 de julio, el gobierno designó una Junta Interventora en Invest-H, encabezada por el general de brigada, José Ernesto Leva Bulnes e integrada además por José Gustavo Boquín Suárez y José Alberto Benítez Portillo, quienes estarán a cargo del control de la institución por 180 días; en cuyo periodo tienen la obligación de cumplir con proyectos, procesos, contratos y programas asignados en esa entidad. El gobierno determinó que el tiempo de la intervención podría extenderse hasta lograr los objetivos.
La Ley General de la Administración Pública, concibe la figura de la intervención concediendo al poder Ejecutivo la intervención total o parcial de las entidades de la administración pública cuando estas operen con pérdidas o no cumplan adecuadamente con su función.
Sin embargo, la abogada especialista en derecho constitucional, Ana Pineda, previó al nombramiento de la comisión en Invest-H y consideró impropio nombrar una Junta Interventora advirtiendo que “nombrar una comisión de intervención puede generar más dudas para las instituciones públicas que las que ya tienen”.
