Justicia hondureña dictó prisión preventiva contra dos hombres acusados de desplazar a cooperativas campesinas, aunque desestimó la acusación por asociación ilícita
Con estos nuevos casos ya suman cinco personas procesadas por los ataques ocurridos entre diciembre de 2024 y febrero de 2025 contra las cooperativas campesinas Camarones, Tranvío y El Chile
A Chinchilla también se le acusa por lesiones graves y privación ilegal. Los hechos por los que son señalados iniciaron en la víspera de Noche Buena, 24 de diciembre de 2024 y se extendieron hasta febrero de 2025. La audiencia inicial fue realizada el pasado lunes 1 y martes 2 de septiembre en el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, Cortés.
Las organizaciones campesinas aglutinadas en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) señalaron el 27 de diciembre de 2024, durante una conferencia de prensa que el ataque provendría de los grupos armados denominados “Los Cachos” y “Los Canechos”, por lo que interpusieron una denuncia ante la Unidad de Muertes Violenta del Bajo Aguán (Umviba).
En el requerimiento fiscal inicial contra ambos señalados, la acusación incluyó el delito de asociación para delinquir. No obstante, el juez dictó sobreseimiento provisional por este ilícito, argumentando que no se trata de un grupo delictivo altamente estructurado.
Sin embargo, desde la Plataforma Agraria se rechazó esta decisión al considerar que tergiversa los hechos al presentarlos como un conflicto comunitario, cuando se trataría de una banda criminal organizada con logística y armamento sofisticado, con capacidad de atacar simultáneamente a varias cooperativas y de hacer retroceder incluso a la Policía Nacional, pese a su despliegue masivo y a vehículos especializados.
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Para el abogado Pedro Mejía de la Plataforma Agraria, esto constituye una “afectación al derecho a la verdad”. Agregando que, si el Poder Judicial no reconoce que las agresiones provienen de bandas criminales y no de comunidades, se dificultará la reparación de las violaciones a derechos humanos y la prevención de nuevos ataques.
En febrero de 2025, organizaciones campesinas exigieron desmantelar el crimen organizado y garantizar el retorno de las familias desplazadas. Además, recordaron que sigue pendiente la instalación de la Comisión de la Verdad en el Bajo Aguán y el cumplimiento de los acuerdos contenidos en el convenio agrario firmado en febrero de 2022 entre la presidenta Xiomara Castro y las organizaciones campesinas.
Con estos dos nuevos casos, ya suman cinco personas con autos de formal procesamiento que estarían vinculadas a las acciones violentas que llevaron al desplazamiento forzado de de familias campesinas, indicó el abogado Mejía, quien agregó que el requerimiento inicial presentado incluye a quince supuestos integrantes de “Los Cachos”.
En noviembre de 2024, previo a los ataques, la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Andrea Pochak advirtió sobre la necesidad de acortar las distancias institucionales en el Bajo Aguán con respecto a la capital política de Honduras, Tegucigalpa.
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La Plataforma Agraria reportó en julio de 2025, que en lo que va del año se ha reportado el asesinato de al menos 14 campesinos, señalando que la impunidad que impera en los crímenes en años anteriores es un factor importante en la continua prevalencia de violencia en el Bajo Aguán.
