Por. Julio César Hernández
@icefi @Julio_eltrece
Marcos, un adolescente de 15 años, me contaba como en los últimos años sus planes de vida cambiaron totalmente. Él pensaba graduarse del nivel medio e ingresar a una carrera universitaria con la esperanza de algún día tener buenos ingresos y mejorar sus condiciones de vida y las de su familia. Sin embargo, a partir de la pandemia de COVID-19, los ingresos en su hogar se vieron considerablemente mermados y su educación interrumpida. Sus prioridades cambiaron: debía apoyar económicamente en su casa a costa de sus estudios.
Más de dos años después, sigue trabajando y no ha reanudado su educación formal, y, a pesar de aportar económicamente a su hogar, los recursos aún no son suficientes y cada vez son más escasos por el aumento del precio de la comida, según comenta. Marco cree que son pocas las opciones que tiene en el país para cambiar su situación y ve con cierta esperanza migrar a otro, lo cual, a pesar de no ser la idea que más le guste, es la opción que considera le ayudará a vivir dignamente.
Lo que le sucede a Marco es una historia que repiten miles de niñas, niños y adolescentes de Centroamérica. Las crisis generadas por la pandemia de COVID-19 y, más recientemente, la guerra entre Rusia y Ucrania, han agravado las condiciones de vida de la población y disminuido el nivel de ingresos y de poder adquisitivo de los hogares, aumentando los factores que limitan su acceso a una alimentación adecuada y a una educación de calidad.
Esto lleva a la pregunta, ¿Qué han hecho los Gobiernos para proteger a la niñez y adolescencia de estas crisis? Para el caso de Guatemala, la evolución de la inversión pública en la niñez y adolescencia (IPNA) muestra que no ha existido un incremento en la prioridad que el Estado otorga a las inversiones públicas destinadas a este grupo etario. En el 2015 la IPNA representaba el 24.2% del presupuesto público y el 3.2% del PIB, para el 2021, representaba el 23.5% y el 3.3%, respectivamente, prácticamente invariable; para el 2022, el presupuesto vigente a junio muestra que esta tendencia no variará en gran medida. La IPNA en Guatemala se caracteriza por ser insuficiente: en el 2021 fue de Q9.1 diarios (USD1.2) por cada niño y adolescente, cifra que, descartando los efectos de la inflación, solamente aumentó 90 centavos en seis años, aproximadamente 15 centavos cada año.
Los programas creados para la atención de la pandemia de COVID-19 no tuvieron a la niñez y adolescencia dentro de sus principales objetivos. Como muestra la anterior gráfica, en el 2020, año en que inició la pandemia de COVID-19, la prioridad presupuestaria de la IPNA en Guatemala se redujo a 21.9%. No se implementaron acciones robustas para garantizar la cobertura y calidad educativa a distancia, especialmente para estudiantes de nivel medio del sector público.
El Gobierno actual quiere hacer ver que la entrega de alimentación escolar a estudiantes de primaria y preprimaria durante la pandemia fue un hito en la atención de esta emergencia[1], sin embargo, este es un programa que funcionaba con anterioridad y en el cual únicamente se modificó la modalidad de entrega y cuyo funcionamiento dependió en gran medida del trabajo de docentes, madres y padres.
En estos meses la mayoría de los países centroamericanos se encuentran en la elaboración, análisis y aprobación de los presupuestos públicos que regirán en el 2023, es necesario recordar la obligación que tienen los órganos legislativos de asegurar que los presupuestos, como uno de los principales instrumentos en que se reflejan las verdaderas prioridades de los Estados, destinen la mayor cantidad de recursos disponibles para el abordaje de los problemas que afectan los derechos de las niñas, niños y adolescentes, particularmente a quienes no tienen la oportunidad de acceder a niveles mínimos de alimentación, salud y educación.
Las y los legisladores centroamericanos deben procurar que no se reduzcan los presupuestos para atender dichas problemáticas, además, deben suprimir aquellos destinos de gasto que sean ineficientes e ineficaces para el bienestar de la población y los dirijan al fortalecimiento o implementación de sistemas de protección social que cuiden a las niñas, niños y adolescentes de actuales y futuras crisis económicas, políticas, ambientales, sanitarias o sociales. Toca urgentemente garantizar a cada niña, niño y adolescente centroamericano su desarrollo integral y evitando que la migración sea la única opción que tengan para asegurar su presente y su futuro.
[1] Ver Gobierno de Guatemala en: Presidente Alejandro Giammattei en su intervención en la Cumbre sobre la Transformación de la Educación 2022 en la ONU , consultado el 20 de septiembre de 2022.
