Tegucigalpa, Honduras. – La noche del 11 de febrero de 2025, Óscar Gerardo Montoya Montoya, quien aspiraba a la alcaldía del municipio de Esparta, en el departamento de Atlántida, por el movimiento Rescate y Transformación del Partido Nacional, fue asesinado. Su muerte lo convierte en el primer precandidato a un cargo de elección popular ultimado en el contexto de este año electoral.
Diversos reportes noticiosos señalaron que Montoya Montoya se desempeñaba en el rubro del transporte, aunque sin precisar en qué modalidad. Sin embargo, Criterio.hn contactó a dirigentes del sector, como Wilmer Cálix y Gerardo Aguilar del transporte urbano, así como a Juan Fiallos, representante del transporte de carga pesada, quienes indicaron que no han recibido reportes sobre el asesinato de algún miembro de sus gremios. Ante la falta de registros en sus estructuras, coincidieron en que Montoya podría haber trabajado de manera independiente.
Según el departamento de prensa de la Secretaría de Seguridad, Montoya se desplazaba en motocicleta por una zona conocida como Lean, en el municipio de Arizona, Atlántida, cuando fue interceptado por individuos armados que, presuntamente, lo atacaron en un intento de robo.
Aunque esta hipótesis es la principal línea de investigación, las autoridades no descartan que el crimen esté relacionado con el cargo al que postulaba. Además, de confirmarse su actividad en el sector transporte, su asesinato podría vincularse al cobro de extorsión, un delito que ha migrado y se ha intensificado en Atlántida en los últimos meses, pese a que el departamento ha sido intervenido en reiteradas ocasiones por la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), advierte que el contexto de criminalidad en el país coloca a los actores políticos en una posición de vulnerabilidad, sin que en muchos casos se determine con claridad si los crímenes tienen una motivación política o responden a otras circunstancias.
“En un ambiente de violencia y criminalidad como el que vivimos en el país, las personas, independientemente de su actividad económica, pueden involucrarse en la política, pero eso las pone en una línea de riesgo para convertirse en víctimas”, mencionó en pláticas con este medio de comunicación.
La falta de claridad sobre los móviles de los crímenes, según Ayestas, es uno de los principales problemas que enfrentan las investigaciones de estos asesinatos. En muchos casos, la ausencia de perfiles detallados de los aspirantes a cargos de elección popular impide esclarecer si los ataques están relacionados con rivalidades políticas o con su actividad económica. “En este momento, en muchos casos no se sabe si las víctimas son atacadas por su actividad política o por su actividad económica, y ahí radica el problema”, afirmó.
Ante este panorama, Ayestas indicó que es necesario que los partidos políticos adopten mecanismos más rigurosos para evaluar los antecedentes y el entorno de sus candidatos, reduciendo los riesgos asociados a su postulación.
“Los partidos políticos deben contar con un perfil detallado de cada uno de los aspirantes, para asegurarse de que no tengan ningún vínculo cuestionable y de que sean estudiados a profundidad antes de postularlos”, enfatizó.
Además, Ayestas señala que la falta de un filtro adecuado en las candidaturas no solo incrementa los riesgos de seguridad para los propios aspirantes, sino que también contribuye a la inestabilidad política y social. “Es fundamental que los candidatos no tengan problemas de relaciones interpersonales o antecedentes que los expongan a situaciones de violencia. La ausencia de estos controles deja un vacío que puede ser aprovechado por grupos criminales”, advirtió.
En un país con altos niveles de impunidad y violencia política, el asesinato de aspirantes a cargos de elección popular se ha convertido en un patrón recurrente, muchas veces sin resoluciones judiciales. Por ello, Ayestas enfatiza la urgencia de fortalecer la institucionalidad y de implementar medidas preventivas para evitar que la violencia siga permeando los procesos electorales.
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VIOLENCIA POLÍTICA
La violencia política en Honduras ha cobrado la vida de numerosos precandidatos y candidatos a cargos de elección popular en los últimos años. De acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la UNAH, desde 2009 hasta 2021 se registraron al menos 112 muertes violentas de personas vinculadas a la política. Estas cifras reflejan un patrón de agresiones contra actores políticos, especialmente en períodos electorales, donde la competencia por el poder se convierte en un factor de riesgo para quienes aspiran a cargos públicos.
Uno de los casos más recientes ocurrió el 8 de octubre de 2021, cuando Nery Fernando Reyes, precandidato a alcalde de Santa Ana de Yusguare, Choluteca, por el Partido Libertad y Refundación (Libre), fue asesinado en la ciudad de Choluteca. A pocos meses de las elecciones generales, el crimen de Reyes reflejó la vulnerabilidad de los aspirantes en un contexto electoral marcado por la inseguridad.
Meses antes, el 25 de julio de 2021, la candidata a diputada por el Partido Liberal, Carolina Echeverría Haylock, fue asesinada en su residencia en la colonia Lomas del Mayab, Tegucigalpa. Cuatro individuos vestidos con trajes de bioseguridad ingresaron bajo el pretexto de ser personal sanitario y abrieron fuego, matándola en el acto e hiriendo a su esposo, Andrés Wilfredo Urtecho Jeamborde.
Otro hecho, también en 2021, cuando Alejandro Cartagena Villeda, precandidato a la alcaldía de San Juan Guarita, Lempira, por el Partido Nacional, fue asesinado.
Estos crímenes reflejan un patrón de violencia sistemática que se intensifica en los períodos electorales, donde la competencia política se convierte en un factor de riesgo para quienes buscan ocupar cargos públicos. La impunidad que rodea estos casos no solo perpetúa un clima de inseguridad, sino que además desincentiva la participación política y debilita el sistema democrático en Honduras.
