Investigación y publicación de la revista Expediente Público
PARTE II
Honduras-La Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos -bajo la referencia CRM-182-67011, febrero 2019- pidió la información a José Luis Cayetano Calderón, Secretario General del Ministerio Público de Honduras, copia de contratos entre el gobierno hondureño y presuntos cómplices de Juan Antonio Hernández Alvarado, más conocido como Tony Hernández, quien está siendo procesado por su participación en una asociación delictuosa de tráfico de drogas y otros delitos relacionados con el uso de armas de fuego.
También, actas constitutivas de los negocios relacionados con Hernández Alvarado y sus asociados. “Rogamos tratar esta solicitud como urgente y cumplirla lo antes posible a más tardar el primero de marzo de 2019”, describe la solicitud. (Documento inglés y español).
El fiscal que lleva el caso espera poder utilizar estos materiales en el juicio, como pruebas de los delitos de armas y tráfico de drogas imputados a Hernández Alvarado, durante la sentencia, como pruebas de las características personales de Hernández Alvarado que son relevantes al castigo, y en conexión con la investigación de los cómplices conocidos y desconocidos de Hernández Alvarado, la cual se encuentra en curso, describe una misiva enviada a las autoridades hondureñas.
El arresto
En noviembre de 2018, Juan Antonio Hernández Alvarado fue arrestado en los Estados Unidos; al momento de su arresto, las autoridades estadounidenses entrevistaron a Marlon Fabrizio Pacheco Morales, quien había viajado a Houston con Hernández Alvarado; durante la entrevista Morales declaró, en parte, que había escuchado “rumores” que Hernández Alvarado era un traficante de drogas, él y Hernández Alvarado habían viajado a Houston para reunirse con Theo Franz Uclés Castillo, quien había viajado desde Honduras a Nebraska para inspeccionar un vehículo para una posible compra, detalla la solicitud de información.
Uno de los teléfonos incautados a Hernández Alvarado en conexión con su arresto contenía documentos relacionados a tratos comerciales con una sociedad mercantil Tradeco y una compañía llamada Profesionales de la Construcción. Además, cheques emitidos por una compañía llamada Latin American Armored Rentals S. A. a una compañía llamada J y V Hernández.
Después del arresto de Tony, participó voluntariamente en una entrevista llevada a cabo por las autoridades estadounidenses. A pesar de que Hernández Alvarado declaró haber viajado en ocasiones a los Estados Unidos para realizar compras, admitió, en parte, que había viajado a Houston para reunirse con Carlos González Macías después de una o más reuniones previas en México, González Macías estaba involucrado en «tratos» en México y Honduras, y Hernández Alvarado había platicado sobre presentar a González Macías, un asociado o un ministro en Honduras que pudiera facilitar un trato ya que el gobierno hondureño adeudaba dinero en conexión con un contrato relacionado a construcción de carreteras.
Expediente Público le dio seguimiento a Tradeco Infraestructura, una compañía que recientemente ganó una demanda millonaria al Estado de Honduras por 17.8 millones de dólares estadounidenses, unos 430.8 millones de lempiras, cantidad que el Estado de Honduras le debe pagar a la Sociedad Tradeco Infraestructura.
Demanda amañada
La demanda de Tradeco, fue presentada por Theo Franz Uclés Castillo, acompañante de Juan Antonio Hernández Alvarado, tras su arresto en Estados Unidos.
La orden de ingreso número 352-07 en contra del Estado hondureño por un acto de la desaparecida Secretaría de Obras Públicas y Transporte, ahora Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, Insep, fue resuelta a favor de la empresa.
El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo mandó “ajustar la petición presentada por la Sociedad Tradeco Infraestructura, liquidar la sentencia definitiva del 11 de noviembre de 2010. La resolución establece que el Estado está condenado a pagar por sobrecostos generados por equipo disponible ocioso, equipo y mano de obra inactivos, costos indirectos (gastos no recuperables por mayor permanencia en la obra), costos ocasionados por la falta de liberación de derecho de vía, intereses generados por atraso en el pago de las estimaciones, importe de la estimaciones números 25 y 26, devolución del fondo de garantía, intereses legales y comerciales que se generen durante el transcurso de la demanda, daño emergente.
La resolución señala también que “la ampliación del contrato que aumentó el valor de este en alrededor de 3.5 millones de dólares, llevaba implícito un aumento en costos indirectos del orden de 20% del valor del incremento, si se adopta el mismo porcentaje de contribución que arroja el desglose de costo indirecto presentado”. También que el demandante “subcontrató a varias empresas”.
No realizó la obra
El 20 de marzo de 2003, Soptravi y Tradeco celebraron un contrato de construcción para la ejecución del proyecto «Rehabilitación de carretera Puerto Cortés–frontera con Guatemala, sección I» por un monto original de 15.8 millones de dólares a un plazo de 18 meses. Ambas partes acordaron modificar el contrato original y subieron el monto a 19.4 millones de dólares. El cinco de septiembre de 2005 se amplió el plazo de ejecución a 28 meses con 21 días.
Los trabajos debían finalizar el 31 de octubre de 2005. En ese periodo, Ricardo Maduro. Por parte del Partido Nacional, era presidente de Honduras y al frente de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte, Soptravi, estaba Jorge Carranza Díaz.
Tradeco informó en el juicio que cuando el proyecto estaba en su fase final presentaron reclamo por el pago, de las que solo se les canceló una parte. La compañía informó a la Dirección General de Carreteras que suspendería los trabajos por falta de pago.
Soptravi guardó silencio
El 27 de septiembre de 2005, Tradeco notificó a Soptravi la rescisión del contrato con el derecho de que el Gobierno le reconociera los costos por los daños y perjuicios motivados por la causa a partir de la suspensión de los trabajos.
La Secretaría, liderada por Carranza en ese tiempo, alegó que el contratista (Tradeco) desde el inicio e injustificadamente retrasó la ejecución de la obra y en su oportunidad fue confirmado y avalado por el gerente del proyecto. «Las causas que incidieron en los retrasos del contratista fueron falta de liquidez, en los primeros 16 meses, el mayor tiempo de retraso en el pago de estimaciones fue de 18 días, en un caso de 30», explicó en el juicio Soptravi.
El Gobierno aseguró que Tradeco siempre estuvo sin fondos económicos suficientes para continuar la obra y, por si fuera poco, el supervisor de la obra afirmó: «El demandante abandonó injustificadamente el proyecto incurriendo en la causal de incumplimiento de contrato». Los supuestos incumplimientos de Tradeco no fueron suficientes para que Soptravi desvirtuara en el juicio lo que acordaron en la cláusula 19 del contrato, donde mencionaron que «el contratista podrá solicitar la rescisión o la cancelación de este contrato o suspender temporalmente los trabajos sin responsabilidad alguna de su parte si el Gobierno injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones mensuales».
Tradeco hizo lo mismo en México
En México, Grupo Tradeco también ha incumplido con innumerables contratos dentro del Gobierno de México, incluso ha dejado de pagar a un sinfín de proveedores, ocasionando en varios casos la quiebra de estos. De acuerdo con información publicada en el periódico Reforma de ese país, la empresa utiliza diversas relaciones de orden político con el fin de evadir el cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones de pago y las obras que les fueron asignadas.
Historia de corrupciones y beneficios
El artículo publicado cita: “La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por más de dos años a la “Constructora Tradeco en México” por los diversos incumplimientos en que han incurrido. Sin embargo, esto no ha impedido que dicha empresa siga tratando de licitar libremente a través de sus filiales.
En 2011, diputados federales, señalaron a varios funcionarios mexicanos implicados en la ola de corruptelas entre el gobierno federal y la empresa constructora Tradeco Infraestructura S.A.
Indicó que dichos funcionarios estaban colocados en estratégicos puestos relacionados con la adjudicación de la obra pública y con las respectivas auditorías, lo que permitió que dicha empresa acumulara contratos millonarios de las obras consideradas “emblemáticas” para el gobierno federal.
Vetado en México
En 2016, la Secretaría de Gobernación de México envió una circular pidiendo las dependencias, Procuraduría General de la República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con las empresas Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V. y Grupo Industrial IGSA, S.A. de C.V.
Corredor Turístico
La empresa Profesionales de la Construcción Prodecon, también es mencionada en la carta de asistencia en el procesamiento contra Tony, puesto que, al momento del arresto, Hernández Alvarado portaba documentos de esa compañía.
En ese caso, el gobierno de Honduras también podría enfrentar otra demanda por el Corredor Turístico que une a la carretera CA-5 norte con El Progreso, Yoro; Tela y La Ceiba, Atlántida, pero su construcción fue suspendida en 2018 debido a las protestas de las comunidades aledañas, por el impacto que tendría el pago del peaje.
Los trabajos en el Corredor Turístico están abandonados debido a los compromisos legales que debe cumplir el Gobierno con la empresa que manejaba la concesión y la definición de las obras a realizar. Las constructoras del proyecto se retiraron argumentando que el Estado ha incumplido con el contrato de Alianzas Público-Privadas (APP).
En 2013, la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada, Coalianza, adjudicó el proyecto al Consorcio Autopistas del Atlántico, de las constructoras CI Grodco de Colombia, CI Grodco de Panamá y Profesionales de la Construcción (Prodecon) de Honduras.
Las obras para ejecutarse son la ampliación y mantenimiento de 122.6 kilómetros de carretera que conectan importantes ciudades en el Litoral Atlántico de Honduras, donde se concentra gran parte de la actividad industrial, comercial y turística.
El proyecto involucra la construcción y administración por 30 años mediante la instalación de casetas de peaje en el tramo carretero, la Barca, Cortés, pasando por el Progreso, Tela, hasta la Ceiba Atlántida.
El Corredor Turístico está valorado en US$171 millones, más de 4 mil 131 millones de lempiras al tipo de cambio de moneda actual. En este proyecto, el banco estadounidense JP Morgan Chase “tiene una inversión importante, que ya está pidiéndole al Estado el pago de este, porque el mismo garantizó eso.
El contrato permitía a una concesionaria instalar peajes en el Corredor, con lo cual se financiarían las obras, pero en las protestas de finales del año pasado e inicios de este, los peajes fueron quemados y el Gobierno quedó obligado por el contrato a compensar económicamente al concesionario. Bajo ese argumento, la terminación de la concesión del denominado Corredor Turístico a la multinacional colombiana Autopistas del Atlántico S.A. (Adasa) podría costar al Estado hasta 90 millones de dólares, advierte la secretaria de Finanzas de Honduras.
Constructora de Cachiros
Por otra parte, contratos por casi 500 millones de lempiras, unos 20 millones de dólares, suscribieron las sociedades mercantiles de los hermanos Javier Eriberto y Devis Leonel Rivera Maradiaga, Los Cachiros, con varias instituciones y empresas públicas entre 2010 y 2015, según los hallazgos recabados por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).
La indagación tiene un avance importante, pero se encuentra bajo secretismo, en vista de que se trata de un caso de alto impacto que involucra a altos funcionarios del Estado que avalaron y suscribieron estos contratos.
En la desaparecida Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi) y en el Fondo Vial se suscribieron alrededor de 60 contratos de obras de construcción, conservación y mantenimiento de carreteras en diferentes regiones del país.
Los Cachiros y sus principales testaferros utilizaron para lavar millonarios fondos a través de este mecanismo de contratación con el Estado a las sociedades mercantiles Inmobiliaria Rivera Maradiaga S.A. de C.V. (Inrimar), Inversiones Acrópolis S.A. de C.V., Lutopas, Arqdico, Consultorías Mantenimientos y Servicios (Comssa) y Concretos del Norte S. de R.L.
En los expedientes investigativos consta que entre 2010-2013 a la sociedad Inrimar le adjudicaron contratos del proyecto denominado “Mantenimiento periódico y rutinario de la red vial no pavimentada”, que estaba a cargo del Fondo Vial y la Dirección General de Carreteras de Soptravi.
Entre los documentos secuestrados por la Ufecic sobresale el contrato FV-0004-2012, suscrito el 8 de febrero de 2012 con el entonces director ejecutivo del Fondo Vial, Hugo Ardón Soriano y Devis Leonel Rivera, gerente de Inmobiliaria Rivera Maradiaga, para el mantenimiento periódico y rutinario de los tramos de la red vial no pavimentada del sector 4 y 5 del departamento de Colón. El señor Hugo Ardón Soriano es hermano de Amílcar Alexander Ardón Soriano, ex alcalde de El Paraíso, Copán, localizado a 400 kilómetros de la capital de Honduras.
Ambos militantes del Partido Nacional son acusados por la Corte Federal de Manhattan por conspirar para traficar droga y usar armas de grueso calibre. Amílcar Alexander Ardón Soriano, es considerado por los Estados Unidos como el principal líder del cartel de los AA. Un documento reveló que fue uno de los narcos protegidos por Pepe Lobo y Juan Orlando Hernández Alvarado. Ahora se volvió uno de los principales testigos en el juicio contra Tony Hernández.
Bajo ese esquema, las autoridades del Fondo Vial, Soptravi y luego Insep pagaron a Inrimar contratos por el orden de 5.1 millones de dólares, desglosados de la siguiente forma: en 2010, un total de 564 mil dólares; en 2011, 2.6 millones dólares; en 2012, 261 mil dólares; en 2013, 784 mil dólares; 2014, 41 mil dólares, y en 2015, un aproximado de 900 mil dólares, este último se efectuó cuando los hermanos Javier Heriberto y Devis Leonel ya se habían entregado a la justicia estadounidense.
Incluso, Inrimar, la empresa nodriza de Los Cachiros, siguió recibiendo pagos del Gobierno aun después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designara al clan Rivera Maradiaga como narcotraficantes, hecho que ocurrió en septiembre de 2013.
Contratos en la Enee
Como parte de su red de lavado de dinero, la banda de narcotraficantes también logró agenciarse multimillonarios contratos de construcción y servicios en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) entre 2010 y 2011.
Las autoridades de la Enee concedieron los proyectos de construcción y mantenimiento de los campamentos base de los complejos hidroeléctricos de Patuca III en Olancho y del Valle del Aguán, en el departamento de Colón.
Los contratos fueron adjudicados a las sociedades Acrópolis S.A. de C.V., Comssa, Arqdico, Conor S. de R.L. y Lutopas, algunas de ellas administradas por personajes ligados a Los Cachiros, entre ellos, su apoderado legal Francisco Arturo Mejía, su esposa y un hijo; y socios de Comssa y Lutopas; Nohelia Mercedes Pacheco Murillo, accionista de Inrimar y Ardico, así como Irza Fane Pacheco Murillo y Nohelia Marina Murillo Figueroa, socias de Arqdico y Conor S. de R.L., todos ligados a Devis Leonel Rivera Maradiaga.
De esta forma, Acrópolis y Arqdico se encargaban de la construcción de las viviendas, clínicas y los edificios administrativos; Comssa manejaba el proyecto de mantenimiento y servicios generales del proyecto; Lutopa se encargó de proveer el equipamiento de todos los inmuebles, y Conor supervisaba las obras realizadas por Acrópolis.
De acuerdo con las entidades investigativas, la Enee efectuó pagos a inversiones Acrópolis por 8.4 millones de dólares. Entre tanto, a Comssa se le pagaron 5.7 millones de dólares y a Lutopas 571 mil dólares de un contrato inicial de 1.2 millones de dólares pactados para un global de 22.6 millones de dólares, que incluye los desembolsos de Soptravi.
Investigaciones efectuadas por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) establecen que el campamento base de Patuca III tuvo un costo global de 8.2 millones de dólares, pero hubo una sobrevaloración que implicó un perjuicio económico de 4.2 millones de dólares para el Estado.
Mientras tanto, el complejo habitacional del proyecto energético del Valle del Aguán tuvo un valor de 1.6 millones de dólares, de los cuales hubo una sobrevaloración de costos de obras civiles por un monto de 726 mil dólares.
Socio con el presidente
En 2010, Juan Orlando Hernández Alvarado y Tony Hernández constituyeron la sociedad mercantil Inversiones del Río; fue formada con ochocientos dólares, veinte mil Lempiras. En ese periodo Juan Orlando era presidente del Congreso Nacional en Honduras. (David Romero denunció al inicio de este año)
Juan Orlando Hernández Alvarado, poseyó el 50 por ciento de acciones y su hermano Tony, el otro 50 por ciento. En la directiva de esa empresa, Ana Rosalinda García Carías y Juan Antonio Hernández Alvarado fueron nombrados gerente general de la sociedad inscrita bajo el tomo 31 e inscripción 40 del Registro Mercantil de Gracias, Lempira. (Descargue).
En 2013, Tony fue reelecto como diputado, “por razones de índole personal, -se lee en el acta de protocolización- desea retirarse de la sociedad el socio y también Gerente General Juan Antonio Hernández Alvarado, dando en venta su parte social a su cuñada Ana Rosalinda García Carías, primera dama de la nación. (Descargue).
De acuerdo con el tomo 46, asiento 33 del Registro Mercantil de Gracias, Lempira, en 2017, ante los oficios del notario Miguel Ángel Bonilla, el presidente de la asamblea de socios, Juan Orlando Hernández Alvarado, decide revocar de su cargo como gerente general al señor Juan Antonio Hernández Alvarado y así mismo acuerdan nombrar ejecutor especial al abogado José Walter Bodden Hernández. Esa transición ocurrió al momento que Juan Orlando resultara ganador en las elecciones generales de 2017; allí comenzó su segundo mandato que concluirá el 27 de enero de 2022. (Descargue).
La sociedad Inversiones de Río, -teniendo aún a Tony como Gerente General- la sociedad compró una finca rústica de 136 manzanas denominada El Higuerito, en Olancho, localizada a cuatro horas de la capital de ese país. La propiedad inscrita con la matrícula 1649511, fue comparada a 11.6 millones de Lempiras, (474,472 USD). (Descargue).
Pese a que la empresa fue constituida con en sociedad con Juan Antonio Hernández Alvarado, las autoridades de Honduras no han asegurado la empresa que tiene como finalidad desarrollo de actividades propiedad de la industria turística hotelera, agrícolas y ganaderas. Además, construcción, compra venta de arrendamiento de inmuebles.
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), dando cumplimiento a una orden emitida en diciembre de 2018 por el Juzgado de Letras de Privación de Dominio aseguraron una propiedad del señor Juan Antonio Hernández Alvarado, consistentes en: una casa de habitación ubicada en residencial Palmeras de San Ignacio de la ciudad de Tegucigalpa, inscrita bajo matrícula 1172596; cuatro vehículos y cinco cuentas bancarias. Dicha petición se sustentó en la investigación en curso realizada por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico en virtud de la detención de los ciudadanos Magdaleno Meza Fúnez conocido también como Nery Orlando López Sanabria, Erika Julissa Bandy García, Maximiliano Echeverría García, José Santos Mejía Laínez y Daniel Alberto Ticas Santos, en fecha seis de junio de 2018, en la carretera de Vida Nueva, en Cofradía, un municipio a 28 kilómetros de San Pedro Sula, ciudad industrial de Honduras.
Al momento de la detención se les incautó la cantidad 193,220.00 dólares estadounidenses ocultos en un compartimiento dentro de un vehículo en el cual se conducían; “a estas personas les hallaron documentación en la cual se encontraron indicios de vinculación con el señor Juan Antonio Hernández Alvarado, por tal razón dicho ciudadano fue requerido como investigado y se le tomó declaración”, describe el comunicado del Ministerio Público de Honduras.
Le aseguran helipuerto
Por otra parte, al señor Nery Orlando López Sanabria, un narco vinculado con los hermanos Valle Valle y ligado a las investigaciones contra Tony Hernández, fue es acusado por los delitos de lavado de activos, tenencia ilegal de armas de fuego y explosivos. López Sanabria fingió su muerte para evitar un proceso penal en Estados Unidos. Las autoridades de Honduras le aseguraron en junio de este año, la sociedad mercantil Aviación Real del Campo, Sociedad Anónima de Capital Variable, con el nombre comercial, Aviareca, cuya finalidad es el establecimiento de helipuertos, escuelas de vuelo, aerotaxis, todo tipo de vuelos; privados, de carga, comerciales y en general alquiler de cualquier tipo de aeronave, detalla la constitución de sociedad, misma que fue realizada con mil dólares, unos 25 mil Lempiras. La empresa fue inscrita en San Pedro Sula con matrícula 86188, en sociedad con Sergio Enmanuel Dubón González y Nery Orlando López Sanabria, mediante los servicios profesionales de la notaria Inés Yadira Cubero González.
Al señor Nery Orlando López Sanabria, también le confiscaron “Inversiones Orlando” con matrícula 61483; Inversiones Nilos, Sociedad Anónima de Capital Variable (82217), con nombre comercial La Fortuna, cuya finalidad es engorde, crianza, venta y compra de ganado mayor y menor, así como a la producción comercialización, venta y compra del cultivo de café, granos básicos de consumo y cualquier actividad de lícito comercio relacionada con el giro principal del negocio. La empresa fue constituida en 2013 con los socios Nery Orlando López Sanabria y Valeriano Villanueva, también mediante los servicios profesionales de la notaria Inés Yadira Cubero González.
En el caso de Erika Yulissa Bandy García, esposa de Nery Orlando López Sanabria, le aseguraron Inversiones E. Bandy Hacienda La Fortuna, antes Energy, inscrita bajo matrícula 58142. A su vez, Tecnonet, Sociedad de Responsabilidad Limitada, con matrícula 107085, e inscrita en 2018. La sociedad fue constituida con Erika Yulissa Bandy García y sus hijos: Sergio Orlando López Bandy, Wilson Orlando López Bandy y León Farid López Bandy. En la escritura incluyen el acta falsa de defunción de Nery Orlando López Sanabria. (Descargue escritura). Mientras que a José Santos Mejía Laínez le incautaron la empresa Inversiones Mejía y una propiedad en Bonito Oriental, Colón, Trujillo, adquirida en 2013 por el señor Toni Wilson Martínez Álvarez en seiscientos mil Lempiras y donada a Juan Ramón Rivera Vásquez quien la vendió a José Santos Mejía Laínez por catorce millones de Lempiras.
Individuos objeto de la investigación: descargue las escrituras públicas de empresas y propiedades
- Juan Antonio Hernández Alvarado
- Theo Franz Ucles Castillo
- Félix Francisco Pacheco Reyes
- Erika Julissa Bandy García
- Magdaleno Meza Funez
- Nery Orlando López Sanabria
- José Santos Mejía Lainez
- Devis Leonel Rivera Maradiaga
- Latin American Armored Rentals S.A.
- Profesionales de la Construcción S.A. de C.V.
- Tradeco Infraestructura (Carlos González Macias)
- Daniel Alberto Ticas Santos
- Rubén Dario Pinilla
- Fredy Hernan Roldan Jiménez
- Gester Orlando Jacinto Mirando
- Josue Constantino Zavala Lainez
- Amado Antonio Fernández Orellana
- Gerardo Tulio Martínez Pineda
- J y V Hernández S de R.L.
- Marlon Fabrizio Pacheco Morales
- Maximiliano Echeverría García
