Por: Colectivo País de Indignados
El presupuesto general de la república para 2016, aprobado por el Legislativo en Diciembre pasado, además de reflejar el costo del gane electoral del Partido Nacional en 2013 ––evidenciado por la cantidad enorme de recursos destinados a pagar su deuda proselitista–– exhibe las prioridades de la agenda reeleccionaria emprendida desde el día primero de gobierno, simultáneo a la manipuladora y masiva campaña mediática a que se somete al pueblo hondureño y que busca ocultar la real situación del país.
El de este año es un presupuesto que en ningún momento responde a una estrategia de desarrollo pues la actual administración carece de ella y se limita a cumplir los dictados del FMI en cuanto a reducción del déficit, que se ha convertido en un fin en sí mismo y no en un medio para impulsar el crecimiento de la economía.
Las declaraciones de algunos funcionarios del presente régimen recuerdan las que ellos mismos decían cuando eran empleados del nacionalista Rafael L. Callejas y cuando se felicitaban por haber alcanzado sus objetivos más allá de la exigencia del FMI. Jamás les importó que el costo de la reducción de tal déficit se cargara contra el bienestar de la mayoría de la población.
El Presupuesto 2016 sigue la misma dirección. Por el lado de ingresos, el aumento de más de 8000 millones de Lempiras, esperado como recaudación tributaria, proviene principalmente de impuestos altamente regresivos, como son el aplicado sobre ventas y el de derivados del petróleo, pagados por la mayoría de la población. No se toca para nada las extensas exoneraciones fiscales, que todo mundo sabe son privilegios para grupos económicos con vinculaciones políticas. La fuerte evasión de impuestos, a su vez, empobrece más a los pobres y favorece a sectores del país con ventajosos ingresos.
Por el lado del gasto se ve obviamente como el Presupuesto 2016 sigue entrampado cada vez más en el pago creciente de la deuda pública, incrementada en forma irresponsable con los déficits fiscales de 2012 (5.9% del PIB) y 2013 (7.9%). Sólo en ese bienio el endeudamiento público creció en más de 50 000 millones de Lempiras. La acumulación de esa deuda, más la de años posteriores, hace que su monto llegue, en Diciembre 2015, a cerca de 190 000 millones de Lempiras, carga extrema para cualquier país. Así empezó el caos de Grecia…
En 2016 ya hay que pagar parte de ese compromiso (el llamado “servicio de deuda”) y que asciende a 32 000 millones de Lempiras, casi 40% de los ingresos tributarios que se esperan. Adicionalmente, si se suma la cantidad que el gobierno central eroga por sueldos y salarios encontramos que de los L. 124 000 millones del presupuesto total del gobierno central, 60% ya está comprometido, dejando muy escaso dinero para desarrollo económico y social.
A eso se añade que, de lo que resta en recursos, el presupuesto presta mayores aumentos a los ministerios de Seguridad y Defensa; al primero le incrementa 58% con respecto al año anterior, para que contrate 4000 nuevos policías, particularmente en momentos en que diversos sectores de la sociedad concuerdan que la depuración policial es fracaso. El presupuesto de Defensa, por su parte, crece en 25% para incrementos salariales a las fuerzas armadas. Tanto dinero invertido en esos rubros fuerza la necesidad de revisar los resultados de la actual política de militarización de la seguridad pública, a simple vista poco exitosa.
La experiencia internacional enseña que en países donde no existe un gobierno con la suficiente capacidad de regulación, los regulados concluyen siendo los reguladores.
Más que preocupación por la seguridad de los hondureños, esos aumentos desmedidos lo que exhiben es una clara intención de halagar y quedar bien con los cuerpos represivos del Estado para que violenten en el futuro cualquier manifestación pública en contra de la reelección o del debate sobre temas históricos que ––como la Constituyente, la modificación del sistema político y la reversión del neoliberalismo operativo–– son esenciales para la democracia.
Mientras esto acontece los aumentos a Salud y Educación se limitan a 11% y 9% respectivamente, mostrando claramente donde residen las prioridades del gobierno en materia social. Los que sí reciben fuertes aumentos son los gastos destinados a los instrumentos de campaña electoral de JOH, como son los casos del Bono Diez Mil, pisos de cemento, techos, crédito solidario, ecofogones, bolsas familiares y otros que tienen cual objetivo comprar conciencias para el siguiente sufragio.
Nadie se opone a los programas destinados a los más pobres sino que es ofensivo que en vez de considerárseles como un derecho de la gente más desposeída para que los atienda el gobierno, se les vea como regalo del presidente, si lo que este hace es destinar los impuestos que todos pagamos para su actividad proselitista. Cálculos fiables revelan que tales programas alcanzan una cifra alrededor de 10 000 millones de Lempiras, con que se paga adicionalmente activistas políticos.
Ese parcializado manejo de los recursos públicos se complementa con la escasa asignación que el Presupuesto 2016 dedica a inversión en infraestructura, motor tradicional de la economía.
Continuando la tendencia de años previos, la suma de montos para tal fin dentro del presupuesto apenas llega a alrededor de 7000 millones de Lempiras, equivalentes al 1.5%, cuando universalmente se considera que toda sociedad en desarrollo está obligada a invertir por lo menos de 5% a 6% en ese rubro.
Ante la crítica por tan bajos niveles de inversión, funcionarios públicos y dirigentes de la empresa
privada insisten ––como hacen desde el siglo XIX–– que pronto arriban enormes cantidades de capital internacional, que jamás se materializan. Lo que sí es cierto es que cada vez más el presente gobierno entrega a 20 o 30 años el patrimonio nacional. Las concesiones por medio de contratos oscuros entre asociaciones Público-Privadas se multiplican y puertos, carreteras, aeropuertos y ahora mismo la salud, están en poder de compañías locales y extranjeras no siempre positivas para la República. La experiencia global muestra que en países donde no existe un gobierno con suficiente capacidad de regulación tales relaciones se convierten en pesada carga para el Estado, que lastra severamente su desarrollo.
A la mala gerencia de las finanzas públicas la empeoran los altos grados de opacidad durante el manejo del recurso público. Cada vez más cantidad desde las tasas que todos pagamos se canalizan a fideicomisos discretos (semi secretos) donde los mecanismos usuales y tradicionales de auditoría y rendimiento de cuentas desaparecen. Existen hoy dos fideicomisos principales, el de la Tasa de Seguridad y el de recursos para el programa Vida Mejor, que suman ambos 6500 millones de Lempiras y que sirven como caja chica del mandatario. No obedecen a ningún sistema de programas y proyectos previamente diseñados y presupuestados sino que se asignan al libre albedrío y gasto del presidente… En una monarquía estaríamos mejor pues esas imponen como norma ética y dignidad…
Sin una visión de desarrollo, sin estrategias claras, sin planificación de corto a mediano y largo plazos, los recursos públicos se convierten en manos del Partido Nacional ––o de quien los abuse y respalde–– en instrumentos de perpetuación abusiva en el poder, sin contribuir a resolver los problemas de desigualdad, desempleo, pobreza y aletargamiento económico.
Lo que hace obvio que el sistema de gobierno en que redundamos es injusto y por ende inequitativo, y que se torna urgente no sólo reflexionar sobre ello y sus vicios, asimetrías e injusticias, sino obligarnos a enmendarlo a brevedad.
País de Indignados, Enero 20, 2016
ISMAEL MORENO, sj DARÍO EURAQUE, RODOLFO PASTOR FASQUELLE, VÍCTOR MEZA EDUARDO BÄHR, PATRICIA MURILLO, WILFREDO MÉNDEZ, HUGO NOÉ PINO, HELEN UMAÑA, EFRAÍN DÍAZ ARRIVILLAGA, MAURICIO TORRES MOLINERO, RAMÓN ENRIQUE BARRIOS y JULIO ESCOTO.
